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Sábado 23 de julio de 2005

- Lea el fallo de la Corte de Apelaciones


Lagos

Apenas conoció el dictamen de la Corte de Apelaciones, el Mandatario se refirió al tema aunque de manera muy escueta. “Yo no tengo opiniones que dar sobre eso: dije que Matías de la Fuente me pareció un gran colaborador y lo reitero”, afirmó.

Corte de Apelaciones derribó tesis de Chevesich

La Séptima Sala apuntó a la inconsistencia de los fundamentos que tuvo la jueza Chevesich para procesar a Matías De la Fuente, y anuló los encausamientos que pesaban sobre el ex jefe de gabinete de Lagos y otras cuatro personas.



lanacion.cl

La ministra en visita del caso MOP GATE, Gloria Ana Chevesich recibió un duro golpe ayer, luego que la Corte de Apelaciones anulara todos los últimos procesamientos que había dictado, entre ellos el de Matías de la Fuente, primo de Luisa Durán y ex jefe de gabinete del Presidente Ricardo Lagos.

El golpe no sólo significó que Chevesich ve cerrada la línea de investigación que había abierto al analizar los contratos que realizó la Dirección de Planeamiento del MOP con la Consultora M y P, de propiedad del empresario Pablo Délano, sino porque la resolución de la Séptima Sala del tribunal de alzada la cuestionó sutilmente.

Esto, porque la decisión unánime de los ministros Carlos Cerda, Jorge Dahm y Joaquín Billard, rebate que la magistrada, en base a los antecedentes que existen en la causa, haya dictado encargatorias de reo pese a que no hay delitos configurados.

En primer lugar, los jueces desestimaron las consideraciones que tuvo la ministra Chevesich para procesar a De la Fuente, como el cuestionamiento a la existencia de trabajos realizados en virtud de los contratos adjudicados y el argumento de que se hubiera sustraído dinero del fisco ilegalmente. Ante este planteamiento, los ministros sostuvieron que “esta judicatura se encuentra ante elementos de juicio que no le permiten convencerse”.

Asimismo, cuestionan que la jueza dude de la necesidad de que el MOP haya celebrado dichos contratos. Frente a esto, sostienen que “no incumbe a la jurisdicción juzgar el grado de necesidad de funciones que el sistema jurídico vigente encomienda al órgano administrativo de la especialidad”.

De la Fuente había sido procesado y encarcelado durante cuatro días, como autor de los delitos reiterados de falsificación de instrumento público y fraude al fisco. Pero junto a él también habían sido procesados Sergio Cortés, ex jefe de finanzas de la Dirección de Vialidad del MOP, por los mismos delitos; Roberto Alonso, ex jefe Planeamiento en 1999, por el delito de fraude al fisco; además de Ximena Riff, actual coordinadora de Desarrollo y Gestión de Contratos en Concesiones del MOP y Pablo Délano, como autores de estafa en perjuicio del fisco.

Fuentes judiciales indicaron que –como quedo consignado en la resolución- en un principio, el ministro Jorge Dahm era de la idea de no discutir los argumentos de los procesamientos por ser improcedente cuando se analiza un recurso de amparo, finalmente aceptó analizar el expediente tras percatarse de la “inconsistencia” de los fundamentos de Chevesich. Por esta razón, la sala además hizo extensivo anular los procesamientos del resto de los encausados.

Muchos tenían expectativas del rol que jugaría en este trámite el abogado penalista Jorge Bofill, uno de los juristas más respetados del mercado y que asumió la representación del ex jefe de gabinete del Presidente.

Hasta ayer, no se habían presentado apelaciones. Sin embargo, no se descarta que al menos la UDI, que es querellante en la causan recurra a la Corte Suprema, tribunal que revisa en última instancia los recursos de amparo.



La tesis de la magistrada

Entre los años 1997 y 1998, Matías de la Fuente, fue director de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. Según la jueza, durante ese periodo se suscribieron dos contratos con la consultora M yP: uno por $ 47.128.271 y otro por $ 45.531.480.

La jueza cuestionó la destinación de los dineros debido a que “no existía la necesidad de las contrataciones” y que sólo tenían como propósito “tener un respaldo documental que permitiera sustraer del patrimonio fiscal esas sumas de dinero”.

Asimismo, la jueza había determinado que hubo pago de sobresueldos a funcionarios públicos que la consultora contrató para estos supuestos trabajos y que además entregaron dineros a terceros.













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