Aunque "la justicia resuelve caso a caso" fue la frase que se repitió con mayor frecuencia entre destacados penalistas consultados sobre la pertinencia del nuevo desafuero del general (R) Augusto Pinochet por su responsabilidad en la Operación Cóndor, su sobreseimiento del proceso por los crímenes de la Caravana de la muerte a causa de los exámenes que decretaron su demencia moderada, progresiva e incurable también saltó al tapete.

El jurista Cristián de la Barra no se imagina cómo podría variar la condición del ex jefe castrense toda vez que ya existe un pronunciamiento claro del máximo tribunal sobre la materia. "Si ya hubo un caso en el que lo sobreseyeron por demencia, aduciendo que se encontraba loco o demente, no veo como esta situación se podría modificar, ya que en la doctrina médica no existe la perdida de demencia", afirmó el abogado.

"Esto no quita -agregó- que el desafuero decretado por la Corte de Apelaciones sea absolutamente valido, ya que la situación mental es un asunto que es posterior a esta autorización a iniciar un juicio que es el desafuero. De ahí que no hay incongruencia y podría perfectamente ser ratificado el desafuero por la Corte Suprema si se estima que es la etapa preliminar a que se analiza su situación propiamente tal".

Pero para el abogado Alfredo Morgado lo importante de esta resolución son los efectos que produce, "ya que permite que en el tribunal donde está radicada la causa, se le pueda procesar, siempre que estemos ante presunciones fundadas de su responsabilidad".

"El procesamiento produce arraigo y eventualmente arresto", señaló el profesional añadiendo que, "hay que tener presente que los tribunales siempre resuelven caso a caso, por lo que si existe duda sobre las facultades mentales de Pinochet, en el caso de haber apelación será la Corte Suprema la que resuelva si procede o no tomar en cuenta este antecedente, o si es necesario hacer nuevos exámenes por si su situación ha variado", precisó.

El experto en derecho internacional Sergio Corbalán, coincidió con Morgado al indicar que "de acuerdo a nuestra legislación, los tribunales resuelven caso a caso. Esto equivale a que la situación actual del imputado no está amparada por resoluciones judiciales anteriores".

Ello, pues los antecedentes presentados por los querellantes encabezados por el abogado Eduardo Contreras, dan cuenta de que Augusto Pinochet no tiene la calidad de inimputable para la justicia por su condición mental.

En este sentido, apuntó que "es probable que para corroborar si está en condiciones de enfrentar un nuevo proceso la Corte Suprema decrete nuevos exámenes mentales, los que son meros indicios, y para nada vinculantes de lo que se pueda resolver".