Raúl Sohr
“Suficiente, es suficiente”, declaró un funcionario del Ministerio del Interior iraquí. Aludía al creciente número de incidentes provocados por contratistas privados. Según la misma fuente, cada semana, tan sólo en Bagdad, mueren 12 civiles iraquíes ultimados por empleados de empresas contratistas, y añadió: “Estudiamos cómo podemos restringir las licencias para el porte de armas, y de qué forma castigar los peores casos. Hay que terminar con la cultura de la impunidad”. No en vano se ha dicho que Irak nada tiene que envidiar al “far west”. El comentario, en todo caso, fue motivado por una fricción entre infantes de Marina de Estados Unidos y empleados de la empresa Zapata Engineering, propiedad del chileno Manuel Zapata.
Los hechos ocurrieron en Faluya el 28 de mayo. Dado el gran riesgo de ser atacado en las rutas iraquíes, los desplazamientos son a toda velocidad. Si un auto no se aparta o se acerca al convoy, sus ocupantes disparan tiros de advertencia o incluso directamente contra el vehículo sospechoso. Rige aquello de tirar primero y preguntar después. Esto es lo que habría ocurrido con una caravana que transportaba 19 empleados detenidos por los infantes, acusados de haber disparado contra sus instalaciones. Fueron internados en Camp Faluya, donde, según Mark Schopper, abogado de dos de los detenidos, sus clientes sufrieron abusos físicos y sicológicos. Encañonados, debieron arrodillarse mientras perros ladraban en sus caras. Desnudos y esposados, a uno de ellos “le apretaron los testículos”. El abogado añadió que a uno de sus defendidos, un infante de Marina norteamericano en retiro le preguntó a gritos “¿Qué sientes ahora de ser un rico contratista?”. Dave Lapan, vocero de la Infantería de Marina, negó todo y dijo que los detenidos fueron “tratados de manera humana y respetuosa”.
El chileno Manuel Zapata, que emigró a Estados Unidos en 1967 y creó en 1991 la empresa Zapata Engineering, dijo que investigan el incidente. Añadió que no puede imaginar que sus hombres hayan disparado contra efectivos de su ejército. En realidad, resulta difícil explicar que lo hayan hecho, dado que casi todos eran miembros en retiro de las Fuerzas Armadas norteamericanas. La compañía viene de ganar un contrato con el Pentágono por 120 millones de dólares para recolectar y destruir munición abandonada por el Ejército de Sadam Husein. Todos los detenidos fueron liberados tres días más tarde y los norteamericanos debieron abandonar Irak.
El mercado manda
El negocio de las empresas privadas que realizan tareas de apoyo militar en Irak es enorme. La primera fuerza militar extranjera en el país árabe es el contingente norteamericano, con unos 135 mil efectivos. La segunda son los contratistas, que emplean cerca de 20 mil, de los cuales unos 600 son chilenos. En un distante tercer puesto se ubican los británicos, con menos de 10 mil. La aludida molestia de los infantes de Marina con sus ex compañeros de armas por los salarios es comprensible. Los ingresos top de Blackwater, para la cual recluta en nuestro país el chileno José Miguel Pizarro, pueden llegar hasta los 18 mil dólares mensuales. El salario promedio pagado a hombres de armas de países desarrollados es en promedio 100 mil dólares anuales y gozan de mayores beneficios, amén de mayor libertad que los uniformados. Un policía estadounidense retirado puede aspirar a 60 ó 70 mil dólares.
Los chilenos y otros tercermundistas contratados para trabajos similares a sus contrapartes norteamericanos no pasan de los 30 mil dólares anuales. Los atractivos sueldos repercuten al interior de las Fuerzas Armadas estadounidenses que, con sus operaciones en Irak y Afganistán, tienen cada vez más dificultades para reclutar. En especial les cuesta retener a oficiales de fuerzas especiales altamente calificados. En algunos casos, ya se ofrecen primas de 150 mil dólares para reenganchar a los que salen a retiro prematuro.
