Según rezan las normas, la planificación urbana comunal se realiza por medio del Plan Regulador Comunal (PRC).  

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,  en su artículo 41 indica que, se entenderá por Planificación Urbana Comunal aquella que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo económico-social. Así entonces, el Plan Regulador Comunal (PRC) es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos. Todos temas vitales para nuestros -cada día más- informados y exigentes contribuyentes.

Además, el PRC está compuesto de: una “Memoria explicativa”, que contiene los antecedentes socio-económicos, los relativos a crecimiento demográfico, desarrollo industrial y demás antecedentes técnicos que sirvieron de base a las proposiciones, y los objetivos, metas y prioridades de las obras básicas proyectadas; un “Estudio de factibilidad”; una “Ordenanza Local”, con las disposiciones reglamentarias pertinentes; y  “los planos”. Para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, estos documentos técnicos y complejos de entender, constituyen un solo cuerpo legal.

En meses recientes, el alcalde Claudio Orrego postuló luego de una larga vorágine modificaciones al PRC vigente en Peñalolen desde el año 1989. Considerando que, la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades otorgan esta facultad, es decir, someter a consulta o plebiscito materias de administración local, como fue el caso, este proceso de participación y sus resultados abrieron varias hipótesis.

Aunque parezca curiosidad inicial, es bueno recrear preguntas sobre este notable proceso comunitario, ya que estas dudas son la esperanza de nuevos hallazgos, más datos -por ende- conocimiento y entendimiento de lo ocurrido. Y por cierto, de innovadoras y audaces soluciones.

Señalamos lo anterior porque, cuando desaparecen las interrogantes, luego cede el paso a la indiferencia. Mala consejera para los asuntos públicos.

Conversando con mi amigo, el consejero regional Jaime Fuentealba, el rechazo del 52% de la comunidad ha sido un shock y sus consecuencias sobre el desarrollo y  forma urbana, el ordenamiento territorial e impactos medio ambientales de esta comuna, sólo se vislumbran aún de manera un tanto difusa. Esfuerzos preliminares ya trazan conclusiones -un tanto apresuradas- aunque interesantes para un análisis.

Esta experiencia, sumadas a una bitácora regional de consultas ciudadanas, han activado un debate embrionario sobre las consecuencias y daños colaterales que estos procesos -hoy al parecer irreversibles- pueden colonizar a nuestros barrios.

La bifurcación y fundamentos se orientan -al parecer- en enfoques que no se consensuan aún y que sin lugar a dudas, serán claves para los escenarios futuros. En particular, en el horizonte de las elecciones municipales del  año 2012.

Sabemos que, la pluralidad de alternativas puede ser infinita. Para enfrentar estas tensiones y desafíos en un suelo muy resbaladizo, algunas opciones institucionales están contenidas de manera muy frágil en la Ley y otras perfiladas tenuemente. Con el riesgo de caer en esquemas, algunas de las opciones locales para el debate sobre los PRC pueden ser las siguientes:

a) Mantener la actual facultad que da la Ley Orgánica Municipal que indica plebiscitos y consultas con ciertos quórums para su implementación;

b) Otra, sigue un camino llamémosle recurrente y conectado con el primero y es dejar solo en manos de los Concejos Comunales esta facultad. Por cierto, cuerpos soberanos electos democráticamente;

c) También una mixtura más desarrollada de participación entre Concejo Municipal y Comunidad, definiendo claramente los ritmos, metodología e hitos a desarrollar, y debatiendo que será a sometido al escrutinio, es decir, cuáles son las preguntas y alternativas en las papeletas de votación (que obviamente supera la dicotomía, Si o NO);

d) No se descarta explorar encuestas y estudios de percepción, previo a las votaciones de los Concejos Comunales;

e) Una senda -señalada en más de una ocasión- es dejar solo en manos de expertos y urbanistas las decisiones y alcances sobre los PRC; y

f) Finalmente, que los PRC, su actualización o modificación sea consultado al momento de las elecciones de alcaldes y concejales.

Esta última alternativa,  puede garantizar una participación universal, informada y con respaldo institucional -lo que nos parece- da garantías a todos los residentes de los proyectos y usos de suelo al momento de elegir quienes gobernarán y tomarán decisiones de la mayor trascendencia en sus áreas urbanas. Opción por la cual me inclino cultural y políticamente.

Las comunas de Chile transitan raudamente en un camino que requiere una reforma municipal profunda, que enfrente nuevos estándares y problemáticas vitales como: los PRC, el medio ambiente, la educación municipalizada, la congestión vehicular, equipamientos molestos como las “antenas celulares”, las autorizaciones a las patentes de alcohol y la participación vecinal. También, otras esferas de la gestión y administración local como son los planes de desarrollo comunal (Pladecos) y el marco presupuestario.

Finalmente, en Chile un 88% de las personas vive en ciudades y sólo 12% lo hace en zonas rurales, por lo tanto, este instrumento de planificación urbana, impacta profundamente al entorno y calidad de vida de millones de familias.

Entonces, en una carretera local aún con mucha bruma, es bueno encender los “reflectores”. Pero también, los “neblineros”.

Francisco Olea es concejal de La Reina