El 7° Juzgado de Garantía de Santiago admitió una querella en contra de dos fiscales por los delitos de vejación y violación de secreto tras el allanamiento realizado por efectivos del GOPE de Carabineros a la sede del Partido Comunes.
Dicho operativo se realizó el pasado 19 de noviembre, dos días antes de las elecciones, en el marco de la investigación por eventual fraude por parte de la campaña a gobernadora metropolitana de Karina Oliva.
Los fiscales querellados son Héctor Barros y Milibor Bugueño, responsables de la realización del allanamiento.
El ingreso de efectivos del GOPE al inmueble fue ampliamente rechazado por varios parlamentarios y partidos políticos, además de la Asociación de Fiscales.
Incluso el fiscal nacional Jorge Abbott solicitó un informe a Barros y ofició a Carabineros “por el desproporcionado uso de fuerza en el ingreso a la sede del partido Comunes”.
Luis Mariano Rendón, abogado que interpuso la querella contra los persecutores, expresó su satisfacción con la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, expresando que es muy importante que se investiguen y sancionen estos hechos, para que la Fiscalía no se transforme en un apéndice más de los poderes fácticos.
