Acogiendo demandas de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que fiscalizan y protegen los recursos del mar, la Subsecretaría de Pesca accedió a liberar parcialmente información que había calificado como "secreta" y "reservada" respecto de su gestión y acerca de los recursos pesqueros.

La resolución de la subsecretaría fue bien recibida por las ONG, Océana y Centro Ecocéanos, y por la organización ProAcceso Información Pública, que coincidieron en valorar la decisión de Pesca como un avance para romper el cerco del secreto y el reservismo, con que se encuentra blindada la información de las instituciones encargadas de la administración del Estado.

Mediante la resolución exenta Nº1781, la Subsecretaría de Pesca modificó parcialmente la anterior resolución Nº873 de abril de 2004, por la cual declaró como "secreto" la "correspondencia oficial de la subsecretaría". El dictamen también dio carácter "reservado" a los informes sobre los recursos pesqueros, hasta que éstos fueran aprobados por el departamento técnico de esa subsecretaría. Si éstos eran rechazados, no podían conocerse.

Con la nueva resolución se liberó el secreto a la correspondencia de ese organismo, y se levantó la reserva a los informes de las investigaciones referidas, una vez que ellos sean analizados por la unidad técnica. De la misma manera, se levantó la reserva a los informes evacuados por la Unidad de Auditoría Interna "relativos a personas determinadas o claramente identificables".

Sin embargo, se mantuvo la reserva a "todos los actos inherentes al proceso de calificación del personal y carpetas de vida de los funcionarios y antecedentes personales y del grupo familiar". También se mantuvo igual calidad para los informes de la subsecretaría respecto de solicitudes de particulares para iniciar actividades pesqueras o de acuicultura "sólo en la medida que contengan información de carácter estratégico, comercial, financiera u operacional, cuyo conocimiento por terceros pudiera afectar los intereses de los titulares, sean peticionarios o no".

De esta manera, la decisión de la Subsecretaría de Pesca se transformó en la primera de un servicio del Estado que, aunque parcial, levantó el secreto o reserva a la información, accediendo a demandas ciudadanas que bregan por transparentar los actos de la administración del Estado.

SECRETISMO

Chile ha sido criticado internacionalmente por el "secretismo" con que blinda la información pública. En este caso, recibidas las solicitudes de las ONGs, la subsecretaría abrió un período de participación para que éstas expusieran sus planteamientos para poner fin a la mencionada resolución 873 de 2004.

Al respecto, el abogado de la solicitante Océana, Matías Guilof, dijo a La Nación que "con esto se logró liberar información sustancial para la fiscalización de las actividades de la subsecretaría de Pesca, para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones sobre cómo se protegen los recursos pesqueros".

A su vez, el director de ProAcceso Información Pública, abogado Juan Pablo Olmedo, calificó como "un hecho inédito y valioso" la decisión asumida por esta subsecretaría "práctica que debe ser amulada por otros servicios públicos", si bien dijo no conocer el detalle de la última resolución de Pesca.

Acerca del acceso a la información pública, en el Parlamento se debate un proyecto de ley impulsado por los senadores Jaime Gazmuri (PS) y Hernán Larraín (UDI), que apunta a poner fin a la arbitrariedad de los organismos del Estado para calificar ellos qué es secreto y qué es reservado, impidiendo que la información llegue a la ciudadanía. Con ello se busca también derogar el decreto Nº 26 de la Secretaría General de la Presidencia, calificado por las ONGs como una de las bases del ocultamiento de información.