*Por Diego Ancalao G. Según la información que hemos podido ver en la prensa nacional, el “Plan Especial de Inversiones para el Desarrollo Regional y Territorial de La Araucanía“, denominado Plan Especial Araucanía, presenta una serie de medidas contempladas en el informe presentado por la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía.

La iniciativa contempla, a grandes rasgos, el reconocimiento constitucional y la participación política indígena en el proyecto de Nueva Constitución; acceso preferente a subvenciones y subsidios del MINVU; creación de un Programa de Desarrollo Productivo para Cooperativas Campesinas; incentivos tributarios para empresas que se instalen en las comunas más pobres de la Región; y la ampliación del programa de reparación de las víctimas de violencia en La Araucanía.

Este plan se centra en las inversiones, es decir, en la dimensión económica y social, que por cierto es tremendamente importante. Pero no se hace cargo, nuevamente, del espectro político de la situación que es el fondo del problema. Con la información disponible, es posible afirmar fehacientemente que no representa nada radicalmente distinto a lo planteado en otras ocasiones.

En el discurso, se busca enfrentar la larga historia de desencuentros y postergación que afecta a la región, buscando acortar las brechas de desigualdad que presenta la zona respecto al resto de Chile, que tiene los índices de desarrollo más bajos del país. Esto, debido a que las políticas de desarrollo para el territorio se han diseñado de forma centralizada y desconociendo las particularidades culturales de La Araucanía.

En este sentido, es necesario recalcar que medidas administrativas como el acceso preferente a subvenciones y subsidios del MINVU ya existentes, así como la creación de programas nuevos en INDAP, parecen ser reorientaciones de iniciativas ya en curso. Por otra parte, medidas más políticas como el reconocimiento constitucional, la participación indígena en la nueva constitución, o la creación de incentivos tributarios, que requieren discusión y sanción de proyectos de ley mediante procesos políticos largos, podrían ser una justificación para seguir avalando el decreto 701 (Bonificaciones a las forestales) o generar un escenario similar. Ante esto, hay que tener la precaución de que no suceda de esa forma.

Las medidas de reparación a las víctimas de la violencia en La Araucanía podrían ser lo más nuevo y esperanzador, en la medida que en éstas se incluyan recursos importantes y que, por cierto, contemplen a las víctimas mapuches y no mapuches, desde perspectiva histórica integral.

El Plan Araucanía, que tendrá una duración de cinco años, tendrá un costo de $295.314.576 mil millones en 2017, y será un acuerdo programático entre el Gobierno Regional de La Araucanía y los órganos de la Administración del Estado, no obstante, se reconoce que la mayoría de las líneas de acción que este contiene, corresponderán exclusivamente a reorganización de presupuestos públicos.

Sin embargo, un proyecto ambicioso y que implica el desarrollo de una región tan abandonada, no será capaz acortar las brechas de desigualdad sin una importante inyección de recursos frescos.

  *Diego Ancalao Gavilán es dirigente político mapuche y coordinador del Foro Mundial Indígena.