Aunque estaba planificado que ayer el pleno de la Corte Suprema comenzaría con la revisión del recurso de casación interpuesto por la defensa de la cúpula de la desaparecida DINA que desea dejar a foja cero una condena por un caso de detenido desaparecido, la discusión se entrampó en un episodio anterior, si es válido que el pleno vea este causa o bien que sea la Sala Penal de este tribunal, como es la costumbre, la que dé su veredicto sobre la aplicación de la ley de amnistía.

El día D para la polémica iniciativa creada en 1978 por la dictadura que buscaba evitar que los suyos fueran juzgados por los crímenes que cometieron inmediatamente tras el Golpe -11 de septiembre de 1973- y hasta la publicación de la ley, tuvo una vez más que postergarse.

El abogado de Miguel Angel Sandoval, el detenido desaparecido que motivó la condena contra general (r) Manuel Contreras, los brigadieres (r) Miguel Krassnoff y Fernando Lauriani; el coronel (r) Marcelo Moren Brito; y el teniente coronel (r) de Carabineros Gerardo Godoy, decidió objetar que sea el pleno quien revise esta casación y exigió que sea la sala penal.

Y pese a que se preveía que este debate no se extendiera demasiado, el tribunal decidió tomarse unos días antes de decir quién debe resolver este conflicto. En los pasillos de la Corte se habla que se habría optado por darle la razón a la defensa de los militares condenados, esto es que sea el pleno quien resuelva el tema, pero la verdad sólo se dilucidará la próxima semana.

Apenas se resuelva esta discusión, entrará en tierra derecha el debate más trascendental de derechos humanos. Si la Suprema mantiene la posición del ministro Solis de que un caso de secuestro no se aplica la amnistía, pues es un delito de carácter permanente, por lo que prescripción tampoco rige, será un golpe a la cátedra para los violadores a los derechos humanos. Si por el contrario se aplica la ley, se abre la posibilidad cierta que las otras causas terminen con un destino igual: sin justicia.

Serán los querellantes: Francisco Bravo del programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior; Nelson Caucoto por la familia de la víctima y Juan Sebastián Reyes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los abogados de los condenados: Juan Carlos Manns, defensor de Contreras; Luis Valentín Ferrada por Miguel Krassnoff; Gustavo Promis por Fernando Laureani; Francisco Pissaut por Marcelo Moren Brito y Fernando Bravo por Gerardo Godoy, quienes defenderán a los suyos en los próximos días en un debate intenso.