La periodista Pascale Bonnefoy es coautora de la investigación “El Circuito Burocrático de la Muerte”, junto a John Dinges y el equipo de ArchivosChile. El trabajo permitió descubrir 150 nuevas posibles víctimas de la dictadura, a través del registro de archivos del Servicio Médico Legal, el Cementerio General y la Justicia Militar.

Los casos habían quedado en secreto, en parte por el caos de los primeros días del golpe de estado y en parte por un aparataje estatal ideado para la violencia, la desaparición y la ejecución de disidentes con total impunidad.

En esta investigación, presentada el miércoles en el Museo de la Memoria, se vislumbra un nuevo episodio de la historia reciente de Chile, que se puede recorrer en Internet en el sitio de ArchivosChile.org. La periodista cuenta a Nación.cl algunos detalles del proceso.

Pascale Bonnefoy y John Dinges encabezaron la investigación.

-¿Qué tanto se deben estos errores de identificación al caos de los primeros días del golpe?

-Está esta dicotomía rara en que todo era efectivamente caótico, pero en el fondo era planificado, porque en todo lo que sucedió desde el mismo día 11 hubo planificación previa. Incluso entre la misma planta del personal de lugares como el Servicio Médico Legal, que no eran cómplices, sino gente que trabajaba ahí. Esto a diferencia de las nuevas autoridades militares que crearon toda una situación y otros mandos.

-¿Cómo fue tratar de hablar con estos funcionarios del SML y otras instituciones?

-Por ejemplo, tuve muy mala suerte con la gente del Registro Civil de la época. Las funcionarias estaban muy temerosas. Tuve la ayuda del departamento de comunicaciones actual. Ellos ubicaron a las señoras jubiladas, les consultaron por teléfono una y otra vez y la respuesta era “no”. Al final sólo pude hablar con una persona que vive en Francia, que fue uno de los enviados a registrar las huellas a la morgue.

-¿Y en otras instituciones?

-En el Cementerio (General) los funcionarios de la época se mostraron muy reacios. Se intentó conversar con funcionarios antiguos, que incluso seguían trabajando y en los 90 hablaron en televisión, en reportajes. A través de una persona del Cementerio tomé contacto con el encargado del crematorio de la época y no hubo caso. Lo perseguí un año y no quiso hablar.

-¿Temor a revivir el pasado?

-En el Registro Civil era por temor. Las señoras me decían que no querían revivir el pasado. En el cementerio era por el impacto de recordar. En algún momento hablé con un ex conductor de la morgue, para que me contara cómo era salir a recoger los cuerpos, le pregunté si me podría describir cómo era una noche y habló de manera muy general. Sin ahondar en detalles. Si era gente muy joven, de veintitantos años. Una cosa es que llegue una persona destrozada por un accidente de auto y otra cosa es que llegue gente destrozada por ráfagas de balas todos los días y de a varios. Muchos han estado en tratamientos sicológicos desde esa época.

-¿Cuáles fueron las principales trabas para la investigación?

-La periodista María José Vilches fue quien investigó las autopsias y quien gestionó la apelación a la Ley de Transparencia. En general en las instituciones públicas no están muy seguros de qué información es pública y cuál no lo es. En el Servicio Médico Legal hubo la mejor de las voluntades siempre, hasta el último día, pero los problemas se daban por el tema de no tener claro qué información se daba y cual no. Esta investigación permitió también saber a ellos cuál es su radio de acción.

-Y la justicia militar…

-El Segundo Juzgado Militar también fue uno de los lugares donde investigamos. Yo fui y no hay ningún expediente del año 73. Están todos quemados. Lo que hay son libros de “estado de causa”. Incluso hay un libro especial que abrieron, que se llama “Estados de causa de tribunales militares en tiempos de guerra”. Ese fue el nombre que ellos le dieron para justificar todo esto. Son resúmenes de la causa número tanto, cuando se apeló, cuando se dictó sentencia. Pero no hay ninguno por ejecutados. Son puros consejos de guerra, con sumarios a prisioneros políticos. Por ejemplo, hay un par de páginas lleno de causas del Estado Nacional. Lo que sí hay es que hay media docena de consejos de guerra realizados a personas ya ejecutadas. Era una cosa impactante, porque la burocracia seguía su marcha habitual mientras la gente ya llevaba semanas ejecutada.

-¿Qué tanto persiste esta burocracia de la muerte, como llaman a la investigación?

-El Registro Civil y el Servicio Médico Legal tuvieron una gran voluntad y ayudaron mucho. Ellos a nivel personal están súper comprometidos. La fiscalía militar, no. Fui, pude ver los libros de estados de causa, no existen expedientes, no me dejaron fotocopiar nada. Pude tomar nota, eso sí. Pero el 15 de septiembre pedí oficialmente el desarchivo de un expediente que era la investigación del supuesto atentado incendiario del 1989 donde se quemaron todos los expedientes.

-…

-En la policía y en Investigaciones pedimos expedientes y ellos nos dijeron “los quemamos, porque teníamos derecho reglamentario a hacerlo”. El Ejército dice que hubo un supuesto atentado incendiario en la escuela de Educación  en 1989, en noviembre, donde estaban todos los archivos y se quemaron. Se abrió un sumario, que se abrió y se cerró en un año. Pedí el desarchivo el 15 de septiembre y todavía no responden. Lo han pedido jueces también. No sé que tan farsante pueda ser ese expediente. O sea, me parece que demasiada coincidencia que el año 1989 se haya quemado este expediente con información de 1973.