-Medidas tendientes a perfeccionar la búsqueda de verdad y la justicia

-Medidas tendientes a perfeccionar la reparación social que Chile otorga a las víctimas

-Fortalecer la sociedad y sus instituciones para que esto no vuelva a ocurrir jamás

-Conclusión

Avances y Objetivos

Hago entrega al país de la propuesta de mi gobierno para seguir avanzando en el delicado proceso de sanar las heridas producidas por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Hoy damos un paso más en este camino.

Un paso más por el cual el Estado de Chile responde, al menos en parte, al dolor de quienes fueron sus víctimas principales.

Un paso más en este difícil camino con cuyo tránsito la sociedad chilena intenta mirar de frente ese momento de nuestra historia, y vivir cada día con mayor madurez el dolor que Chile lleva en su alma.

Estoy consciente de que las propuestas que hoy entrego no constituyen una solución definitiva a los quebrantos y al sufrimiento ocasionado por dichas violaciones.

En verdad, nunca podrá haber solución definitiva para una situación como la que vivimos. Lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer, es continuar avanzando, por cierto que con mayor decisión y participación de todos, pero no para dar propiamente con una solución, con un cierre definitivo del problema, sino para llegar a un punto de máximo acuerdo, de máxima verdad, de máxima justicia, de máxima reparación.

Muchos han creído que para superar los traumas del pasado bastaba con "dar vuelta la página", o con echar tierra sobre la memoria. Una sociedad no se hace más humana negando el dolor ni las páginas oscuras de su historia; al contrario, con ello sólo se denigra y envilece.

El dolor de la pérdida de un hijo o hija, hermano o hermana, del padre o la madre, del cónyuge, nunca se extingue. Sólo podemos aspirar a aprender a vivir con el dolor, a evitar que ese dolor se transforme en odio y ansias de venganza, y a reparar en parte los perjuicios que nos ha causado. Una fractura social, política y moral de tal magnitud no se cierra en un acto y en un momento determinados; no es posible extirpar el dolor que vive en la memoria por medio de un conjunto de medidas, por muchas, bien intencionadas y profundas que éstas sean.

Sin embargo, es deber de todos los chilenos, y en especial mi deber como Jefe de Estado, impulsar con convicción medidas que contribuyan a legar a las nuevas generaciones una nación cuya alma esté unida y en paz, y cuya conciencia moral haya dado los pasos necesarios en verdad, justicia y reparación. Chile sólo podrá aspirar a un futuro digno, sólido, democrático, si acaso es capaz de hacerlo sobre la base de la paz social, la solidaridad y la unidad de todos los chilenos.

Al día siguiente de asumir mi mandato presidencial, en el acto del 12 de marzo de 2000 en el Parque Forestal, manifesté mi invitación "a enfrentar con dignidad y con entereza, a través del diálogo y del respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, lo que todavía tenemos pendiente en materia de derechos humanos".

El mundo entero reconoce a Chile enormes avances en prácticamente todos los planos del desarrollo humano. Nos hemos ganado el respeto y hasta la admiración de las demás naciones. Pero necesitamos avanzar más aceleradamente en el cierre de nuestras heridas por los mismos caminos que con sensatez y determinación hemos seguido hasta ahora: el de los Tribunales de Justicia y del imperio de la ley, sin excepciones.

Queremos que jamás en nuestro país vuelvan a ocurrir las atrocidades que sucedieron en el período señalado. Para ello todos debemos cuidar celosamente la convivencia conseguida con tanto esfuerzo en estos años y el irrenunciable patrimonio de nuestra historia republicana.

El quiebre de la institucionalidad democrática en un país jamás se produce como un rayo que altera de pronto, sin previo aviso, un cielo que hasta entonces permanecía apacible y sereno. Se produce siempre en medio de tormentas crecientes que los países y sus líderes no son capaces de controlar.

Por ello, es necesario que quienes vivimos ese quiebre y teníamos responsabilidades en las distintas áreas de la vida nacional no dejemos nunca de pensar y reconocer, con humildad y realismo, cuáles fueron los errores individuales y colectivos que nos llevaron a un momento terrible en nuestra historia patria.

Nadie puede declararse ajeno a la profunda división que ocurrió entre nosotros los chilenos y que nos condujo a la catástrofe antidemocrática que todos conocemos.

Intentar comprender y asumir el contexto y las causas del quiebre civil de ese entonces no significa, en modo alguno, justificar lo que posteriormente sucedió.

Vimos cómo agentes del Estado persiguieron organizadamente, y con inusitada violencia, a quienes pensaban distinto. Se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Se asesinó, se torturó, se detuvo y se hizo desaparecer a personas. Sus familiares, y todo Chile, tienen el derecho y la necesidad de saber la verdad acerca de qué ocurrió con esas personas.

