El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se refirió a las expulsiones masivas de inmigrantes que ha realizado el Gobierno durante los últimos meses.

En diálogo con El Mercurio, señaló que “las personas deben tener la oportunidad de ejercer su derecho a ser oídas y presentar las pruebas que estimaren del caso”. Desde el 2018, se ha intentado expulsar a 16.581 extranjeros por haber ingresado de manera irregular a Chile.

Del total de casos, se han concretado 1.401 expulsiones. Las últimas 321 personas, son las que el Ejecutivo ha deportado por razones administrativas en los primeros seis meses del año. El último operativo donde los inmigrantes regresaron a su país de origen fue el 6 de junio.

Según declaró Guillermo Silva a El Mercurio, “se requiere que las expulsiones sean el resultado de un proceso individual que permita evaluar las circunstancias personales de cada sujeto, que no resulte discriminatorio y donde la persona pueda someter su caso a revisión ante la autoridad competente”.

En conversación, señaló que la Corte Suprema “ha sostenido en numerosas ocasiones que la decisión de expulsar a un ciudadano extranjero, en cuanto implica la dictación de un acto administrativo terminal, debe necesariamente ser antecedida de un contencioso administrativo que se subordine a los principios contemplados en la ley”.

Finalizó señalando que “se ha asentado que esta decisión administrativa debe atender las circunstancias personales y familiares de la persona”, enfatizando que se deben “satisfacer las exigencias de razonabilidad, proporcionalidad y fundamentación propias de una decisión no arbitraria”.