
Lunes 1 de agosto de 2005
La verdad, por muy dura que ésta sea. Esta es la consigna que ha hecho suya Tarso Genro, el flamante titular del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), que se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz del mega escándalo de corrupción que desde hace dos meses agita las aguas en Brasil.
Genro dejó en claro su postura en una entrevista que publicó ayer el diario "O'Globo", en la que afirmó que su partido puede llegar a un acuerdo con la oposición sobre una agenda mínima de proyectos en el Congreso, pero descartando cualquier pacto para detener investigaciones sobre la red de corruptelas.
"Se puede hacer un acuerdo sobre una agenda mínima en el Congreso para que el país no se pare ( ) Pero no para pactar en torno a la corrupción. Tenemos que investigar profundamente esa corrupción sistemática. No se puede hacer un pacto de omisión", aseguró el presidente del PT.
Genro indicó también que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no debería desistir de una reelección en los comicios generales del 2006. "Creo que un gran dirigente. No debe desistir de su lucha. Si desiste, da un testimonio que no le gusta su lucha", dijo.
Las declaraciones del líder del PT se producen casi en vísperas que uno de sus fundadores en 1980 y una de sus figuras más emblemáticas del partido -el ex jefe de Gabinete y diputado José Dirceu -comparezca el martes ante la comisión de ética del Congreso (Ver recuadro).
Ministros del gobierno han dicho que iniciarán esta semana conversaciones con líderes de partidos aliados y de la oposición para negociar una agenda de proyectos a votar en el Congreso. Las cámaras inician hoy, después de un mes de asueto, su segundo período ordinario de sesiones que se extiende hasta el 15 de diciembre.
En tanto, los tentáculos de la mayor crisis que atraviesa el Gobierno del PT alcanzan ya a unas 230 personas, entre parlamentarios, dirigentes partidarios y empresarios, que deberán responder por unos 19 delitos. Entre los legisladores involucrados, al menos 19 diputados corren el riesgo de perder sus mandatos alcanzados por las acusaciones de corrupción que investiga una comisión parlamentaria.
Fuentes ligadas al comité del Congreso indicaron que la lista de diputados afectados por las denuncias, que revelaron un inmenso esquema de pago de sobornos a parlamentarios y de desvío de dinero público para campañas electorales, incluye a la élite de la Cámara, con jefes de bancadas y presidentes de partidos.
Luego de escuchar los testimonios de todos los diputados, la comisión parlamentaria sugerirá a la Sindicatura del Congreso la casación de los mandatos de los diputados que considere "culpables".
La decisión final estará a cargo de una Comisión de Constitución y Justicia, la cual remitirá -en caso de estar de acuerdo- al voto secreto en plenario.
Si la casación es aprobada, los sancionados serán "inelegibles" por un determinado tiempo, según las infracciones cometidas, mientras la renuncia al mandato permitiría que los diputados se presenten como candidatos de nuevo el 2006.