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Entró agua al bote

Si bien tanto la Fuerza Aérea como la Armada tomaron distancia de la posición que adoptó el comandante en jefe del Ejército, es esta última rama la que pasa por su trance más difícil. El cuerpo de almirantes sabe que esta vez es imposible insistir en la negativa absoluta y por eso se baraja la alternativa de que la Esmeralda sea "sacrificada" para no hacer el reconocimiento institucional de los crímenes.

Domingo 14 de noviembre de 2004

La Armada optó por esperar conocer el Informe sobre Prisión Política y Tortura, antes de que su cuerpo de almirantes y su comandante en jefe adopten una respuesta oficial. Sin embargo, ya el almirante Miguel Ángel Vergara dejó trascender el jueves pasado el tenor de lo que podría ser la respuesta de la institución, haciendo declaraciones el mismo día en que el documento fue entregado al Presidente Lagos en La Moneda: "Hablar de responsabilidades institucionales es un tanto amplio y genérico y se puede prestar a muchas interpretaciones. Desde ya yo puedo poner mis manos al fuego que los 25 mil hombres que tengo el honor de comandar, ninguno de ellos tiene responsabilidad en asuntos de violaciones de derechos humanos. Y las generaciones pasadas, la gran mayoría, probablemente tampoco tienen nada que ver. Es decir, debemos esperar el informe con calma, analizarlo, y enseguida hacer estas declaraciones si son o no responsabilidades institucionales".

La Armada está enfrentada a la decisión más difícil en materia de violaciones a los derechos humanos, desde el mismo golpe militar de 1973. En rigor, desde unas semanas antes, cuando el Servicio de Inteligencia Naval detuvo a los marineros constitucionalistas que integraron la red clandestina a bordo de los barcos de la Escuadra, intentando hacer algo para oponerse al golpe de Estado. Porque ya en agosto de 1973, ellos fueron torturados por los infantes de Marina. El momento histórico es hoy para esta entidad más difícil que cuando se hizo público el Informe Rettig, puesto que ahora quienes acusan están vivos.

Ante la entrega del referido informe, el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, previno al almirante Vergara sobre lo que sería su reconocimiento, admitiendo que los crímenes cometidos respondieron a una política del Ejército y por tanto del Estado.

Pero Vergara no lo siguió. La Armada no es el Ejército. La Marina, además de militar, es una institución "eminentemente ideológica", según afirma un analista de defensa que, esta vez, pide reserva de su nombre. Por lo tanto, el análisis que haga la fuerza naval de este nuevo documento tiene ingredientes que no están presentes en las otras ramas, lo que hace aún más difícil su toma de decisión.

 

El exorcismo de la "Dama"

 Pero el mar de fondo en la Armada existe. En su alto mando el informe causó real inquietud porque se asume que, tras haber descalificado de plano el Informe Rettig, al igual que el resto de las ramas castrenses, se sienta a la institución en la banca de los acusados. Un hecho nuevo porque, tal como sabe el cuerpo de almirantes, hasta ahora la institución ha pasado más bien "piola".

Aunque con los dientes apretados, en esa instancia se acepta que, esta vez, es imposible insistir en la negativa absoluta.

Una de las alternativas que se barajan, según fuentes vinculadas a la Marina, es aceptar un nivel de culpa, no como institución, pero admitiendo que "hubo algunos mandos" que actuaron por propia iniciativa, torturando y promoviendo la aplicación de tormentos a los detenidos.

Pero en ese mismo sentido, estas voces se niegan a que la Armada reconozca que las torturas se cometieron en todos los lugares que menciona el informe, y que son casi todos en los que la Marina mantuvo detenidos en el país.

A cambio de ello se piensa que se podría elegir "sacrificar" uno de esos lugares "emblemáticos", admitiendo la veracidad de lo que allí sucedió. Ese lugar podría ser, de acuerdo a quienes sostienen esta línea del mal menor, el buque escuela Esmeralda.

Quienes plantean esta idea dentro del cuerpo de almirantes, resistida por otros, saben que "sacrificar" a la Esmeralda tiene la siguiente ventaja: demostrar públicamente que, si bien no se asume la responsabilidad de los delitos como institución aceptar torturas sobre esta nave poniendo de paso en duda otros lugares tiene un gran costo para la Armada. Algo así como "con esto, no nos pidan más".

