El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella interpuesta contra el Presidente Sebastián Piñera por negociación incompatible, fundamentada en las revelaciones de los denominados “Pandora Papers”.

El reportaje internacional reveló vínculos del Mandatario con la compra-venta de Minera Dominga a través de paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas. Además, la transacción participó su socio, Carlos Alberto Délano, recientemente involucrado en el caso Penta sobre financiamiento irregular de la política.

Producto del antecedente, la acción judicial fue ingresada por el abogado Luis Mariano Rendón, quien anteriormente encabezó causas contra el Mandatario por delitos contra la salud pública, en el marco de las polémicas fotografías donde Piñera aparece sin mascarilla.

Respecto a la actual querella, Rendón aseguró que “resulta fundamental que los hechos conocidos, y especialmente el condicionamiento de un pago a los hijos del Presidente a que este omitiese ejercer sus atribuciones respecto del resguardo del patrimonio ambiental del país, sea investigado a fondo, lo que nunca ha ocurrido”.

“Es importante también que en este nuevo proceso exista querellante, pues lamentablemente ha quedado demostrado que una investigación de oficio de Fiscalía no da las garantías necesarias. En demasiados casos el ente persecutor ha funcionado como parte de un gran esquema de impunidad para el poder político y económico de este país”, añadió.

La revelación de los vínculos con Dominga tienen al Presidente Piñera en el ojo del huracán. Especialmente tras la polémica aprobación que recibió el proyecto minero-portuario en agosto de este año por parte de la Comisión de Evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (Coeva), pese a los cuestionamientos que acusaban que la construcción podría afectar a flora y fauna del archipiélago de Humboldt, en la Región de Coquimbo.

De acuerdo a una nueva arista del caso, en el acuerdo de compra-venta suscrito por la familia Piñera-Morel aparece una polémica cláusula que indica que el pago de la tercera cuota estará condicionado a que el sector donde se va a construir Dominga no se declare zona de exclusión.

Si bien el Mandatario aseguró que la situación ya se investigó en 2017 y fue sobreseído, un artículo de La Tercera reveló que dicha pesquisa se hizo en base a un preacuerdo y no al contrato original, el cual si bien contenía la mencionada cláusula, esta era similar y no idéntica. En base a esa premisa, el Ministerio Público estaría evaluando iniciar una causa penal.