El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió a las palabras del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien sostuvo que los colegios deberían prepararse para un retorno gradual a clases presenciales.
“Nos parece una tontería, una falta de sentido común y una falta de humanidad, finalmente, que sea justo ahora, cuando tenemos la mayor cantidad de personas fallecidas informadas, con un contagio que sigue en alza. Estuve hablando con un dirigente del Colegio Médico y me dice que ellos se están preparando para las próximas semanas, que viene mucho más grave todavía la situación (de la crisis sanitaria)”, expuso el presidente del magisterio.
“Nosotros hemos dicho que mientras no exista una garantía para todas las comunidades escolares, llámese apoderados, estudiantes, asistentes de la educación y nosotros como docentes, de que hay plena seguridad para la salud, los profesores no vamos a volver a clases”, agregó Aguilar.
Respecto de cómo continuará el año escolar, el titular del gremio docente manifestó que “primero está la salud; la cobertura curricular, los objetivos, el calendario escolar y todas esas formalidades pasan a un segundo plano. Si no hay condiciones en todo el año, bueno, en todo el año no se irá a poder volver y se tendrá que mantener estos formatos a distancia”.
Aguilar sostuvo, también, que “lo ideal siempre va a ser la clase en el colegio, con profesores y estudiantes juntos, cara a cara, pero obviamente no estamos en una situación de normalidad, y al no estar en una situación de normalidad, no pueden ellos pretender hacer funcionar las cosas como si fuera cualquier año normal del funcionamiento escolar, eso no es así, no están esas condiciones. Por lo tanto, lo primero es la salud, si ellos no nos cuidan, nos cuidamos entre nosotros”.
Por otra parte, reiteró su desacuerdo con que se lleven adelante este año tanto la evaluación docente como la prueba Simce, señalando que con los 18 mil millones de pesos que, según sus datos, cuesta implementar dicho test, “se pueden tener 56 mil salarios mínimos de 320.500 pesos cada uno, que beneficiarían a 56 mil familias”.
