El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, determinó hoy ampliar la querella por terrorismo, genocidio y torturas que se sigue contra Augusto Pinochet a los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero en relación con las cuentas que el general en retiro mantenía en el Riggs Bank.

En el escrito, el magistrado extiende la querella a Lucía Hiriart y al albacea de Pinochet, Oscar Aitken, respectivamente. Junto a ellos, a los directivos del Riggs Bank Joseph y Robert Allbritton, Steven Pfeiffer y Carol Thompson y a otras tres personas -Ashley Lee, Fernando Baqueiro y Raymond Lund- que figuran como cotitulares o cofirmantes de cuentas bancarias y otros documentos.

Garzón, que el 19 de octubre de 1998 determinó el embargo de bienes de Pinochet, señala que un informe del Senado de los Estados Unidos ha constatado ahora "que al menos ocho millones de dólares fueron extraídos con posterioridad al hecho del bloqueo de las cuentas", medida conocida por los responsables del banco, "que actuaron, o de mutuo propio en beneficio del cliente o por orden de éste".

Según el juez, "aparentemente hubo un acuerdo doloso de voluntades" entre los responsables del Riggs Bank y Pinochet "que determinó la distracción (...) de una importante cantidad de dinero (8 millones de dólares USA) de su destino legal, que en todo caso hubiera sido la indemnización a las víctimas por los delitos aquí perseguidos".

"El dinero ha desaparecido en detrimento de las víctimas y para que esto haya sido así se ha precisado la cooperación imprescindible del Riggs Bank", añade Garzón.

El delito de alzamiento de bienes habría sido cometido tanto en España -desde donde se transfirieron fondos depositados en varias entidades bancarias, según el informe del Senado norteamericano- como en el Reino Unido, los Estados Unidos, las islas Bahamas -donde se crearon dos empresas ficticias "para aparecer como dueñas nominales de las cuentas bancarias" de Pinochet- y en Chile.

Además de admitir a trámite la querella, que fue interpuesta el pasado 19 de julio por la acusación particular y popular personada en la causa contra Pinochet, el magistrado acuerda denunciar los hechos ante la Justicia chilena y estadounidense para conocer si existe un procedimiento abierto en estos países en relación con estos delitos.

También declara la responsabilidad civil subsidiaria del Riggs Bank por la cantidad de 10.266.000 dólares y libra un oficio al Banco de España para que informe "de cualquier cuenta bancaria de la que se tenga conocimiento cuyo titular o apoderado fuera o hubiera sido Augusto Pinochet" o las sociedades instrumentales Ashburton Company Ltd. o Althorp Investment Co.

Además, acuerda cursar comisiones rogatorias a los Estados Unidos para que le remitan los documentos del Senado sobre este asunto, ordenen el "embargo, bloqueo y depósito" de los seguros, cuentas, depósitos o fondos de inversión de Pinochet y le autoricen a tomar declaración a los directivos norteamericanos del Riggs Bank.

Lo mismo solicita a las autoridades del Reino Unido y de las islas Bahamas, así como a las de Gibraltar, islas del Canal, Bermuda, Caimán, islas Vírgenes, Suiza, Holanda y las Antillas holandesas.

También al banco HSBC y al Banco Santander les pide que informen acerca de cualquier cuenta bancaria, aunque ya esté clausurada, de la que tengan conocimiento en cualquiera de sus sucursales en España, Chile o cualquier otro país y cuyo titular fuera Augusto Pinochet, su mujer, hijos y yernos o las sociedades instrumentales antes citadas.

Por último, Garzón cursa una comisión rogatoria a Chile en la que comunica a sus autoridades que los bienes de Pinochet están embargados, les solicita que identifiquen los mismos y les pide que sean bloqueados y puestos a disposición de su Juzgado "para el caso de que no se siga procedimiento de alcance similar a éste en aquel país".