A Edita Araya el tóxico plaguicida le alcanzó el corazón. Tiene pena, rabia y aunque fue dada de alta el miércoles pasado, no sabe qué va a hacer. Todavía tiene las piernas heridas, la sofocan las preguntas, las miradas. Le cuesta comprar la clorfenamina que le prescribieron para combatir la alergia. Mira hacia el techo y repite que le duele el cuerpo, mientras se mueve con lentitud. Le pesan los 58 años de mujer de campo, pero la agobian los diez que ha trabajado como temporera.

"Nunca me había pasado algo así, pero quién va a hacer algo señorita, ya no quiero más periodistas, quién me va a dar plata por lo que yo he pasado, ¡Míreme las piernas, ya estoy mejor, pero míreme las piernas!", repite pidiendo explicaciones. Ella es una de las veinte temporeras que resultaron heridas en el fundo "El Descanso" de Pelarco por mala utilización de pesticidas.

Ese 22 de octubre llegaron a trabajar a las seis de la mañana al fundo, sintieron la humedad del suelo, pero pensaron que se trataba del rocío y comenzaron su primera jornada de cosecha de habas. Cerca del mediodía los mareos y la picazón eran generalizados, luego comenzaron a aparecer las ampollas, la piel roja, y para muchas una pesadilla con la que tienen que convivir a la fuerza.

COMO GANADO

A pesar que la Dirección del Trabajo aplicó una multa de un millón 262 mil 170 pesos al propietario del predio, para Edita es casi una burla, también para el hambre, porque si bien el accidente deja en claro las condiciones indignantes en que trabajan cientos de temporeras, no tienen más fuentes laborales donde recurrir.

Por absurdo que parezca, no es la primera vez que estos trabajadores agrícolas soportan este tipo de hechos, dejan pasar el tiempo y vuelven a la tierra. Guardan silencio, prometen a sus contratistas que se hacen responsables de los que les pase y enfilan una y otra vez como ganado hacia los campos. "Porque parecemos ganado, señorita, nos meten en unos camiones tres cuartos a todos juntos, lo único que vemos es el cielo, a veces ni siquiera sabemos dónde vamos, la madera del camión no nos deja ver, nos sacan como a las cuatro de la mañana", relata Edita, a quien se le diagnosticó un eritema multiforme con ampollas y alergia intensa.

Otra de las temporeras que debió ser hospitalizada es Olivia Muñoz, quien presentó una dermatitis ampulosa severa y alergia intensa. A pesar de que el caso es similar a otros causados por pesticidas, los médicos son cautelosos, ya que un informe determinó que no se detectaron residuos tóxicos en el lugar.

El subdirector del Ambiente del Servicio de Salud del Maule, Sergio Jara, señaló a LND que de acuerdo a los exámenes que se hicieron de las habas que había en el fundo, no se encontraron señales de herbicidas, fungicidas o pesticidas y por lo tanto no puede haber un pronunciamiento oficial respecto a las causas de la intoxicación masiva que muchos insisten en llamar alergia al manzanillón.

Sin embargo, no es menor considerar en los resultados de las muestras que el accidente se produjo el 22 de octubre y el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, concurrió al cultivo de habas recién el 2 de noviembre para hacer los análisis respectivos. "No podemos decir que hay pesticidas, porque no se encontraron, pero se demoró la toma de muestras, pasó un período largo de tiempo y puede ser que el producto se haya volatilizado", señaló Jara.

A pesar de este resultado, ante los ojos de las trabajadoras y también de especialistas conocedores del tema, las quemaduras en la piel de las temporeras fueron provocadas por plaguicidas. El negarlo, resulta para ellas una muestra más del desamparo en que se encuentran cientos de trabajadores rurales del país.

San Máximo

Claudio nunca ha pensado qué quiere ser cuando grande. Tiene 11 años y espera diciembre no por la Navidad, sino que para ayudar a su mamá en la cosecha de porotos. A la par con los grandes se sienta en el suelo y comienza a trabajar. Puede estar en lo mismo ocho horas y de recompensa recibe mil 500 pesos, precio que se paga por llenar un saco. "Claro que el entusiasmo le dura un par de días porque después no lo levanta ni un camión, no ve que estamos en pie a las cinco de la mañana", comenta Isabel Bravo, su mamá.

El año 2002 Isabel estuvo hospitalizada ocho días debido a las quemaduras que le provocó un pesticida de dudosa procedencia cuando trabajaba en un huerto. La gravedad de sus heridas la tiene rezando para no tener que acudir de nuevo al campo, pero eso nunca se sabe. "Me hicieron una colecta las otras mujeres, porque no podía caminar, igual que lo que le pasó ahora a las temporeras, veníamos con ampollas, con todas las piernas heridas", cuenta Isabel.

