La catástrofe acaecida en Chile no sólo ha alterado el eje del planeta, sino que ha cambiado abruptamente el eje político del nuevo gobierno. En efecto, resulta claro que la magnitud de los daños causados por el terremoto en la zona centro sur del país impone una nueva escala de prioridades. En este sentido, hemos asistido a un cataclismo cuyas consecuencias sociales, económicas y políticas marcarán, quiérase o no, los próximos años.

Si bien el país ha sido admitido en el “club de países ricos”, lo cierto es que enfrentado a la emergencia Chile se ha parecido más a Haití que a las naciones más desarrolladas. En lo inmediato, el diagnóstico preliminar es desastroso. Se ha detectado una grave falta de coordinación de los organismos oficiales para hacer frente a situaciones extremas como las que vivimos, lo que se suma a una serie de debilidades en infraestructura y a una escasa cultura de responsabilidad social solidaria en la población.

A diferencia de otras naciones, nuestro país carece de una institucionalidad idónea para garantizar la seguridad de los chilenos ante catástrofes naturales. No existe un organismo altamente profesional y con atribuciones en tiempos de excepción, como una Guardia Nacional, que sume los esfuerzos de bomberos, policía, defensa civil, equipos de rescate, todo ello coordinado por el Ministerio del Interior y las intendencias de cada región de nuestro territorio. Así como la “caridad” y la “filantropía” ocultan las graves desigualdades sociales, el “voluntariado” que sostiene a muchas instituciones oculta la falta de voluntad política para hacerse cargo de una cuestión de Estado, cual es la seguridad integral de la población.

La magnitud del desastre que acongoja a todos los chilenos podría ser el punto de partida para “pensar en grande” y tomarse muy en serio las amenazas mediatas e inmediatas creando los mecanismos, a nivel nacional y regional, que aminoren el impacto de este tipo de eventos catastróficos. Los riesgos derivados del calentamiento global, la situación de país telúrico, los incendios forestales en gran escala y otras amenazas hacen imprescindible diseñar un plan estratégico para emergencias de escala nacional al más alto nivel.

Junto con los esfuerzos de amplios sectores de la ciudadanía, la actual emergencia ha mostrado, también, una serie de conductas reprochables en algunos sectores de la población. El cultivo de una “ética cívica” que propenda a la solidaridad y a un sano patriotismo ha sido reemplazada por la seducción de un mercado amoral y hedonista cuyo horizonte no es otro que el individualismo extremo y el apetito desmedido por bienes suntuarios. Si examinamos el desarrollo de nuestra cultura en los últimos decenios, cabe preguntarse por qué la reacción de algunos habría de ser diferente al vandalismo del que hemos sido testigos.

Toda catástrofe, por dolorosa que sea, es susceptible de ser pensada como una oportunidad. Quizás ha llegado el momento no sólo de “pensar en grande”, proponiendo reformas radicales al “modelo chileno” sino con grandeza. Pensar con grandeza es imprimir un horizonte ético y social a las medidas estructurales que se reclaman. Ante la desolación, la cuestión de fondo, finalmente, es encontrar los caminos democráticos para acrecentar la dignidad de cada uno de nuestros compatriotas, muy especialmente de los más pobres y desamparados. Tal es el desafío en este año del bicentenario.

(*) Álvaro Cuadra, investigador y docente ELAP / Universidad Arcis