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Cheyre: Ejército asume responsabilidad institucional por violaciones a los DDHH

En documento titulado "Ejército de Chile: El fin de una visión", el General Juan Emilio Cheyre asume, "como institución", los "hechos punibles y moralmente inaceptables" cometidos al amparo de la dictadura y descarta cualquier excusa que los justifique, aunque insiste en que los hechos se dieron en un "escenario de conflicto global". Texto es difundido a días de que se conozcan los resultados de la Comisión de Tortura y Prisión Política.

Viernes 5 de noviembre de 2004

"Las violaciones a los Derechos Humanos nunca y para nadie, pueden tener justificación ética", dice el Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre, en un texto titulado "Ejército de Chile: el fin de una visión" en el que, además, asume la responsabilidad institucional por los crímenes cometidos por el estado durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Con el documento, que hoy hace público el diario La Tercera, la autoridad militar dice que "el Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado," entre los que se cuentan las desapariciones de personas, los asesinatos, las ejecuciones sumarias y la tortura.

"Asimismo, se ha condolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e histórica de la institución," agrega.

El escenario no justifica los crímenes

Con esta declaración, el General Cheyre hecha por tierra el argumento de las responsabilidades personales asumido por sus antecesores respecto de tales crímenes y precisa que se trata de "violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse".

Si bien, como lo han señalado muchos de los partidarios de la dictadura, reitera que el Golpe de Estado surge en un contexto de "Guerra Fría (...)- generalizada en los diferentes actores sociales nacionales y organizaciones en todo el mundo- que llevó a la radicalización del conflicto y a la imposición de una lógica de confrontación", de la que el "Ejército de Chile no pudo sustraerse", el uniformado es enfático en descartar que dicho escenario permita eludir las responsabilidades.

La institución, "actuó -en ese contexto- con la absoluta certeza que su proceder era justo y que defendía el bien común general y a la mayoría de los ciudadanos. Se podrá disentir totalmente de esta afirmación, es lícito, pero no es igualmente lícito olvidar ni la lógica de la confrontación que imperaba en ese momento ni el comportamiento consecuente que ella indujo en los chilenos de entonces", dice, antes de dejar fuera de esa explicación los delitos que asume como Ejército.

¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie, pueden tener justificación ética", afirma junto con llamar a no entender sus dichos como una morigeración de lo ocurrido, sino como un esfuerzo más en la búsqueda de la verdad pues, ya lo he dicho antes, la verdad libera y trae paz a los espíritus; pero debe ser una verdad completa y entendida siempre en el contexto histórico en que ocurrieron los hechos.

A días de informe sobre tortura

La trascendental declaración de Chere, surge a días de que el Presidente Ricardo Lagos, reciba los resultados de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Valech, por estar presidida por el obispo emérito Auxiliar de Santiago, monseñor Sergio Valech, vicario de la pastoral Social.

Dicho organismo, que recabó antecedentes sobre estos delitos cometidos durante el gobierno de Augusto Pinochet, recibió los testimonios de 35 mil personas con lo que, de acuerdo a lo que pudo conocer La Nación y que fue publicado en el artículo "Así se torturó en Chile" del 10 de octubre último, se estableció que la tortura fue una política de Estado.

En efecto, tal informe confirma que la tortura fue una forma institucional de operar durante la dictadura militar en todo el país, y no fueron actos de individuos que se arrancaron de los mandos, como se han esforzado en sostener los máximos responsables de la dictadura, como el propio Pinochet.

La Comisión, además de monseñor Valech, estuvo formada, entre otros, por Miguel Luis Amunátegui, Luciano Fouillioux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira, Lucas Sierra y Álvaro Varela.

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