02 Diciembre 2021 18:58
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ONU: Uso de la prisión preventiva a detenidos del estallido social es “excesivo”

El documento señala que “existe disonancia e inconsistencia en las cifras oficiales entre las instituciones respecto al número de personas en prisión preventiva en el marco de procesos por tales delitos”. Agregó que la institución no logró acceder a información actualizada sobre el tema.

La ONU Derechos Humanos entregó un nuevo informe en el que califica de “excesiva” la medida cautelar de prisión preventiva que se ha decretado en contra de personas imputadas de delitos de violencia tras las protestas ocurridas luego del estallido social.

Tras cumplirse dos años del 18 de octubre de 2019, el organismo internacional actualizó el informe realizado tras el trabajo de la misión técnica que visitó Chile en noviembre de ese mismo año y realizó algunas recomendaciones al Estado chileno.

El documento señala que “existe disonancia e inconsistencia en las cifras oficiales entre las instituciones respecto al número de personas en prisión preventiva en el marco de procesos por tales delitos”. Agregó que la institución no logró acceder a información actualizada sobre el tema.

“La prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción”, expresó la ONU y afirmó que “el uso prolongado de esta medida cautelar se hace más problemático en el contexto de la pandemia de Covid-19, ya que se contrapone a las políticas de descongestión de los recintos penitenciarios promovidas por los organismos internacionales de derechos humanos”.

El informe expresa: “Es obligación del Estado de velar por las garantías de debido proceso y, en este sentido, valorar los límites objetivos al uso de la prisión preventiva... Las medidas cautelares no pueden ser más gravosas que el eventual resultado de una condena, evitando por cierto que la prisión preventiva pudiera ser aplicada como una ‘pena anticipada’, más que como una genuina medida cautelar”.

El texto también valoró la labor realizada por la Contraloría General y el Ministerio Público en relación a las investigaciones abiertas bajo este contexto, “para fortalecer su capacidad para abordar casos de derechos humanos, pero señala que los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones”.

Pero, aunque destaca el “diseño e implementación de programas de apoyo a determinados grupos de víctimas, observa limitaciones que no garantizan una reparación integral”.

También criticó una ambivalencia en el discurso público y una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado, “que puede llevar a relativizar las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas”.

Es por eso que Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, manifestó que el organismo observa en las víctimas “una sensación generalizada de desamparo”.

CRÍTICAS A LA LEY ANTIBARRICADAS


El informe de la ONU también habló de “obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición” y criticó que el derecho de reunión pacífica aún sea regulado por el Decreto Supremo 1086 de la dictadura.

Para el organismo, la propuesta de una Ley Antibarricadas están entre las ideas “problemáticas”, como también el “uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas”.

El informe además rechaza el “hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas”.

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