Juan Aedo Araya

El Presidente de Argentina, Néstor Kirchner, lo calificó como un "dictamen que devuelve la fe en la justicia". El jefe del Ejército, Roberto Bendini, aseguró que se trata del paso inicial para el reencuentro de los argentinos. Los partidos conservadores lo criticaron por representar -a su juicio- una intromisión del gobierno en asuntos judiciales. Y los organismos de derechos humanos lo aplaudieron como un triunfo histórico tras años de lucha.

Al margen de las interpretaciones, lo cierto es que la resolución de la Corte Suprema que el martes anuló las denominadas "leyes del perdón" -que impedían el procesamiento de represores de la dictadura militar (1976-1983)- remeció hasta los cimientos el escenario judicial argentino. Y las réplicas están por venir.

En esa línea, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida -sancionadas en 1986 y 1987, respectivamente- abrió el debate sobre la posibilidad de que los indultos que dispuso el ex Presidente Carlos Menem (1989-1999) en beneficio de los máximos jerarcas del régimen de facto, corran la misma suerte.

El dictamen de la Corte Suprema y el futuro de los indultos fueron analizados por representantes de distintos estamentos de la sociedad argentina, consultados por La Nación.

Las "leyes del perdón"

El Parlamento argentino aprobó las "leyes del perdón" a mediados de los años 80, mientras el gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983- 1989) era víctima de una fuerte presión militar.

La ley de Punto Final terminó con los procesos abiertos contra ex represores, mientras que la de Obediencia Debida exculpó a los cuadros menores de las FFAA que se vieron obligados a cumplir órdenes durante la "guerra sucia" contra la subversión.

Tras una larga serie de episodios judiciales, la Corte Suprema declaró el martes la inconstitucionalidad de ambas normas, en la causa por la desaparición del matrimonio formado por el chileno José Poblete y la argentina Gertrudis Hlaczik, secuestrados en 1978 junto con su hija Claudia, de ocho meses.

El veredicto, que abre la puerta para el procesamiento de otros implicados en la represión dictatorial, fue recibido con emoción por las Abuelas de Plaza de Mayo y -en especial- por Buscarita Roa, madre de José Poblete y protesorera de la entidad.

"(El dictamen) es un triunfo y un homenaje a nuestros 30 mil desaparecidos en Argentina, entre ellos mi hijo", señaló.

En contraste, uno que no vio con buenos ojos la anulación de las "leyes del perdón" fue el ex ministro de Justicia y actual diputado nacional de la centroderechista Compromiso para el Cambio, Jorge Vanossi, quien se manifestó "de acuerdo con la disidencia del ministro (Carlos) Fayt", el único juez de la Suprema que votó en contra de la resolución.

"No corresponde revisar la constitucionalidad de esas leyes, porque la Corte las declaró constitucionales hace muchos años. Esas leyes ya se han aplicado y han surtido efectos. Y declararlas ahora inconstitucionales, o anularlas como lo ha hecho también el Congreso, significa dejar de lado principios que están también en la Constitución y en tratados internacionales", señaló el jurista.

En tanto, el analista político argentino Heriberto Muraro consideró que la derogación de ambas normas responde a la necesidad de enterrar el fantasma de la dictadura. "El dictamen es una reparación de algo que la sociedad argentina demanda desde hace décadas. En su momento, la gente aceptó a regañadientes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ante el peligro de un golpe militar. Pero con el paso del tiempo, esto se volvió cada vez más intolerable", añadió.

El próximo paso

"La derogación de los indultos tiene que ser el paso que sigue". Claro y preciso, el jefe del Ejército argentino, Roberto Bendini, resumió las diversas voces que han advertido la necesidad de que los indultos concedidos por Menem a los máximos jerarcas de la dictadura corran la misma suerte que las "leyes del perdón".

Al respecto, la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, pidió que la Cámara de Diputados se reúna mañana, martes, para tratar su proyecto de anulación de los indultos, que también beneficiaron a líderes guerrilleros que actuaron durante los años 70.

En esa línea, Buscarita Roa advirtió que irá en contra del perdón concedido por Menem a los represores, desestimando los dichos del ex Mandatario, que aseguró que su decisión "pacificó Argentina". "El país, con los indultos, no se ha pacificado, sino todo lo contrario. Me admira que el señor Menem diga semejante barbaridad", señaló.

Sin embargo, Jorge Vanossi aportó una precisión que frenaría las intenciones de los grupos de derechos humanos: "Los indultos, una vez dictados, producen un efecto que ya no se puede modificar por medio de una determinación judicial. Es una facultad del Presidente, que podrá gustar o no, pero está en la Constitución".

Finalmente, Heriberto Muraro prevé que tras la anulación de las controvertidas leyes, "la invalidez de los indultos se va a producir casi automáticamente".

Asimismo, Muraro añadió que la ciudadanía argentina rechaza cualquier tipo de indulto, "no sólo en materia de violación de derechos humanos, sino también en el caso del policía que se excede en el uso del 'gatillo fácil', o en cualquier otro tipo de delincuente, salvo casos muy especiales". LN