Según los informes esta práctica está extendida en 28 países de África así como en algunas comunidades de Oriente Medio, Asia y en grupos procedentes de estas comunidades que viven en Europa o América.

La ablación es anterior a la llegada del Islam y de la colonización europea en África. El libro Tortura y Malos Tratos a Mujeres, de Amnistía Internacional, indica que en Tanzania, donde más del 85% de las mujeres rurales ha sido mutiladas, se promulgó en 1998 una ley que tipificaba como delito su aplicación en mujeres menores de 18 años, aunque se adoptaron pocas medidas más para frenar la práctica. De hecho es sabido que algunas personas llevan las niñas a Kenia para realizar ahí la mutilación.

El caso de Yibuti es similar. Este país cuenta con una legislación (1994) que la condena con cinco años de cárcel, pese a lo cuál la castración femenina sigue siendo habitual, lo que ha dejado en claro que las sanciones penales no tienen mayor efecto sin un trabajo a nivel educativo.

Por ejemplo, varios grupos étnicos, como los masais y los chaggas, consideran la ablación genital femenina como un legado importante y necesario para ser aceptados tras la muerte por los espíritus de los antepasados. Activistas de DD.HH. han promovido un experimento entre los masais en el que se mantienen las ceremonias de iniciación, pero sin que se lleve a cabo la mutilación en sí.

Las campañas de persuasión han logrado reducir significativamente la practica en Guinea, donde en agosto del 2000, después de 14 años de campaña, entregaron sus cuchillos ceremoniales cientos de mujeres que se dedicaban tradicionalmente a realizar la operación.

En cuanto a los países occidentales, donde se practica en forma reciente y minoritaria, la ablación genital femenina está penalizada como ataque a la integridad física dentro del Código Penal, como es el caso de España. También es legal en EE.UU, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Europa, donde también es practicada por algunos inmigrantes africanos.