L. Miranda / Agencias

El "Carnicero del Olimpo" dejó de existir. El ex general Guillermo Suárez Mason, uno de los principales símbolos de la represión ilegal durante la última dictadura argentina (1976-83), que en un momento se vanaglorió de haber firmado más de 50 sentencias de muerte por día, murió ayer a los 81 años de edad.

El octogenario ex represor trasandino, que cumplía arresto desde 1999 por el secuestro y la desaparición en 1980 de una veintena de integrantes del grupo guerrillero "Montoneros" y por su participación en el robo de menores nacidos en cautiverio durante la llamada "guerra sucia", se encontraba internado en el Hospital Militar Central de Buenos Aires, donde falleció a consecuencia de un paro cardiaco.

Apodado "Cachito" por sus amigos y "Pajarito" por sus colegas de armas, Suárez Mason llegó a tener gran poder durante los primeros años de la dictadura transadina (1976-79), período en el que fue jefe del Primer Cuerpo del Ejército, uno de los principales centros de detención y torturas del régimen de facto argentino.

Según documentos desclasificados hace algunos meses en Washington, en 1979 Suárez Mason se jactó ante un representante diplomático estadounidense de que llegó a firmar "entre 50 y 100 sentencias de muerte por día". Durante esa época también se ganó el tristemente célebre apelativo del "Carnicero del Olimpo", por haber comandado el campo de concentración de ese nombre.

En 1981 y hasta los últimos días de la dictadura presidió la entonces estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), donde incluso sus propios colegas lo acusaron de haber cometido enriquecimiento ilícito.

Tras el retorno de la democracia y el inicio de los juicios contra los represores, el ex general huyó del país en 1984, por lo que fue dado de baja del Ejército acusado de "indignidad". Años después fue detenido y extraditado desde Estados Unidos a Argentina, en 1988, donde fue condenado por violaciones de los derechos humanos.

No obstante, a fines de diciembre de 1990 Suárez Mason quedó libre, favorecido por las leyes de Punto Final, de 1986, y Obediencia Debida, de 1987 (declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema la semana pasada), y por el indulto dictado por el entonces Presidente Carlos Menem (1989-1999), una decisión cuya revisión alienta por estos días el gobierno argentino actual.

En 1999 fue detenido nuevamente por el robo de 12 hijos de desaparecidos, delito que no había sido incluido en el indulto de Menem, y desde entonces vivió bajo arresto domiciliario.

Sin embargo, el año pasado perdió este beneficio y fue devuelto a la cárcel de Villa Devoto de Buenos Aires, tras salir clandestinamente a festejar sus 80 años de edad. También en 2004, el juez federal Rodolfo Canicoba lo procesó y anuló el indulto en su favor, en el marco de la megacausa por violaciones de los DDHH cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército.

El ex represor argentino, cuya extradición era requerida por España, Alemania e Italia (donde en 2000 fue condenado en ausencia) por la desaparición y torturas de sus ciudadanos, estaba acusado de cometer más de 600 delitos contra los derechos humanos y en 1996, en un reportaje concedido a la revista "Noticias", dijo que no tener "nada de que arrepentirme".