El largo camino emprendido para conocer esa verdad comenzó con los familiares que buscaban a sus seres queridos. Una búsqueda terrible por cárceles y morgues, por todo tipo de establecimientos de salud y por diversos centros de detención, por lechos de ríos y quebradas. Una búsqueda incansable por encontrar a los suyos, una búsqueda irrenunciable de la verdad y la justicia. Un ejemplo de dignidad que es orgullo de todos los chilenos.

Todo ello, desde el comienzo, con el apoyo de las iglesias y la Vicaría de la Solidaridad. Con el tiempo, se han venido sumando diversos tipos de apoyos para esta tarea.

El paso más importante en este proceso fue el haber recuperado la democracia. Sin la democracia que fuimos capaces de recuperar y desarrollar, nada de lo que hasta ahora hemos avanzado hubiera sido posible.

Desde entonces, tres han sido los pilares sobre los cuales los gobiernos democráticos hemos ido edificando nuestra política sobre derechos humanos: Verdad, Justicia, Reparación. Tres pilares, pero también tres valores a los que no estamos dispuestos a renunciar.

Hitos importantes marcan este camino de búsqueda de verdad y justicia.

El primero es el paso gigantesco hacia la verdad que significó reunir a hombres y mujeres de buena voluntad en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que presidió Raúl Rettig.

Chile entero conoció, entonces, los trazos principales de una verdad que había sido sistemáticamente negada. Millones de chilenos se enteraron que los detenidos desaparecidos constituían una realidad que había que mirar de frente, y que el dolor de sus familiares era el dolor de todo Chile. Nunca los chilenos podremos olvidar el momento en que el Presidente Aylwin pidió perdón a las víctimas en nombre de toda la nación.

Un segundo gran paso fue la Mesa de Diálogo instalada por el gobierno del Presidente Frei, en la cual las Fuerzas Armadas se incorporaron al diálogo nacional sobre las violaciones a los derechos humanos, aceptando la responsabilidad de sumarse a la búsqueda de la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos y ejecutados.

Si bien los resultados no han sido todo lo fructíferos que muchos hubiéremos deseado, en lo fundamental se generó un salto inmenso en la recomposición del alma nacional, se instaló un nuevo clima de cooperación, una nueva esperanza en la búsqueda de la verdad y de la justicia, y se abrió paso a una nueva relación entre el país en su conjunto y sus Fuerzas Armadas.

Los temas de verdad y justicia cobraron una nueva dimensión en la acción de la Justicia; hoy están abiertos en los tribunales más de 300 juicios relativos a los detenidos y desaparecidos, que incluyen los casos de más de mil víctimas.

Las instituciones armadas han cooperado con la Justicia. En cuanto instituciones han entregado su información; pero hay personas que poseen información y que permanecen cruelmente silenciosas.

El paso que damos hoy es importante porque a esta tarea nacional de buscar la verdad y la justicia respecto a las violaciones de los derechos humanos se suman nuevas voces que, hasta ahora, se negaban a reconocer lo sucedido. Es bueno para Chile que así sea.

Nos falta camino por recorrer. Exhorto una vez más a las personas que tienen información a que la entreguen.

A partir de la base de la verdad buscada, encontrada y narrada en el Informe de Verdad y Reconciliación, se fueron elaborando y consensuando medidas de reparación a las víctimas.

Así nace la Ley N° 19.123 de Reparación en el año 1992, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y que estableció una política de reparaciones para los casos de violaciones de derechos humanos con resultado de muerte: ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de la violencia política. Reconociendo la tragedia y el dolor causado, la ley estableció pensiones y diversos beneficios en educación y salud para los cónyuges, madres e hijos de las víctimas. En total se calificaron 3.195 causantes, de los cuales 2.772 eran víctimas de violaciones a los derechos humanos y 423 víctimas de la violencia política, entre los cuales 160 son miembros de las Fuerzas Armadas.

Al mes de junio de 2003, son beneficiarios de la pensión de reparación 1.287 cónyuges, 1.187 madres/padres, 252 madres de hijos no matrimoniales, 244 hijos y 133 hijos discapacitados. Durante los 11 años de vigencia de esta ley, 5.099 personas han sido beneficiarias de ella. El Instituto de Normalización Previsional contabiliza a la fecha de hoy un gasto de 90 mil 506 millones 394 mil 1 pesos por concepto de pensiones de reparación.

Esta ley además otorga beneficios educacionales a los hijos, consistentes en el pago de aranceles y matrícula y un subsidio mensual a estudiantes de educación media, técnica o universitaria hasta los 35 años. Al año 2002 se registra un gasto de 11 mil 289 millones 200 mil 133 pesos por concepto de beneficios educacionales.

