La subcomisaria de la Policía de Investigaciones que denunció a un prefecto por acoso sexual dio a conocer un documento de la Contraloría General de la República donde consta que el acusado admitió los hechos, incluyendo un beso “sin violencia”. Según el alto oficial, él fue “malinterpretado” por la afectada.

La denunciante es C.A.C.G., hoy de 28 años, educadora de Párvulos, quien ingresó a la PDI como oficial policial profesional (OPP) en abril de 2007. Su primera destinación fue la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de Santiago, donde -según dijo- sufrió “bullying” por parte de sus compañeros por ser una OPP.

Pero lo más grave, de acuerdo a su denuncia, fue el acoso sexual que comenzó en el año 2010, cuando el subprefecto Adolfo Rocco Tachi ascendió a prefecto y quedó al mando de la Brico. Según la subcomisaria, Rocco empezó a invitarla a “tomarse un traguito”, a la vez que insistía en ir a dejarla y buscarla a su casa en un vehículo fiscal.

Además, siempre de acuerdo a la subcomisaria, el prefecto Rocco le preguntaba si ella se “encontraba rica” y “qué partes de mi cuerpo me gustaban”. También le decía que tenía “buen trasero y bonitas piernas”, por lo cual empezó a sentir mucho desconcierto, miedo y no sabía qué responder por temor a las represalias de su superior directo.

Sin embargo, dijo la subcomisaria, la situación se hizo insostenible el 6 de agosto de 2010, cuando el prefecto –según contó- le tomó la cara a la fuerza e intentó besarla en la boca, pero sólo logró hacerlo dos veces en las mejillas. Después de eso, C.A.C.G. entró en crisis nerviosa, hizo la denuncia y presentó licencia médica.

RECURRIÓ A LA CONTRALORÍA

La subcomisaria dijo a Nacion.cl que ella siempre siguió el conducto regular, pero se vio obligada a recurrir a la Contraloría después de que la PDI cerró el sumario interno sin demostrar la culpabilidad del prefecto Rocco, debido a que ella “no accedió a declarar” por estar con licencia médica y bajo efecto de los medicamentos.

La subcomisaria afirmó que “nunca me han llamado a declarar y quieren hacerme aparecer como loca y conflictiva”. Agregó que “inventaron testigos y tráfico de llamados en mi contra, pero si ven mi hoja de vida sólo tengo anotaciones positivas. En cambio, el prefecto Rocco es conocido por los maltratos”.

Mediante oficio reservado del 8 de agosto de 2011, la Contraloría dispuso que la PDI reabra la investigación por supuesto acoso sexual y, además, ordene un sumario administrativo por presunta utilización indebida de un vehículo fiscal. El oficio está firmado por la abogada Dorothy Pérez Gutiérrez, subjefe de la División de Auditoría Administrativa.

PREFECTO: “FUE UN MALENTENDIDO”

En el mismo oficio se incluyó la declaración que dio el prefecto Rocco en el sumario interno. Dijo que “los hechos cronológicamente relatados por la recurrente efectivamente ocurrieron”, pero que “jamás tuvo una conducta de abuso sexual o laboral respecto de ella” y que todo “se debe a una alteración de la realidad”.

En la misma declaración, el prefecto Rocco reconoció que “es efectivo” que la fue a dejar y a buscar en varias ocasiones a las cercanías de su domicilio y que una ocasión “le tomó la mano y le dio un beso en la mejilla”, pero que “no existió violencia ni intención de besarla en los labios, como ella asevera”.

Según el prefecto, la denuncia “es un malentendido” que él atribuye a “un desorden psicológico de ésta y a serios problemas de adaptación con el grupo de trabajo, lo que se suma al rechazo de una solicitud de destinación”. En efecto, la subcomisaria solicitó el traslado de la Brico para evitar a su superior, pero éste se lo negó.

REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Tras el dictamen de la Contraloría, la PDI abrió una nueva investigación el 14 de septiembre pasado. Según la subcomisaria, desde entonces tres fiscales internos (todos prefectos) han tomado el caso y ninguno la ha llamado a declarar. El último fue el jefe de la Región Metropolitana de la PDI, prefecto, Guillermo Alarcón, quien estaría a punto de cerrar el sumario.

Actualmente, el prefecto Rocco se desempeña como jefe de la PDI de Coquimbo. Mientras estuvo a cargo de la Brico de Santiago, esa unidad comenzó a ser investigada por las fiscalías de Puente Alto y Pudahuel, además del Departamento V de la PDI, por una supuesta red de corrupción. Ocho detectives fueron denunciados por quedarse con los dineros de asaltantes y por tener vínculos con narcotraficantes. Los 8 sólo fueron trasladados.

La PDI fue consultada por Nacion.cl para tener un pronunciamiento institucional sobre estos hechos, pero no hubo respuesta. La única declaración oficial al respecto fue emitida el 19 de abril pasado en Coquimbo. Ese texto señala que “la PDI, fiel a su compromiso con la transparencia y la legislación vigente, esperará la finalización del mencionado sumario, con la finalidad de adoptar las medidas administrativas si es que éstas correspondiesen”.