El ejército uruguayo colgará en los cuarteles los cuadros con retratos de militares sometidos a tribunales de honor o degradados durante la dictadura (1973-1985), según una versión de prensa difundida hoy.

En "El duende de la trastienda", una sección de chismes políticos del diario El País en la que no se citan fuentes, se afirma que el gobierno izquierdista del presidente Tabaré Vázquez "dejó a criterio" del jefe del Ejército, general Angel Bertolotti, la decisión de devolver a los salones los cuadros de militares que fueron castigados por oponerse al golpe de Estado.

El País también insiste hoy en que "los militares retirados plantearon inquietud y preocupación por el hecho de que los pasos definidos" por el nuevo gobierno "lleven a violar lo dispuesto por la Ley de Caducidad".

La ley de Caducidad o de impunidad, aprobada en 1986, impide juzgar y castigar a policías y militares que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Sin embargo, en su artículo 4 la ley deja expresamente afuera algunos crímenes y ordena investigarlos, como los robos de niños y los asesinatos en 1976 en la Argentina de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

En su discurso del 1ro. de marzo, Vázquez aclaró expresamente que los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, o la desaparición y asesinato en Uruguay de María Claudia Irureta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman, no están amparados por la ley de impunidad.

Esto significa que la Justicia argentina puede insistir en pedidos de extradición de militares uruguayos que cometieron crímenes en el país vecino, y que desde 1985 han sido amparados por los gobiernos conservadores de los partidos Colorado y Blanco, durante las presidencias de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle.

El nuevo gobierno uruguayo anunció que dará pase a la Justicia de cualquier pedido de extradición, como lo indica la Constitución. Existe entonces la posibilidad de que desde la Argentina se reitere el pedido de detención preventiva para iniciar los trámites de extradición de los militares retirados José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira, sospechados de tomar parte en operativos del Plan Cóndor, la coordinación represiva de los gobiernos del cono sur americano.

Un pedido formulado en 2001 en este sentido por la Justicia argentina fue guardado por la Cancillería uruguaya y no enviado a la Justicia local.