Es ilegal, denuncian portadores del VIH, y sin embargo ocurre. Por ley el test de Elisa es voluntario y confidencial, pero algunas instituciones financieras condicionan los créditos a la toma del examen. Sin el test no hay préstamo. Con el virus, menos.
Pedro tiene 57 años y hace diez solicitó un crédito hipotecario en el banco Santander Santiago de Punta Arenas. En diciembre decidió abordar la próxima década de dividendos acogiéndose a una oportunidad imperdible: repactar con inmejorables tasas la deuda de $20 millones que aún le restaba cancelar.
Acudió a la sucursal de siempre, en la plaza Muñoz Gamero, donde tropezó con una sorpresa que conoció en detalle cuando llegó a la clínica de la Asociación Chilena de Seguridad. En el banco le dijeron que debía acudir hasta allá para un simple chequeo, pero sólo una vez frente a la paramédico se enteró del verdadero propósito.
-Señor, tiene que firmar este documento.
-¿Por qué?
-Con esto usted está aceptando las condiciones de la realización del examen de VIH-Sida, el test de Elisa.
-¿Pero por qué?
-No me pregunte a mí, a nosotros nos manda el banco y tenemos que tomar el test. Ellos pagan el examen.
Pedro firmó y se sometió sin inconvenientes al test. Y le fue bien. Los resultados confirmaron que el virus no estaba en su cuerpo, obtuvo el nuevo crédito y hasta pudo rebajar la deuda en monto y plazo. Sin embargo -pensó-, el problema era mayor: de haberse negado a firmar, el préstamo jamás hubiese sido aprobado. Peor aún, si el examen arrojaba positivo, el rechazo del crédito se convertiría en la primera bofetada del estigma económico y social.
El asunto trascendió a la prensa local, la noticia desconcertó a organizaciones que luchan por los derechos de los portadores del virus y tomó por sorpresa al Seremi de Salud. Y no se trataba de un caso aislado. “Según nos informaron, pasa en el BCI, el Banco de Chile y Corpbanca con préstamos en promedio superiores a $70 millones”, dice Vasili Deliyanis, coordinador del área de derechos ciudadanos de Vivo Positivo, que agrupa a personas viviendo con VIH.
Si bien el caso de Pedro está asociado al seguro de desgravamen –póliza que se debe contratar al momento de solicitar un crédito hipotecario y que cubre el saldo insoluto de la deuda en caso de muerte del cliente-, en Vivo Positivo agregan que el Banco de Chile exige el examen a todos quienes pidan préstamos superiores a $86 millones, el BCI a créditos por sobre $103 millones y Corpbanca sobre $69 millones.
Y no son los únicos bancos que plantean el test de Elisa como requisito. En rigor, la mayoría lo hace por una razón muy simple: el examen es una condición que establecen las compañías de seguros. “No es un tema que dependa de los bancos, sino que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)”, se desmarcan en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
Pero sucede que bancos como los mencionados poseen, como parte del holding, sus propias corredoras de seguros. La Nación se contactó con ejecutivos de los cuatro bancos aludidos y ninguno emitió un comunicado oficial. No obstante, todos reconocieron que al margen de que cada caso se analice según criterios de edad y capital en riesgo, “la exigencia del test no depende de los bancos, sino que de las compañías de seguro”, señala una fuente del Banco de Chile.
Dependa de quien dependa, la fórmula es abiertamente rechazada en Vivo Positivo. “Es un criterio basado en la ignorancia, pues desconocen que el VIH/Sida dejó de ser mortal y pasó a ser una patología crónica. Pero con esta conducta siguen arraigando el concepto Sida=muerte”, señala Deliyanis, antes de acusar una problemática mayor: “Los bancos están violando la ley”, advierte.
El artículo 5º de la Ley de prevención del VIH, promulgada en 2001, cautela la confidencialidad y la voluntariedad del test. Es decir, nadie puede exigir a una persona que se someta al examen, pero además dicho resultado es una información que no puede ser revelada ni conocida por ninguna otra persona. “Lo que aquí está ocurriendo es que el laboratorio entrega los resultados a la compañía de seguros y ésta al banco”, sostiene Deliyanis.
COMPRAHUEVOS
Rastreando el origen del controvertido requisito, la pelota comienza a rodar de un lado a otro. Los bancos y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, afirman que el tema no depende de ellos, sino que de las compañías aseguradoras. Pero a su vez, dichas compañías endosan buena parte de la responsabilidad a las firmas reaseguradoras. Empresas trasnacionales cuyas políticas contractuales excluyen también al Sida. En suma, la pelota es devuelta a la SVS.
“Los requisitos que exijan las compañías para la contratación de un seguro de desgravamen y el alcance de la Ley sobre la confidencialidad del test de Elisa, es materia que debe ser jurídicamente analizada, así como también la exclusión en las pólizas se enfermedades preexistentes”, comenta Fernando Pérez, jefe de la división de atención y educación al asegurado de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), sitio donde hasta ahora no han recibido queja ni denuncia.
En semejante tierra de indefiniciones, la situación no variará un centímetro mientras no exista voluntad ni herramientas para corregirla. En la SVS, de hecho, no pueden investigar sin una denuncia hecha con nombre y apellido, y sólo están facultados para actuar en la medida que el propio ‘Pedro de Punta Arenas’ -quien ha optado por no revelar su verdadera identidad para evitar problemas con el banco-, estampe la queja formal en las oficinas de la Superintendencia.
Un último dato, en el primer trimestre de 2005, las compañías de seguros generaron ventas por US$1.024 millones, un 10,5% más que el mismo período del año pasado. De paso, el pago de pólizas a los beneficiarios llegó a US$935,7 millones. En la rueda de prensa en la que se presentaron las cifras, Mikel Uriarte, presidente de la Asociación de Aseguradoras, fue claro: “Esto demuestra que aportamos a la sociedad. Los seguros, en el fondo, protegen a la gente”.
