L. MIRANDA / AGENCIAS

En una elocuente muestra de que la ingobernabilidad campea sin ningún contrapeso en Bolivia, el Congreso se vio forzado ayer a aplazar, sin fecha, la sesión en la que debía pronunciarse sobre la renuncia del Presidente Carlos Mesa y su eventual sucesión, a causa del extremo clima de violencia se instaló en las calles de la ciudad de Sucre tras conocerse la muerte de un minero en refriegas con fuerzas de seguridad.

El presidente del grupo parlamentario del departamento de Chuquisaca (cuya capital es Sucre) y militante del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), Gonzalo Muñoz, confirmó que el presidente del Legislativo y del Senado, Hormando Vaca Díez, primero en la línea de sucesión constitucional, decidido levantar -indefinidamente- la sesión "por falta de garantías".

Esto, debido a que en las afueras de la Casa de la Libertad de Sucre, la capital constitucional de Bolivia donde se debía celebrar ayer la crucial reunión legislativa, miles de manifestantes lanzaban cartuchos de dinamita contra las fuerzas de seguridad, que respondía con gases lacrimógenos.

La tensión que ya se vivía en las calles de Sucre se incrementó hasta niveles alarmantes tras conocerse que en las afueras de la ciudad un minero murió y otros cuatro resultaron heridos por disparos de agentes policiales y militares.

La víctima fatal, la primera en las casi tres semanas de crisis político-social, fue identificado como Carlos Coro, un dirigente minero de 52 años que, al igual que miles de manifestantes, se dirigía a Sucre para exigir que Vaca Díez declinara su derecho constitucional para asumir como Jefe de Estado en favor del titular de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé.

El presidente del máximo tribunal de justicia del país, tercero en el orden de prelación presidencial después del presidente de la cámara de diputados, Mario Cossío, es el único habilitado para convocar a elecciones anticipadas, que inicialmente se deberían realizar en diciembre.

Tras aplazar la fecha de la sesión sin fijar hora ni día, Vaca Díez abandonó la Casa de la Libertad de Sucre con destino desconocido. Versiones de prensa señalaban que el senador había tomado una avioneta con destino a la oriental ciudad de Santa Cruz.

Otras afirmaban que el titular de la Cámara Alta estaba en Sucre reunido con militantes de su partido, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), mientras unas terceras daban cuenta de que se había refugiado en el cuartel militar de El Tejar, a cinco kilómetros del centro de La Paz.

"Este es un golpe al Congreso, una trampa, un corralito", denunció el senador Oswaldo Justiniano, quien deslizó que el responsable en parte de la falta de seguridad de los parlamentarios en Sucre sería el gobierno del dimitido Mesa, al que acusó de instruir a la policía que dejara pasar a los mineros para poner en riesgo la seguridad de los legisladores.

Ante el caos total, los militares volvieron al primer plano de la escena política en Bolivia, por primera vez desde que retornaron a sus cuarteles hace 23 años: se declararon en "estado de alerta máxima" y exigieron respeto a las decisiones del Congreso, pese a las protestas sociales que pudieran generar.

"Advertimos a quienes quieren destruir al país con medidas extremas que las Fuerzas Armadas, último bastión de defensa de la Patria, cumplirán con su deber para defender la integridad nacional", señaló en un comunicado el propio Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Luis Aranda, ante todo el alto mando, que vestía uniforme de campaña.

Aranda insistió en que el pronunciamiento era sólo una expresión de preocupación y que no debía interpretarse como una toma de posición entre la región oriental que exige la solución constitucional, la realización de referéndum autonómicos y una ley de hidrocarburos que fomente la inversión extranjera, y la occidental, movilizada por elecciones en diciembre bajo el gobierno del presidente de la Corte Suprema, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos.