*Por Jaime Sarrà
A propósito del lamentable incendio que terminó con más de 79 personas fallecidas en Londres recientemente, quisiera recalcar la necesidad de implementar en nuestro país empresas certificadoras de inmuebles, que sean responsables de analizar el estado de las propiedades usadas.
En Chile, no es común que los compradores pidan informes a un calculista o arquitecto para evaluar la adquisición una propiedad usada. Sin embargo, estos peritajes son muy necesarios para conocer el comportamiento de la construcción en los últimos terremotos y el estado de ascensores, techumbre, bombas de agua, instalaciones eléctricas, sistema de calefacción, así como los materiales de la construcción.
Generalmente, nos enteramos de las deficiencias del inmueble cuando se produce una falla, tal como ocurrió el pasado miércoles 21 de junio en Grenfell, donde un congelador defectuoso provocó un cortocircuito que encendió un revestimiento de polietileno (material altamente inflamable). Sin ir más lejos, también fue un desperfecto lo que provocó el incendio en Quilpué por una fuga de gas hace pocas semanas.
En nuestro país, no existe una normativa para la certificación de una propiedad usada ni del estado de las instalaciones comunes. En cambio, en Estados Unidos son las instituciones financieras que entregan los créditos hipotecarios las encargadas de solicitar los informes técnicos de las propiedades a una certificadora registrada. Es esa empresa especialista la que debe indicar el estado del inmueble e informar al comprador. En Chile, los tasadores juegan este rol pero su responsabilidad está enfocada en la valorización comercial y no incluye una evaluación técnica de la propiedad ni de los bienes y espacios comunes.
Desde NAI Sarrà creemos que el Estado debe empujar un proyecto de ley para la creación de empresas certificadoras, con el objetivo de entregar, a solicitud de un comprador, el informe actualizado del estado de la propiedad, de los bienes y espacios comunes y evitar la desinformación de un comprador ante posibles fallas estructurales, por descuido o desgaste natural. De momento, queda en manos de los compradores exigir una revisión exhaustiva de los inmuebles, situación que hoy no acontece.
*Jaime Sarrà es Director General de NAI Sarrá
A propósito del lamentable incendio que terminó con más de 79 personas fallecidas en Londres recientemente, quisiera recalcar la necesidad de implementar en nuestro país empresas certificadoras de inmuebles, que sean responsables de analizar el estado de las propiedades usadas.
En Chile, no es común que los compradores pidan informes a un calculista o arquitecto para evaluar la adquisición una propiedad usada. Sin embargo, estos peritajes son muy necesarios para conocer el comportamiento de la construcción en los últimos terremotos y el estado de ascensores, techumbre, bombas de agua, instalaciones eléctricas, sistema de calefacción, así como los materiales de la construcción.
Generalmente, nos enteramos de las deficiencias del inmueble cuando se produce una falla, tal como ocurrió el pasado miércoles 21 de junio en Grenfell, donde un congelador defectuoso provocó un cortocircuito que encendió un revestimiento de polietileno (material altamente inflamable). Sin ir más lejos, también fue un desperfecto lo que provocó el incendio en Quilpué por una fuga de gas hace pocas semanas.
En nuestro país, no existe una normativa para la certificación de una propiedad usada ni del estado de las instalaciones comunes. En cambio, en Estados Unidos son las instituciones financieras que entregan los créditos hipotecarios las encargadas de solicitar los informes técnicos de las propiedades a una certificadora registrada. Es esa empresa especialista la que debe indicar el estado del inmueble e informar al comprador. En Chile, los tasadores juegan este rol pero su responsabilidad está enfocada en la valorización comercial y no incluye una evaluación técnica de la propiedad ni de los bienes y espacios comunes.
Desde NAI Sarrà creemos que el Estado debe empujar un proyecto de ley para la creación de empresas certificadoras, con el objetivo de entregar, a solicitud de un comprador, el informe actualizado del estado de la propiedad, de los bienes y espacios comunes y evitar la desinformación de un comprador ante posibles fallas estructurales, por descuido o desgaste natural. De momento, queda en manos de los compradores exigir una revisión exhaustiva de los inmuebles, situación que hoy no acontece.
*Jaime Sarrà es Director General de NAI Sarrá
