Del congreso de concejales municipales, que terminó el domingo pasado, quedó en el subtexto del debate que los municipios necesitan ajustar sus prerrogativas, el funcionamiento y sus objetivos. En primer orden, se requiere dotarlos de mayores capacidades para abordar la realidad local, crecientemente compleja y exigente, en materias como residuos sólidos, medio ambiente, actividad productiva local, participación ciudadana, fomento cultural etc. El actual modelo es rígido y centralizado, con escaso margen para el crecimiento y generación de propuestas.

Mejorar el funcionamiento exige más recursos financieros y humanos, de lo contrario seguiremos siendo testigos del déficit municipal, de procesos de externalización, pérdida de competencias y progresivo debilitamiento, salvo honrosas excepciones, en la calidad de los servicios que hoy entrega o supervisa.

Desde el punto de vista financiero, lo que debe existir es un aporte fiscal permanente para aquellas funciones consideradas de la esencia de la institución, o llamadas prerrogativas principales. Ahora bien, esto supone actuar amparado bajo la responsabilidad financiera que tienen todas las instituciones del Estado, incluido los municipios. Además, debiera estar inserto en una arquitectura financiera que garantice los estándares de calidad de sus servicios. El sistema de financiamiento se sostendría sobre tres ejes: a) el Fondo Común Municipal; b) un fondo productivo local, que operaría como banco de fomento tipo Corfo, de coadministración, y c) los aportes fiscales, tanto fijos y centralizados como extraordinarios y regulares. En esta dirección se encamina la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades de ampliación de contratación de recursos humanos y política de remuneraciones, hasta ahora respaldada por la Subdere.

El ajuste a los objetivos del municipio debe pensarse desde el horizonte de la calidad de vida a nivel comunal, sustentado en un triple fortalecimiento: 1) las condiciones socioeconómicas de los habitantes; 2) la democracia local y participación y 3) el rol de los concejales. Esta adecuación de objetivos también retroalimenta al municipio, contribuyendo al traspaso gradual y sostenido desde la noción d administración local a la de gobierno local.

Estos ajustes plantean cambios significativos y necesarios e implica construir consensos sobre cada punto en una agenda comprehensiva y transparentada, precisando actores, temas y medios para su alcance.

Entonces, la modernización se agota en la consigna por cuanto el municipio requiere en este proceso mucho más que modernizarse. Mirando por encimita, se ven problemas de gestión o eficiencia dando lugar al parchismo. Pero, a mayor abundamiento y mirando con realismo, estos cambios conforman un paquete de reformas, partiendo por la Constitución y luego la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Es hora de trascender en este debate e ir más allá de si los alcaldes pueden poner funcionarios de confianza, cuántos y con qué criterios, porque ello puede pasar de ser la solución a ser gran parte del problema. //LND

*Director de ICAL