El procesamiento del general (r) Augusto Pinochet por crímenes en el marco de la Operación Cóndor, coincidió de manera inesperada con una actividad relacionada con el tema de las violaciones a los Derechos Humanos que, casi a la misma hora, encabezaba la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Clara Szczaranski, uno de los principales actores en esta materia.

La jurista, que concentró una lluvia de criticas en los últimos meses debido a la negación de la tesis del secuestro permanente expresada en un juicio por un caso de Detenido Desaparecido, presentaba este mediodía su libro "Culpabilidades y sanciones en crímenes contra los derechos humanos. Otra clase de delitos", cuando el magistrado comunicó su resolución.

Convocada de inmediato a dar su opinión sobre el tema, Szczaranski señaló que esta le parecía "muy bien". "Este país lo necesita porque el proceso, que no es en sí ni una condena ni una incriminación, es el camino del estado de derecho para acreditar las responsabilidades, y ante hechos tan graves como los que se le imputan, el país necesita que se entre en una fase probatoria a fondo sobre lo qué ocurrió y qué responsabilidades tuvo", dijo para explicar esa satisfacción.

Si son efectivas estas responsabilidades de Pinochet ,"como el más alto mando, las debió asumir espontáneamente hace mucho tiempo, pero si no las asume espontáneamente, bueno sería que se puedan acreditar en un proceso", agregó.

Respecto de la posición del CDE ante el secuestro permanente, en que nueve casos mantienen nuevamente procesado al ex dictador, y a la participación del organismo autónomo en esta causa, precisó que "nosotros en el caso Operación Cóndor alegamos asociación ilícita y la asociación ilícita es permanente y no tiene las dificultades de que de repente aparece el muerto y se acabó el secuestro. La asociación ilícita perdura con o sin muerto".