La justicia de Valparaíso aprobó la suspensión condicional del procedimiento en contra de la diputada de la UDI, Claudia Nogueira, que se encontraba formalizada en el caso del mal uso de asignaciones parlamentarias, aceptando la propuesta de la legisladora de cancelar el dinero cuestionado.

El Tribunal de Garantía de Valparaíso acogió ese viernes el acuerdo al que llegó la defensa de la congresista por Recoleta con el Ministerio Público por el cual ésta deberá restituir más de $30 millones.

Al término de la audiencia, citada por radio Bío Bío, Nogueira señaló que se trata de "un acuerdo voluntario no obligatorio que instruía a mis abogados que lo hagan como una señal potente para terminar y resolver de una vez esta situación y evitar los ataques de alguna forma injustos y odiosos que se han hecho sobre mi persona".

El abogado defensor de la diputada, Mario Zumelzu, indicó por su parte que el caso se encontraba en una suerte de conflicto de intereses entre dos poderes del Estado en alusión al Poder Legislativo y el Judicial,

El primero, dijo, "iba a sostener su autonomía para fiscalizar como se manejan los fondos de los parlamentarios y por otro lado iba a estar el Poder Judicial, el Ministerio Público, queriendo de alguna marea investigar lo mismo que ya estaban haciendo de alguna manera las comisiones revisoras de cuentas".

"En este sentido, cuando ya nos estábamos acercando a que se trabara este conflicto entre poderes del Estado, fuimos instruidos por Claudia Nogueira para poner término a ese litigio", completó.

El Fiscal Regional, Jorge Abott, en tanto, consideró que la salida acordada es "una suerte de reconocimiento implícito que no es un reconocimiento legal, legalmente no es necesario reconocer". Agregó que efectivamente "si la parlamentaria, durante el período que dure la suspensión fuera formalizada nuevamente, queda sin efecto la suspensión condicional".

El Ministerio Público formalizó en abril de este año a Nogueira por cuatro delitos reiterados de fraude al fisco, señalando que ella -en previa concertación con los asesores Jaime Jullian Pope, Jenny Acevedo Sepúlveda y Fabiola Gebauer Kuschel- cobraba servicios que nunca hicieron y que tales dineros posteriormente eran depositados en su cuenta corriente personal.

Asimismo, el fiscal Abbott señaló que la imputada suscribió un contrato de arriendo para una sede distrital en Recoleta, simulando que esta oficina era para su trabajo como diputada. El arrendador era la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA), representada por Jenny Acevedo, y en ese lugar que se suponía era una sede distrital también funcionaba dicha empresa.