Augusto Cubillos
Gerente de la División de Soluciones Corporativas de Microsoft Cono Sur
Larry McVoy ha sido uno de los defensores del Open Source por más de 10 años. Sin embargo, hace algunas semanas reconoció -en una entrevista a la prestigiosa revista Forbes- un vuelco en sus planteamientos: su empresa BitMover se convirtió en un potencial fracaso debido a un modelo de negocios que no es sustentable en el tiempo. McVoy, que fue presionado para liberar completamente el acceso a su producto estrella para Linux, BitKeeper, fue enfático: “creemos que si lo hacemos estaremos en bancarrota en seis meses”.
Antes las presiones de la comunidad Open Source, McVoy fue claro en advertir que el modelo del software libre no se sostiene por dos razones básicas: a) es imposible generar suficientes ingresos para sostener una compañía con un equipo de trabajo bien entrenado -que además desea buenos salarios- y una infraestructura operativa si estás entregando todo gratuitamente; b) el modelo de costo inicial gratuito y posterior venta de servicios no genera suficientes ingresos para el desarrollo de la próxima ola de productos innovadores. Un ejemplo: intente nombrar un solo producto innovador para Open Source cuyo concepto original no haya aparecido primero en el modelo de software comercial.
Las palabras de McVoy reflejan un debate creciente en nuestro país, que implica tomar las mejores decisiones para aprovechar las herramientas tecnológicas en beneficio del país, desde la plataforma sobre la cual editamos un correo electrónico hasta la investigación y desarrollo de software en aquellas áreas en que indudablemente nuestro país posee un valor agregado, como la minería, pesca, agricultura, silvicultura y producción vitivinícola, entre muchas otras.
¿Cuál es, entonces, la clave para lograr que esta industria se constituya en un camino de innovación sustentable para Chile? Simple: cultivar una política de neutralidad tecnológica. Es decir, que sean los clientes quienes tengan garantizado el derecho de elegir la solución tecnológica más adecuada para cubrir sus necesidades, contando con datos objetivos para ello, como el costo total de propiedad (TCO).
De lo contrario, nos enfrentamos a riesgos como el que hoy experimenta Brasil, donde una ley privilegió al software de código abierto en virtud de razones políticas y no técnicas. ¿Resultado? El proceso de migración a Open Source se ha detenido, generando un doble costo para el Estado debido a la necesidad de retornar en muchos escenarios a soluciones basadas en software comercial por una decisión inicial que no se basó en parámetros objetivos.
La obligación de utilizar por ley un tipo de solución –demanda constante de la comunidad Open Source hacia Gobiernos de todo el mundo- atenta contra el espíritu mismo de libertad que proponen. La diversidad y la posibilidad de elección, en cambio, generan competencia y aseguran el mejor camino para llevar a los usuarios innovación constante al mejor costo posible.
