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La depuración de Palacio

Flamante gobierno aclaró que no se trata de una "venganza política" sino de una obligación histórica para aclarar las irregularidades en que habría incurrido la administración del destituido Lucio Gutiérrez.

Jueves 28 de abril de 2005

Quito.-A una semana de la destitución por "abandono de cargo" del ex Presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, su sucesor, Alfredo Palacio, inició las 'tareas de limpieza' en el nuevo gobierno.

Para esto firmó un decreto con el que destituyó a cientos de funcionarios públicos de la antigua administración, que habían sido nombrado -según Palacio- para cumplir con el cuoteo político.

"Los funcionarios (públicos) de dudosa reputación deben ser separados de sus funciones", dijo el secretario de la Administración, Luis Herrerría. En una entrevista con el canal 3 de televisión, agregó que "no hay aquí actitud ni criterios de venganza para con el gobierno anterior, pero existe una responsabilidad histórica para solicitar una fiscalización para determinar responsabilidades".

Entre los primeros en ser separados de sus funciones hubo al menos 110 funcionarios del servicio diplomático. "Todos los funcionarios (de cuota política) están fuera, habrá una que otra excepción de personas que han estado allí, que tienen méritos, pero como un porcentaje muy alto es basura, he pedido la renuncia a todos", había dicho el canciller Antonio Parra en declaraciones a la televisión.

La depuración en las listas de funcionarios del gobierno se sumó a la razzia llevada a cabo en la víspera en el Parlamento, donde nueve diputados principales y dos suplentes que fueron "lanzados a la hoguera" como dijo uno de ellos, Vicente Olmedo, a la prensa local.

La descalificación de legisladores se logró gracias a la alianza de los partidos Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID) y el indigenista Pachakutik.

Los diputados separados fueron quienes, siendo opositores, se habían alineado con el oficialismo de Gutiérrez, lo que ocasionó que se los acusara de "traicionar" a la ideología de los partidos a los cuales pertenecían, según una norma del Congreso destinada a impedir cambios de tienda política por intereses impropios.

Con la decisión, los partidos políticos quieren calmar el pedido popular de que "se vayan todos". Pero "lo que están haciendo es aprovecharse de la protesta de los forajidos", afirmó Rodrigo García, ex Pachakutik, quien también fue descalificado.

La exigencia de cambio y depuración no solo recorren los cargos más expuestos a la opinión pública. También se evidencia en las posiciones más humildes de pequeñas poblaciones, donde los habitantes han exigido la renuncia de funcionarios nombrados por el anterior gobernante, destituido por el Congreso tras masivas manifestaciones populares.

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