La Comisión Nacional para la Prisión Política y la Tortura, que presidió el obispo Sergio Valech, entregó ayer su informe final al Presidente Ricardo Lagos, quien lo estudiará antes de darlo a conocer al país a comienzos de diciembre y de proponer una reparación simbólica a los 35 mil compatriotas que fueron vejados en su dignidad entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

La conclusión más dolorosa es que la tortura fue parte de la política de aniquilamiento de quienes habían sido partidarios del gobierno del Presidente Allende y, más tarde, de represión de cualquier disidente. En 1991, el Informe Rettig ya había aportado pruebas contundentes de que la política de detención y desaparición de opositores obedecieron a una metodología del terror de la dictadura de Pinochet.

Las nuevas evidencias demuestran que aquellos años no tienen parangón en la historia de Chile en materia de abusos. La verdad, que tantas veces fue escamoteada por quienes detentaron el poder, ha terminado por imponerse. ¡Cómo no recordar en esta hora a los valientes que, como el cardenal Raúl Silva Henríquez y el abogado Jaime Castillo Velasco, batallaron sin desmayar por la dignidad humana en un tiempo en que otros callaban!

El Informe Valech debe ser la base de un compromiso nacional por la paz, la libertad y el derecho. Ya sabemos que, cuando la democracia se derrumba, las peores pesadillas pueden volverse realidad.

Sólo habremos aprendido las duras lecciones del pasado si convertimos la cultura de los derechos humanos en nuestra norma de vida. Eso significa velar siempre y en cualquier circunstancia por las garantías individuales, y rechazar toda forma de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y eso no admite excepciones.

Hay que promover la educación de los derechos humanos en todos los ámbitos de la sociedad. La familia es el inexcusable punto de partida. Las escuelas, liceos y universidades tienen también mucho que hacer al respecto.

Los chilenos esperan que las FF.AA. aprovechen esta oportunidad para ajustar cuentas con la historia. Hace unos días, el comandante en jefe del Ejército reconoció la responsabilidad de la institución en los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado, y reafirmó la voluntad de acentuar la formación de sus miembros en la firme adhesión a los valores democráticos y el respeto de los derechos humanos. Ese es el camino del honor militar.

Los miembros de las FF.AA. deben tener claro que incluso en la guerra hay principios que no pueden ser atropellados, como el trato humanitario a los prisioneros. La reciedumbre militar no tiene por qué confundirse con la crueldad o la falta de escrúpulos. Necesitamos que los soldados se formen como personas de honor, esto es, con sentido de los límites morales. Para esto, debe desterrarse cualquier tipo de abusos físicos y sicológicos contra los reclutas. El entrenamiento para el combate debe despojarse de los ritos de humillación y violencia.

También hay que revisar la enseñanza en los institutos formadores de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, y por cierto la práctica cotidiana en los recintos policiales. Ningún detenido puede ser torturado. Si ello ocurre, los jefes deben responder.

Necesitamos que el país entero refuerce su compromiso con la cultura de los derechos humanos, que es, al fin y al cabo, la base de la civilización en nuestro tiempo.

Podemos aprender de la historia. Tenemos que aprender de la historia. Del dolor que hoy emerge a la luz del día podemos sacar nuevas fuerzas para construir una sociedad más justa y más humana. Transmitamos ese mensaje a las nuevas generaciones.

¡Nunca más! ¡Nunca más! Esa debe ser la firme decisión de todos en esta hora de regeneración de la patria.