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Suprema: 6 meses para causas de DD.HH.

El pleno del máximo tribunal ordenó el fin de la etapa investigativa de los procesos (sumario) en un plazo de seis meses, prorrogables, antes de dictar sentencia. "No es una sugerencia, es una orden", dijo el presidente Marcos Libedinsky. Los ministros disidentes hablaron de "favorecer la impunidad".

Miércoles 26 de enero de 2005

En una resolución que abrirá un debate, porque se suma al proyecto de ley de empalme entre sistemas procesales que dará a conocer hoy a las 10:50 horas el ministro de Justicia, Luis Bates, y que incluirá los casos de derechos humanos, el pleno de la Corte Suprema fijó un plazo de seis meses, a contar de ayer, para que jueces y ministros de corte que instruyen estos juicios pongan fin a la fase investigativa (sumario) en las causas, disponiendo la entrada de éstas en fase plenaria y probatoria antes de dictar sentencia.

En todo caso, la resolución del pleno deja abierta la posibilidad de que los magistrados a cargo de las causas reabran la fase de investigación cuando las partes argumenten que existen "diligencias que estimen indispensables".

Al respecto, el Presidente Ricardo Lagos dijo ayer desde Frankfurt (Alemania) que "creo que no me corresponde como Presidente comentar las decisiones de un poder autónomo del Estado, pero lo que estamos buscando es cómo establecer un mecanismo judicial lo más expedito y con respeto a la búsqueda de cada proceso, que es la búsqueda de la verdad. Y si hay hechos delictivos, sancionar. Creo que es un acuerdo muy positivo desde el punto de vista del país".

Lagos añadió que "lo que ha planteado el acuerdo del Poder Judicial en ese sentido, es un acuerdo que apunta también a tener una mejor administración de justicia".

UNA ORDEN

El presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, dijo al informar el acuerdo que "se busca celeridad, ponerles término a los procesos, pero en ningún caso que haya un punto final". Admitió sí que lo acordado "le quita al juez la facultad de estimar si una investigación está o no está agotada. No es una sugerencia, es una orden".

No obstante, tres de los 19 ministros que integraron el pleno (de los 21 que conforman la Corte Suprema) expresaron que adherían al voto dejando establecido que el retraso de las causas no ha sido responsabilidad de los jueces, sino porque ha existido "falta de cooperación de los inculpados". Así lo expresaron los ministros Jaime Rodríguez, Adalís Oyarzún y María Antonia Morales.

Los jueces José Benquis y José Luis Pérez estuvieron por rechazar el dictamen, porque "es de dominio público la nula o muy limitada colaboración que los imputados y las instituciones en que éstos servían, han prestado al esclarecimiento de este tipo de acciones delictivas".

Estos dos últimos agregaron: "De manera paradojal, en ciertos medios de comunicación que les han dado cabida, algunos imputados o quienes dicen representarlos, han comparecido como víctimas clamando por una rápida terminación de los juicios en que se encuentran involucrados, pretendiendo suplantar a las verdaderas víctimas de esos sucesos delictivos".

FUNDAMENTOS

El pleno fundamentó su dictamen contemplado en un documento, argumentando que todo ciudadano tiene el derecho a un juicio "dentro de los plazos razonables y sin dilaciones indebidas". Los ministros dijeron que este principio no sólo está establecido en la Constitución, sino también en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales Chile es parte.

También justificó la medida exponiendo que el nombramiento de jueces y ministros de corte con dedicación exclusiva a estas causas "ha significado una disminución en la eficacia de la actividad jurisdiccional de los tribunales de los que estos jueces forman parte, siendo de particular trascendencia la situación de la Corte de Apelaciones de Santiago, en cuanto concentra 258 de aquellos procesos a cargo de cinco jueces del crimen y 22 de sus ministros".

El documento dio cuenta que de los 356 procesos que se instruyen en el país por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, 33 se encuentran con la etapa de investigación (sumario) cerrada y sólo en ocho de ellos se ha dictado sentencia de primera instancia. El pleno hizo referencia a que en algunos casos, estos jueces y ministros de corte que se han hecho cargo de las causas han prolongado la investigación "por más de siete años".

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