Nadie escapa a las leyes del mercado. Las externalizaciones están a la orden del día. Todas las tareas que las Fuerzas Armadas norteamericanas pueden delegar a empresas privadas, llamadas private military companies, o compañías militares privadas (CMP), son transferidas apenas ello es posible a tres campos: construcción, transporte y mantención. Pero en tiempos recientes se ha extendido a la seguridad de instalaciones militares, el abastecimiento, desminado, entrenamiento de tropas locales, e incluso tareas de recolección de inteligencia. Un empleado de la Titan Corporation estuvo involucrado en las denuncias de tortura en la prisión de Abu Ghraib. Un sinnúmero de misiones que antes recaían en las fuerzas regulares, hoy se distribuyen entre más de 60 CMP que operan en Irak. Sus empleados prefieren llamarse “soldados privados”, aunque, en un sentido tradicional, calzan con la definición de un mercenario.
Así, por ejemplo, la DynCorp, de Estados Unidos, obtuvo un contrato por 50 millones de dólares para 2003 destinado a reconstruir la policía iraquí. La empresa Vinell, también en el 2003, consiguió del Pentágono un contrato inicial por 48 millones de dólares para formar la primera división del nuevo Ejército iraquí. Su tarea era preparar 12 mil soldados de Infantería ligera en un año. ¿Y el resultado fueron soldados Copeva? Así parece, pues en las primeras confrontaciones desertó más de la mitad de los regimientos.
Compañías militares privadas
Las ventajas competitivas de las CMP para los gobiernos son claras, tanto desde un punto de vista operativo como económico. En 24 horas pueden disponer de especialistas dispuestos a viajar a cualquier confín del mundo, incluidos expertos que hablen la lengua local. Ningún ejército tiene semejante flexibilidad. Resultan más económicas: la empresa Executives Outcomes proponía una intervención en Sierra Leona por 36 millones de dólares. La ONU estimaba que una operación similar le costaría 500 millones de dólares.
Los británicos, que están a la cabeza en el proceso de privatizaciones militares, estiman que han conseguido ahorros cercanos al 20% en sus operaciones. También en Estados Unidos las externalizaciones avanzan a una velocidad meteórica: entre 1994 y 2002, las CMP han conseguido tres mil contratos por 300 mil millones de dólares. Entre las más importantes figura la Kellog Brown and Root (KBR), que tan sólo en Irak tiene contratos por 2.100 millones de dólares. En 2003 se calculaba que de los 3.900 millones de dólares mensuales que gastaba el Pentágono en Irak, un tercio iba a manos de las CPM.
Las CMP han brindado importantes servicios allí donde los gobiernos prefieren estar ausentes o actuar de manera encubierta. Fueron los casos de Centroamérica y el sudeste asiático. Tanto Ronald Reagan como George Bus padre emplearon fuerzas mercenarias. Desde entonces se aprecia un aumento sostenido de compra de servicios a particulares.
Cuando Reagan llegó al Gobierno, dos tercios de los contratos entregados a empresas civiles eran por equipamiento y un tercio por servicios. A su salida, en 1988, la proporción era 56% a 44%. Bajo el Gobierno de Bush senior se llegó a la paridad. En 1998, con Clinton, el porcentaje destinado a la compra de servicios ascendía a 58%. Irak tiene que haber cargado más aún la balanza a favor de la compra de servicios. En realidad, el único servicio no comprado es el de fuerzas de combate. Pero incluso en este rubro existen informaciones de que la KBR brinda pilotos para los helicópteros de combate colombianos.
Si la denuncia del funcionario iraquí es exacta y cada semana mueren en Bagdad una docena de civiles a manos de mercenarios ¿quién responde por estos crímenes? Obviamente nadie, y por eso llama a terminar con la impunidad. ¿Dónde serán juzgados los abusos? ¿En Irak, en sus países natales o el país de la empresa contratista? Si las denuncias de los empleados de Zapata Engineering son ciertas e infantes de Marina retirados recibieron el trato que narran de manos de sus compatriotas ¿qué le espera a un anónimo civil iraquí?
Por algo, el columnista Thomas Friedman, del diario “The New York Times”, escribía: “Los abusos en Guantánamo y en todo el sistema de prisiones militares estadounidense destinadas al terrorismo están fuera de control. Díganme, ¿cómo es posible que más de cien detenidos bajo custodia de Estados Unidos hayan muerto hasta ahora?”.
El Pentágono no tiene el control de lo que ocurre en Irak, como admitió esta semana Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, que declaró que la seguridad no ha mejorado desde el 2003. La privatización de la guerra tampoco ha contribuido a construir el faro de democracia y prosperidad prometido por Washington. LND
