Quizás sabiendo que el cometido se parece más a una misión casi imposible que a una simple instrucción presidencial, el propio Jefe de Estado, al inaugurar el año escolar, le recordó el caso de Michelle Bachelet a quien, apenas asumió como ministra de salud, el ex Presidente Ricardo Lagos le dio sólo 90 días para que terminara con las filas de espera en los consultorios. "Esa ministra terminó siendo Presidenta, veo que tiene muchos incentivos para hacer el trabajo", dijo el Presidente Piñera al ex candidato presidencial y ahora ministro de Educación.

Y es que la mochila escolar este año llegó pesada. El balance tras el terremoto parece desolador: 3.000 mil millones de dólares en pérdidas

-que equivalen al 10% del monto de daño total estimado por el gobierno- y más de 6.000 establecimientos con diversos grados de destrucción, desde los colegios que requieren reparaciones menores, pasando por aquéllos que están inutilizables. Todo ello sin contabilizar las pérdidas millonarias en universidades y jardines infantiles.

El catastro del Ministerio de Educación indica a la fecha que 840 mil alumnos están sin clases. De las seis regiones afectadas por el sismo, en tres -Valparaíso, Metropolitana y Araucanía- se ha logrado normalizar la situación o está en vías de pronta solución.

Por ejemplo, de los 45 establecimientos que dependen de la Municipalidad de Santiago, sólo 16 han ingresado a clases. Hay 23 colegios que requieren reparaciones con diversos grados de complejidad, mientras que seis establecimientos -el histórico Liceo Manuel Barros Borgoño, el Instituto Superior de Comercio, el Liceo Metropolitano de Adultos, el Liceo República de Brasil y las escuelas Salvador Sanfuentes y República de Brasil- tienen sus respectivos edificios totalmente inhabilitados.

La municipalidad ha buscado diversas soluciones. La modalidad más utilizada es la de que los colegios cuya infraestructura está en buenas condiciones -como la escuela República de México, donde a comienzos de esta semana el Presidente Piñera y el ministro Lavín inauguraron el año escolar- suspendan transitoriamente la jornada escolar completa y acojan a los estudiantes de los colegios más dañados. Una segunda solución consiste en ocupar otra infraestructura, como en el caso del Liceo Manuel Barros Borgoño, para cuyos alumnos se está pensando habilitar dependencias del centro de empresas y negocios Santiago Innova -cuyo consejo directivo es presidido por el alcalde de la comuna, Pablo Zalaquett- para retomar las clases el 15 de abril próximo.

De esta forma, de los 29 colegios que no han iniciado su año escolar en esta comuna, 17 lo harán a partir de mañana lunes, mientras que 12 retomarán sus actividades normales durante la primera quincena de abril.

La situación más compleja se vive en las regiones del Maule y Biobío, donde prácticamente nadie ha vuelto a clases, mientras que en la Región de O'Higgins sí lo ha hecho la mitad de los alumnos. Aquí están los problemas de mayor complejidad, porque existen muchos alumnos y profesores que atraviesan graves situaciones -el gremio estima en 500 los docentes seriamente damnificados- y los municipios, dueños de los establecimientos públicos, están enfocados a satisfacer las necesidades mínimas de la población: agua, alimentación y techo.

Las soluciones en camino van por tres vías: reducir la jornada escolar diaria para que un mismo establecimiento reciba mañana y tarde a los alumnos de dos colegios; utilizar infraestructura social como gimnasios, sedes de clubes o juntas de vecinos, colegios particulares subvencionados o preuniversitarios; en zonas rurales, juntar tres escuelas en una cuya infraestructura esté en buenas condiciones, poniendo transporte escolar a disposición de los alumnos. Si ninguna de estas modalidades es posible de implementar -en las zonas donde no hay ningún tipo de infraestructura utilizable porque todo fue destruido por el terremoto-, se construirán escuelas modulares.

La primera de estas escuelas ya se instaló en Iloca -con capacidad para recibir a 150 estudiantes de esa localidad costera de la Región del Maule- y será inaugurada mañana por el ministro Joaquín Lavín junto al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

En medio de este cuadro, un tema relevante son los recursos. Para el sistema escolar se creará un Fondo de Reparación, destinado a los establecimientos municipales, que contará con 10 mil millones de pesos que aportarán el Mineduc y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Los municipios deberán presentar proyectos con un tope de 30 millones de pesos cada uno, entre el 22 y el 26 de marzo, para hacer reparaciones en las escuelas y liceos dañados y también para el uso de infraestructura social como colegio transitorio.

Además, considerando el riesgo de deserción, especialmente en la educación superior -alertado por el Consejo de Rectores, que estima entre 23.000 y 43.000 los estudiantes damnificados en sus universidades-, se otorgarán 20.000 becas, de 30.000 pesos cada una, que ayudarán a la mantención de estudiantes cuyas familias pertenezcan a las regiones VI, VII y VIII, durante un período de seis meses. "Se priorizará según el nivel de ingreso de las familias y el daño provocado por el terremoto y el tsunami", afirmó el ministro Lavín al dar a conocer en La Moneda estas medidas que, en conjunto, el fondo y las becas, significarán una inversión de 26 millones de dólares.

Comité de emergencia Mineduc

Bajo la supervisión directa del subsecretario de Educación, Fernando Rojas, está funcionando un grupo de profesionales dedicados exclusivamente a hacer posible el cumplimiento de la tarea encomendada por el Presidente. Ubicados en el noveno piso del Mineduc, el jefe del equipo es el ingeniero civil Alejandro Boetsch. A cargo de canalizar los múltiples ofrecimientos que están llegando desde ONG, empresas privadas, instituciones como el Consejo Minero y voluntarios, está Susana Claro. Un rol central cumple el jefe territorial, Sebastián Barrientos, sobre quien recae la difícil tarea de contactarse con seis regiones, 15 direcciones provinciales de educación y más de 100 municipios. Trabajando junto a él hay seis personas que abarcan las seis regiones afectadas por el terremoto y el tsunami. Además, está Jaime Palma, funcionario del Mineduc a cargo de infraestructura y de la base de datos de los establecimientos a nivel nacional.

Varios mapas ocupan las paredes de esta oficina, mostrando la ubicación de los colegios con círculos de diversos tamaños, según la cantidad de alumnos, y con distintos colores, que indican las condiciones en que están, lo que permite tener una visión de dónde se concentran los peores casos. Talcahuano, Concepción y Cauquenes saltan a la vista.

En el piso 7 del ministerio, también se instaló un sistema de videoconferencia para mantener comunicación expedita con los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis). Ésta ha sido la principal dificultad, ya que es necesario chequear más de 6.000 establecimientos educacionales.

Esta secretaría de Estado envió instructivos a los sostenedores de todos los establecimientos y ya contrató a un equipo de certificadores para apoyar la determinación de los daños en la infraestructura. Se trata de ingenieros de la empresa Cruz & Dávila que enfocarán su trabajo en las regiones del Maule y Biobío. Por otra parte, también se han sostenido conversaciones con empresas constructoras para enviar equipos de profesionales que vayan a esas zonas durante 30 ó 40 días con el objetivo de apoyar también la evaluación de las soluciones finales.

"Respecto de las donaciones y ofrecimientos, estamos haciendo un puente de información entre quienes desean hacer aportes y los colegios, que no son del ministerio sino de los sostenedores, la mayoría del ámbito municipal. Así facilitamos la tarea para que los que tienen problemas encuentren a los que quieren ayudar y normalicen lo antes posible las clases", explicó Alejandro Boestch. //LND