En el mismo año 1990 se dictó la Ley N° 18.994, que creó la Oficina Nacional del Retorno, para facilitar la reinserción de los exiliados. En sus 4 años de funcionamiento atendió a 52.577 personas. También con el mismo propósito se dictó la Ley N° 19.128, que otorgó franquicias arancelarias para la internación de sus bienes y la Ley N° 19.074 para la habilitación de los títulos profesionales y el reconocimiento de estudios realizados en el extranjero. Por otra parte, se contó con programas y financiamiento de la cooperación internacional para la reinserción laboral. El programa de retorno se llevó a cabo mediante la colaboración entre el Gobierno de Chile, la cooperación internacional y el trabajo de algunas ONG especializadas.

En relación a los exonerados que perdieron sus empleos por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 se han dictado tres leyes, la N° 19.234 del año 1993, la N° 19.582 del año 1998 y la Ley N° 19.881 del presente año. Las mencionadas leyes establecen como beneficios pensiones no contributivas de sobrevivencia y abono de tiempo por gracia. A mayo de 2003 se ha reconocido la calidad de exonerado a 86.208 personas. De ellos 41.905 gozan de pensiones no contributivas, 48.966 del beneficio de abono de tiempo por gracia, y 1.564 viudas tienen pensiones de sobrevivencia por gracia.

La cifra pagada a los exonerados entre el año 2000 y junio de 2003 asciende a 251 mil 697 millones 107 mil pesos y el gasto global, desde 1993, a 305 mil 756 millones 362 mil pesos.

A partir de 1991, cumpliendo con una recomendación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de ofrecer reparación a todas las víctimas facilitando el acceso a la salud y desarrollando programas de salud mental, se creó el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, PRAIS, en el Ministerio de Salud. A fines del año 2002 se registraban 110.453 personas inscritas en este programa. Los beneficios de salud han permitido mitigar en parte el sufrimiento de las víctimas y de muchos familiares. Este programa se inició con una donación de 600 mil dólares de la Agencia Interamericana de Desarrollo, AID.

He querido ofrecer toda esa visión detallada de cuanto ha sido hecho en esta materia, puesto que tratándose de acciones sucesivas y no coincidentes en el tiempo, puede haber quienes carezcan de una apreciación cabal acerca de la variedad de esas acciones y de los diversos beneficios de reparación que se han otorgado.

Sobre la base de todo lo que, como sociedad chilena, hemos avanzado en los aspectos de verdad, justicia y reparación, es que hoy nos atrevemos a dar un paso más.

Hemos recibido la opinión de las iglesias, de instituciones laicas, sociales y políticas. De la coalición de gobierno, cuyo signo de identidad fundacional ha sido la defensa de los derechos humanos, como asimismo las propuestas de la oposición que -independientemente del pasado- hoy participa de esta tarea, generando las bases para una nueva realidad de cooperación, que como Jefe de Estado no puedo sino considerar un logro para el país.

Sin duda, los pasos dados por el Ejército y el conjunto de las Fuerzas Armadas explicitando con total profesionalismo su doctrina republicana, -y que hoy todo Chile les reconoce- contribuyen fuertemente al clima que permite plantearnos, unidos como país, nuevos avances en este delicado aspecto de nuestra vida nacional.

Después de escuchar a tantas personas y grupos, me asiste la convicción más profunda de que los objetivos de verdad y de justicia son moralmente irrenunciables. Además, reitero la convicción que sólo los Tribunales de Justicia constituyen la instancia para avanzar en la verdad y en la aplicación de la justicia de acuerdo a la ley vigente.

En consecuencia, mi gobierno no se hace cargo de ninguna propuesta que signifique establecer punto final a los procesos, ya sea porque son propuestas moralmente inaceptables, o bien, jurídicamente ineficaces. Asimismo, deja en los tribunales la interpretación respecto de la Ley de Amnistía.

Sin embargo, el camino de la verdad y la justicia, por el cual Chile ha transitado y seguirá transitando, es susceptible de encontrar un mayor perfeccionamiento en sus instrumentos y mecanismos.

El planteamiento que hoy formulo busca avanzar y profundizar a partir de los logros ya alcanzados. Para ello, siguiendo el camino de persistir en la búsqueda de la verdad y en la procuración de la justicia, propongo al país seguir avanzando sobre la base de cuatro objetivos:

Alcanzar el conocimiento más pleno posible de aquella parte de la verdad que aún falta por saber y cuyo logro constituye un imperativo ético: la ubicación de las personas detenidas desaparecidas y de las personas ejecutadas, así como el esclarecimiento de las circunstancias de dicha desaparición o muerte.

Persistir en nuestra conducta de asegurar la independencia, agilidad y eficacia en la acción de los tribunales competentes en la búsqueda de la justicia, en la aplicación de la ley y en la interpretación de ésta. Ello supone impulsar iniciativas legislativas cuyo fin sea facilitar y agilizar las investigaciones judiciales.

Profundizar y mejorar las medidas de reparación que hasta ahora se han aplicado, y complementarlas en caso de vacíos o situaciones que ameriten ser incorporadas.

Mejorar, a través de iniciativas legislativas, de diseño y acciones institucionales, la protección, promoción y garantía del pleno respeto de los derechos humanos fundamentales.