La magnitud de la criminalidad en México quedó a la vista: 72 inmigrantes asesinados a sangre fría por presuntos miembros del Cártel de Los Zetas. El hecho ocurrió la semana pasada. Esta semana, Facundo Rosas, comisionado general de la Policía Federal, anunció que había dado de baja a casi 10% del contingente por incompetencia, corrupción o vínculos con el mundo delictual. En total, 3 mil 200 agentes despedidos y otros mil 020 no pasaron el control de confianza, mientras que a 465 se les iniciaron procesos penales por irregularidades. Al menos una buena noticia para las autoridades: la captura de uno de los más buscados narcotraficantes, Edgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”.

La masacre y la ineficiencia policial son dos caras de una misma moneda. De acuerdo con organizaciones humanitarias, en los últimos meses se han registrado unos 10 mil secuestros de inmigrantes centro y sudamericanos. Unos mil 600 al mes, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo autónomo del Estado. Se trata de personas que “desaparecen” a manos del crimen organizado. Según Samuel González, ex comandante de la Unidad Especializada de Combate a la Delincuencia: “La vulnerabilidad de esas víctimas viene dada por el hecho de que ni siquiera pueden acudir a las autoridades porque serían deportadas”. Agregó que los secuestradores “los colocan en una situación de trabajo forzado, de esclavitud”. Según sus cálculos, los captores obtendrían unos 25 millones de dólares por concepto de secuestros.

Amnistía Internacional, por su parte, señala que los abusos que padecen decenas de miles de centroamericanos alcanzan “niveles alarmantes”. Guillermo Valdés, jefe de Inteligencia Nacional, declaró que desde 2006 más de 28 mil personas han perdido la vida en hechos de violencia vinculados con el tráfico de drogas. Es tal la magnitud del fenómeno que el sacerdote Alejandro Solalinde denuncia que en esta crisis humanitaria “hay complicidad de autoridades, hay corrupción y hay colusión”. Solalinde asegura que en las 52 Casas del Emigrante a lo largo del país se registran casos de secuestros a diario. Pablo Martínez, portavoz de la organización no gubernamental Sin Fronteras, señala que “no hay una política de atención a las víctimas del secuestro, no hay prevención del delito, no hay absolutamente nada más que palabras por parte del Estado mexicano”.

El Presidente mexicano, Felipe Calderón, llegó al gobierno y “declaró la guerra” al narcotráfico. Ello fue en 2006 y hoy su administración exhibe las fatídicas estadísticas como prueba de su éxito. En su peculiar interpretación de los hechos, el gobierno señala que aunque la violencia es lamentable ella es resultado de la eficacia de su política de mantener una línea dura contra las bandas del narcotráfico. Los cárteles descabezados estarían enfrascados en una lucha brutal entre ellos por cada vez menos recompensa. Los inmigrantes vendrían a representar una suerte de caja chica frente al tráfico de drogas.

Sin embargo, otros argumentan que las organizaciones criminales se han vuelto tan poderosas que controlan eficazmente algunas partes del país, y la violencia es una prueba de su dominio. La policía, en todo caso, está pagando un precio considerable. Se estima que en 2009 hubo al menos 500 asesinatos de policías, sobre todo de nivel municipal. Así si los agentes en algunas ciudades circulan sin uniformes, es habitual que en las operaciones lo hagan enmascarados. Esto para escapar a las represalias. Esta realidad no cuadra con la visión optimista del gobierno de Calderón, que enfrenta una creciente crítica incluso en el seno de su propio partido. Su predecesor, Vicente Fox, postula que se debe replantear la estrategia de lucha contra el narcotráfico, priorizando aspectos sociales que permitan rescatar a los jóvenes involucrados en el tráfico de drogas, atraídos por el dinero.

Es el debate universal entre los que favorecen la represión y los que apuestan por las reformas.