La bancada de diputados del PPD solicitó crear una comisión investigadora para revisar la situación de los relaves mineros y la legislación que regula el cierre de las mismas.

Ello, junto a la denuncia hecha por la diputada de ese partido, Adriana Muñoz, en cuanto a que la Región de Coquimbo sería la más afectada del país por los desechos de faenas mineras abandonadas, con un total de 47, la mayoría ubicadas en Illapel.

"En nuestro país existe una legislación bastante débil en relación al resguardo de las comunidades por la existencia de estas verdaderas bombas atómicas en que se pueden transformar las plantas mineras", señaló la parlamentaria.

"Hoy el cierre de las faenas mineras está regulado por la Ley de Bases del Medio Ambiente, pero de manera indirecta. Porque no se les exige a las compañías que garanticen que tienen los recursos para financiar un cierre que no represente peligro para las personas y el medio ambiente. Del mismo modo, tampoco se les puede fiscalizar por la fuerza de la ley, entonces la ley de Bases del Medio Ambiente tiene muchos vacíos en este tema", agregó Muñoz.

La parlamentaria explicó que en el Senado se está tramitando una ley, presentada durante el gobierno de Michelle Bachelet, para regular esta situación, sin embargo, recordó las indicaciones hechas por la actual administración, entre las cuales figura la rebaja de las exigencias a las minas para los planes de cierre y la eliminación de la sanción de clausura definitiva.

En el proyecto original "se establece la facultad de Sernageomin de clausurar faenas o instalaciones mineras. La indicación del ministro (Laurence) Golborne borra esta importante facultad. También elimina la obligación para la empresa minera de ejecutar un programa para informar a la comunidad las etapas del plan de cierre de faenas. Y mientras este proyecto se tramita, siguen existiendo pasivos mineros en todas las regiones, es decir, faenas que fueron abandonadas o mal cerradas y sin una norma que regule este impacto", denunció.