Ella es uno de los 4 mil habitantes que tiene la población San Máximo, en la localidad de San Clemente, cerca de Talca. Más de la mitad de los habitantes de esta villa trabajan como temporeros. "No hay más trabajo, pregunte, de cien casas sólo cinco deben tener al dueño, el resto se ha ido a trabajar a otros lugares, a Talca, a Santiago o pa'l norte. Aquí la gente tiene hambre", cuenta Jacqueline Hernández, presidenta de la Agrupación de Temporeras de San Máximo.

Luego del accidente que significó graves quemaduras para una buena parte de su población hace dos años, ellas decidieron organizarse y reivindicar los derechos de las temporeras. Así crearon la agrupación que ahora recibe amenazas e insultos de parte del resto de los pobladores. No todos las quieren porque la lucha que han levantado en los últimos días ha significado que los dueños de predios no quieran ver a trabajadores de San Clemente en sus huertos.

Ésa es por lo menos la orden que tiene Alejandro Esparza, el "contratista" que llevó a los temporeros y temporeras que sufrieron quemaduras en el fundo "El Descanso". Él no quiere hablar con la prensa, pero en su defensa sale su mujer que asegura que toda su familia está afectada con lo sucedido, pero que a los trabajadores nadie los obliga. "Más la alharaca que han armado con la cuestión, lo único que han conseguido es que a mi marido le digan que no quieren a más gente de San Clemente porque son problemáticos, quizás ahora tenga que contratar buses para llevar a la gente", grita desde la puerta de su casa, también en la población San Máximo.

Trasladar a los temporeros en buses es una de las obligaciones que impone la ley, pero en San Clemente no ocurre así en la mayoría de los casos. En los últimos meses los contratistas han optado por comenzar aún más de madrugada el traslado de trabajadores para evitar la fiscalización de Carabineros y es un secreto a voces que en vez de hacer el recorrido tradicional, los camiones prefieren tomar un camino aledaño llamado "El Colorado" para burlar a la policía, que tampoco tiene instrucciones especiales para estos casos.

El teniente de la Primera Comisaría de San Clemente, Mauricio Gutiérrez, asegura que si bien no existe una orden especial para fiscalizar el transporte de los temporeros y temporeras, en los patrullajes habituales no se han detectado irregularidades. Sin embargo, lo habitual es que los trabajadores de la población San Máximo viajen en camiones.

Condiciones infrahumanas

El director del Trabajo de la Región del Maule, Francisco Huelcaleo, reconoce a LND que dentro de la fiscalización el principal abuso de los empleadores se da en términos de higiene. "En su mayoría las temporeras no tienen agua para beber, tampoco cuentan con un baño cerca, no tienen sillas o una mesa para comer y los dueños operan con prácticas antisindicales que les impide a los trabajadores organizarse y hacer valer sus derechos", enfatiza Huelcaleo.

La temporada anterior la Dirección del Trabajo de la Séptima Región cursó infracciones a 279 empresas de un total de 389 fiscalizadas. La mayoría de ellas por no contar con normas básicas para la labor de los trabajadores agrícolas.

"A mí una vez un patrón me dijo bien claro que él me pagaba por trabajar y no por comer, y todo porque me estaba echando un pedazo de pan a la boca. Habíamos empezado a trabajar como a las seis de la mañana y eran como las dos de la tarde", recuerda Ana González de sus años en la cosecha de trigo. Ella recalca que éste es uno de los peores trabajos que ha tenido, porque pagan sólo 500 pesos por saco lleno y para hacerse más dinero hay personas que trabajan sin detenerse más de 12 horas. "¡No se paran al baño, no comen, ni toman agua!", agrega Ana González.

Tóxico mundo

De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los plaguicidas causan aproximadamente entre 2 y 5 millones de casos de intoxicación al año en el mundo, de los cuales 220 mil tienen resultado de muerte. El principal problema en Latinoamérica, tanto en los sectores agrícola y forestal, como en el uso doméstico, es que estos tóxicos se utilizan vulnerando las normas básicas de seguridad.

Hoy la fiscalización de estos tóxicos que se utilizan por temor a las plagas, la realiza el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. "Pero es imposible pensar que puedan controlar todo, no hay dinero ni recurso humano para hacerlo", señala Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina, RAP-AL.

En esta ONG entienden que es necesario controlar la calidad de las plantaciones, pero aseguran que deberíamos optar por los campos trabajados de manera agroecológica. Sin embargo, parece que está todo dado en bandeja para que sean los agricultores orgánicos los que más trabas tienen para comercializar sus productos. "Para ellos no hay regalías, en cambio los agricultores tradicionales tienen todas las facilidades del mundo y casi deberían pagar un impuesto específico por contaminar de la forma en que lo hacen", señala Elena Rozas.