Si finalmente la Armada se inclina por "entregar" la Esmeralda, una de las ideas que se discuten es realizar una ceremonia a bordo, invitando a algunos ex prisioneros. No para pedirles perdón, el que tampoco pidió el Ejército a las víctimas, sino para hacer el difícil reconocimiento con ellos presentes. Sólo una ceremonia simbólica.

El reconocimiento de lo que sucedió arriba de este buque puede tener dos resultados: o la Dama Blanca termina por convertirse en una fúnebre señorona que será abucheada en cada puerto (lo que de algún modo ya sucede hoy) y entonces más vale deshacerse de ella, o renace de entre sus congojas para volver a vestirse de blanco limpio.

En la línea de la "operación Esmeralda", el almirante Vergara dijo el jueves pasado "yo nunca he negado que en la Esmeralda...mire, la Esmeralda fue un centro de detención aproximadamente durante doce días inmediatamente posterior al 11 de septiembre. Si ahora a raíz del informe yo tengo antecedentes de que en la Esmeralda se violaron los derechos humanos, tendré que reconocerlo y lamentarlo profundamente".

El debate de posturas al interior del cuerpo de almirantes es intenso. Y no hay mucho tiempo para que se tome una decisión oficial. Cuando mucho, hasta inmediatamente después de que termine la reunión APEC en Santiago, porque el informe sería hecho público a los pocos días de finalizada esa cumbre.

 

Una élite ideológica

 De todas maneras, las fuentes consideran muy difícil que la Armada siga el camino del general Cheyre. Entre ambas ramas existe una enorme diferencia. "La Marina es una institución ideológica; religiosa; integrista católica; de valores conservadores con mucho Opus Dei en su interior; eminentemente aristócrata y clasista; elitista; y que considera que el perdón, como en la religión católica, es sólo una cuestión del individuo pecador y no de la iglesia como institución", afirma el analista de defensa consultado.

De hecho, fue fundamentalmente en la Armada donde se planificó y se decidió el golpe de Estado de 1973. Fue esa institución la que se hizo cargo del diseño de la política económica de la dictadura. Fueron los mandos medios de la Armada, capitanes de corbeta y fragata, y los capitanes de navío, además del cuerpo de tenientes, los que ayudaron a presionar al alto mando para que diera el zarpazo, eligiendo como su guía al almirante José Toribio Merino. A éste le dirigieron cartas con resultados abiertamente golpistas emanados de virtuales asambleas, nominándolo como comandante en jefe, cuando Merino era sólo el jefe de la Primera Zona Naval. El verdadero comandante era el almirante Raúl Montero a quien literalmente derrocaron.

En esos documentos publicados por primera vez por el propio Merino en sus memorias "Bitácora de un Almirante" de 1998, queda reflejado el carácter ideológico de la formación de estos oficiales en la Escuela Naval. "Hemos sido educados en nuestra Escuela Naval en un sistema democrático y esencialmente antimarxista; de ello consta en los textos que la superioridad nos ha entregado en los diferentes niveles de educación (...). Y el Presidente de la República (Allende) ha expresado pública y enfáticamente ser marxista (...). Hemos condicionado nuestra permanencia en la institución a que ésta actúe decididamente para desterrar el marxismo en Chile", dijeron a Merino 109 subtenientes, tenientes segundos y primeros de la Escuadra y la Primera Zona Naval en una carta fechada el 5 de septiembre de 1973. Según Merino, constituían el 80 por ciento de los oficiales subalternos de la zona.

Mientras, los capitanes de corbeta y fragata demandaban en otro documento emanado de una "Primera sesión de estudio de los mandos medios" de mayo de 1973 "una pronta definición del mando que satisfaga nuestros ideales en base a oponerse a la dictadura marxista. Esto tendrá el apoyo de toda nuestra oficialidad y personal a nuestro cargo...".

Entre los entonces tenientes firmantes, están el actual comandante de la Tercera Zona Naval, contralmirante Arturo Ojeda Zernott; y los vicealmirantes Rodolfo Codina Díaz, director general del Territorio Marítimo y Marina Mercante; y Juan Eduardo Illanes Laso, director general de los Servicios de la Armada. LND 

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