A más de una década del final de las guerras civiles en Centroamérica, un nuevo azote ha reproducido la violencia y la convulsión social que en su momento causaron los cruentos enfrentamientos entre grupos guerrilleros y las fuerzas militares subordinadas a los gobiernos de turno.
Ahora es el turno de las ‘Maras’, como se conocen en la región a las pandillas criminales, integradas por miles de jóvenes de 12 hasta los 30 años, que se dedican al robo, la extorsión, el tráfico de drogas, de armas y de personas.
Según los expertos, las ‘Maras’ son las ‘hijas naturales’ de la miseria y la marginación social, y la consecuencia más dolorosa de los conflictos que sacudieron Centroamérica en las últimas décadas del siglo pasado. Además, estos grupos delictivos se han convertido en una verdadera ‘epidemia’ ya que su presencia ha sido detectada en todos los países de la región, incluido México.
El irracional grado de violencia de estas organizaciones quedó brutalmente de manifiesto el viernes pasado, cuando 28 personas que viajaban en un bus fueron masacradas a balazos en Chamelecón, 225 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, Honduras.
Poco después del ataque, la policía detuvo a varios miembros de la ‘Mara Salvatrucha’, una de las mayores bandas criminales juveniles que opera en el país, quienes reconocieron la autoría de la atroz matanza. VIOLENTA GENESIS
Según estadísticas de la oficina Federal de Investigaciones de estados Unidos (FBI), las ‘Maras’ están integradas por al menos 300 mil jóvenes, y han alcanzado tal nivel de peligrosidad que han sido consideradas por este organismo de seguridad norteamericano como la manifestación de crimen organizado más violento en el continente, incluso por sobre los grupos guerrilleros colombianos y las organizaciones narco-delictivas de Brasil.
Y no es para menos, si se considera que estadísticas de las policías centroamericanas atribuyen a las ‘Maras’ más del 50% de los crímenes cometidos en la región.
Estas pandillas se formaron a partir de la emigración a Estados Unidos de cientos de jóvenes salvadoreños que huían de la guerra civil en su país. En su mayoría huérfanos y provenientes de los estratos más pobres, estos ‘auto-exiliados’ se vieron obligados a unirse para enfrentarse a las hostiles pandillas juveniles de Los Ángeles y San Francisco.
Copiando los métodos de violencia, ritos de iniciación y patrones de conducta de las bandas estadounidenses, los jóvenes salvadoreños crearon en Los Ángeles la primera ‘Mara’, la del bloque 18, conocida actualmente como la ‘Mara 18’.
Tras la deportación en masa de sus miembros ordenada por las autoridades migratorias norteamericanas, los repatriados volvieron a El Salvador donde fundaron otras dos ‘Maras’: la ‘13’ y la más temible de todas, la ‘Salvatrucha’.
Al poco tiempo, estas expresiones sociales delictivas fueron exportadas a los países limítrofes de El Salvador, multiplicándose hasta llegar a ser una verdadera epidemia en toda Centroamérica.
Para convertirse en integrante de una ‘Mara’, la violencia está presente desde el principio: el aspirante debe soportar una feroz golpiza propinada por la ‘clica’ o célula de las ‘Maras’. Si sobrevive, el líder le da su nombre “mara” al iniciado.
Usualmente, los ‘mareros’ se expresan en palabras específicas de un lenguaje propio, escuchan música rap, usan ropa holgada y portan tatuajes, que dependiendo del grupo al que pertenecen pueden ser figuras de mujeres, los números 13 ó 18, la leyenda “somos nosotros” o las letras “ms”. Y, por supuesto, siempre portan armas de fuego.
Dotadas de un alto nivel de organización, de carácter piramidal y en cuya base se ubican las ‘clicas’, las ‘Maras’ tienen un código de honor que limita sus actividades a la conservación del territorio y la eliminación de los grupos enemigos.De hecho, las autoridades policiales de la región han denunciado insistentemente que los grupos de narcotraficantes que operan en sus países aprovechan la estructura delincuencial de las ‘Maras’ para contratar a sus integrantes como sicarios. Incluso, la Fiscalía General de México recientemente aseguró que algunas de estas pandillas han establecido una suerte de “alianza estratégica” con varios carteles de la droga, como el de Juárez y el de Tijuana.
Asimismo, las autoridades de Guatemala y Honduras advirtieron en octubre pasado sobre posibles ‘contactos’ que integrantes de estos grupos delictivos habrían tenido con terroristas de la red Al Qaeda.
”MANO DURA”
Para enfrentar el desafío que representan para la seguridad pública estas pandillas juveniles -que de ser una expresión de violencia urbana han pasado a tener presencia incluso en apartadas zonas rurales- los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala optaron por declararles “la guerra” al dictar leyes especiales ‘antimaras’, que facultan a las autoridades policiales a realizar redadas masivas e indiscriminadas contra quienes pertenecen a pandillas juveniles.
Ante esta “declaración de guerra”, las ‘Maras’ han intentado intimidar directamente a las autoridades. Este fue el caso del Presidente hondureño, Ricardo Maduro, y del titular del Congreso de ese país, Porfirio Lobo, quienes durante el año han recibido al menos dos amenazas de muerte por parte de estos grupos delictivos.
Sin embargo, en base a las estadísticas oficiales, la política de “mano dura” impulsada ha mostrado buenos resultados en el corto plazo, por cuanto en los países donde están vigentes leyes ‘antimaras’ se ha registrado una sustancial reducción de los índices de delincuencia en las principales ciudades.
“Ha bajado la delincuencia en El Salvador tras la promulgación de la ley ‘antimaras’. Los homicidios por violencia han bajado bastante, en contraste con los accidentes de tránsito”, afirmó el portavoz salvadoreño de la Dirección de Centros Penales, Alberto Uribe.
Sin embargo, recientes evaluaciones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) han concluido que las políticas de “tolerancia cero” contra las pandillas juveniles en Guatemala, El Salvador y Honduras están creando ‘bombas de tiempo’, ya que aunque los gobernantes están resolviendo el problema a corto plazo, en el futuro los resultados de encarcelar a miles de jóvenes podrían ser un pesado lastre social.
A juicio de Víctor Rodríguez, coordinador administrativo del IIDH, en estos países lo que se ha logrado es “llevar el problema a las cárceles y agravarlo, pues en éstas no existen programas de rehabilitación, los ‘mareros’ afinan o aprenden nuevas formas de delito y se fortalecen utilizando su infraestructura en las calles para delitos como el narcotráfico”.
Rodríguez vaticinó que la “mano dura” que se aplica en estos tres países contra las pandillas juveniles, lejos de contener la violencia, más bien la incrementará, al no crearse condiciones para enfrentar el problema de las oportunidades para los jóvenes, las que están relacionadas con áreas como la salud, educación, cultura, recreación y trabajo, que son el verdadero detonante para la violencia.
“Lo que se ha hecho es resolver el problema sólo en apariencias. En la práctica, se está apagando el fuego con gasolina”, sentenció el profesional.