Los fabricantes de pesticidas en el mundo son en su mayoría empresas trasnacionales que se aseguran de tener un buen avisaje y presionar cuando es debido ante la Organización Mundial de Comercio, OMC. Las principales son Syngenta Agribusiness S.A., Aventis Cropscience y Bayer, que paradójicamente también se encarga de fabricar medicamentos para el bienestar del ser humano.

En Chile casi no se producen pesticidas y la industria nacional ha estado concentrada en preparar productos con los principios activos que se importan. Casi todos los pesticidas pertenecen a una categoría toxicológica que los clasifica de más a menos peligrosos, sin embargo hay muchos de ellos que pueden ser adquiridos incluso por un niño.

En Chile los plaguicidas se utilizan tanto en el ámbito agrícola como sanitario, punto en que también se generan contradicciones. El Lindano no está recomendado en la agricultura por ser un plaguicida orgánico persistente, sin embargo, se vende en farmacias y se utiliza frecuentemente para combatir la pediculosis.

A pesar de que nuestro país ha suscrito convenios internacionales para erradicar del mundo mortales plaguicidas, las organizaciones ambientalistas acusan que los pequeños predios, ubicados en zonas apartadas, todavía hacen uso de tóxicos peligrosos. Sus efectos pueden ser agudos, capaces de causar la muerte instantánea; o crónicos, es decir, potenciales causantes de cáncer o graves malformaciones congénitas en fetos. En el ámbito del maltrato al medio ambiente, la segunda causa de infertilidad en el mundo es provocada por los plaguicidas

Malformaciones

A fines de los '80 la doctora María Victoria Mella, ginecóloga y obstetra del Hospital Regional de Rancagua, presentó un estudio que determinó que en ese establecimiento las malformaciones múltiples o mayores en fetos, superaban con creces las de otros hospitales en zonas no agrícolas. Así observó que la mayor parte de defectos se concentraban en el tubo neural y que uno de los progenitores tenía relación con el trabajo agrícola y la exposición a pesticidas.

El aumento de este tipo de casos coincidió además con la nueva forma en que se comenzó a explotar la tierra en Chile. Un índice que se registra en la fecha es el alza de 4 millones a 38 millones de dólares en las importaciones de plaguicidas entre 1975 y 1988. "Es demasiado obvio lo que sucede con los plaguicidas. Desde el punto de vista de la ciencia los efectos dañinos de los tóxicos son reales, por eso cuesta creer que nadie haga algo", señala la doctora María Victoria Mella, quien continúa trabajando en el Hospital Regional de Rancagua.

Esta situación no sólo se vive en esta zona, las malformaciones congénitas son críticas en Melipilla, Pomaire y otros sectores de Chile. De acuerdo a estudios de la ONG RAP-AL, los problemas causados por plaguicidas son mayores en las regiones Quinta, Sexta, Séptima y Metropolitana y aunque van disminuyendo hacia el sur, también han cobrado víctimas.

El 7 de octubre pasado, Macarena Mendoza Valenzuela, una trabajadora temporera del fundo San Luis de la comuna de Lautaro, en la IX Región, murió en el hospital de esa localidad luego de inhalar plaguicida Furadan 10 G (carbofurano), mientras preparaba una mezcla para fumigar. El Servicio de Salud Araucanía Sur inició un sumario sanitario contra la empresa agrícola. El Furadan 10 G está clasificado por el SAG en la categoría de "moderadamente peligroso", mientras que en la OMS figura como "altamente peligroso". Curioso criterio de la entidad estatal chilena que prefiere mirar hacia el lado en vez de seguir las recomendaciones de la OMS.

El avión

Entre las temporeras afectadas en el fundo "El Descanso" también está Marisol Martínez, que sufrió heridas en los brazos, manos y piernas. Tiene dos meses de embarazo y desde el accidente de octubre vive con temor por las consecuencias que pueda sufrir el hijo que se está gestando, ya que son precisamente los tres primeros meses de embarazo los más riesgosos y definitivos para la salud del feto. Pero la pobreza deja poco margen de elección.

Su esposo estaba sin trabajo hace seis meses y con dos hijos adolescentes que alimentar, ella tuvo que trabajar en lo que viniera. Y lo que viene siempre en San Clemente es la cosecha. Marisol junta dinero cuando llegan los trabajos esporádicos. De ahí para adelante viven con la plata justa para comer. Ya está atrasada en los dividendos por los que las pobladoras desembolsan entre 10 y 14 mil pesos mensuales. La tarea se hace cuesta arriba cuando tienen que pagar las casas de 700 mil pesos que se ganaron a través del subsidio.

Todo esto hace que las temporeras deban aceptar las condiciones que se imponen en los sectores rurales. "De repente fumigan con una ahí, nos dicen ahí viene el avión cuando estamos trabajando", comenta Ana González.

En los sectores rurales aparece otro Chile. Uno que queda al margen del 7 por ciento de crecimiento. Otro, donde los trabajadores se enferman y se mueren por mil pesos diarios. LND