La dictadura brasileña (1964-1985) proveyó armamento y un crédito de US$ 40 millones para la compra de material bélico destinado a apuntalar al régimen chileno del dictador Augusto Pinochet, revelaron documentos militares de Brasil divulgados este domingo.

Los documentos confirman una página más de la Operación Cóndor, la coordinación de los sistemas represivos de América del Sur en los años 70, y el apoyo financiero y militar que Brasil le dio a Pinochet a partir de 1974, poco después del golpe del 11 de septiembre de 1973 contra el Presidente Salvador Allende.

Los papeles del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Emfa) revelados por el diario O Globo muestran un acuerdo secreto de Pinochet con los dictadores brasileños Emilio Garrastazú Médici (1969 y 1974) y Ernesto Geisel (1974-1989).

FUSILES FAL Y FAP

En uno de los documentos, Geisel, el 9 de octubre de 1974, determina el envío de material a la dictadura pinochetista "destinado al mantenimiento del orden interno", según el entonces jefe del Estado Mayor brasileño.

La preocupación brasileña con el envío de fusiles Fal y Fap fue borrar el origen de las armas para evitar rastros de cooperación entre las dictaduras. Los proveedores de los fusiles y municiones para la represión de Pinochet fueron las empresas brasileñas Engesa y Mayrink Veiga.

Ambas empresas fueron las encargadas de determinar las necesidades de armamento pedidas por el ministerio de Defensa de Chile a la dictadura brasileña.

CRÉDITO A 15 AÑOS DE US$ 40 MILLONES

Un documento revela el apoyo sin precedentes, en dinero, de Brasil a la dictadura de Pinochet.

El 16 de mayo de 1974, el ministro jefe del Estado Mayor Conjunto, Humberto de Souza Mello, le dice en un comunicado calificado como ultrasecreto enviado al ministro de Defensa chileno, Patricio Carvajal Prado, que "el presidente Geisel autorizó la apertura de un crédito a 15 años de US$ 40 millones para la adquisición de material bélico y equipamientos militares producidos en el país".

La dictadura de Pinochet quería comprar equipamiento que no estaba a la venta y Brasil estuvo dispuesto a compartirlo.

Los documentos forman parte del archivo de las fuerzas armadas que el ministro de Defensa actual, Celso Amorim, ordenó cederlos al Archivo Nacional sobre análisis.

La información será analizada por la Comisión de la Verdad instalada por la Presidenta Dilma Rousseff, presa y torturada durante la dictadura, que inició la investigación de la represión perpetrada durante el régimen de facto brasileño.