La Asociación Estadounidense de Editoriales interpuso hoy una demanda legal contra Google por quebrantar la ley de propiedad intelectual con su plan de digitalizar millones de libros y colocarlos en Internet.

No es la primera vez que se lleva a juicio a este plan para crear una inmensa biblioteca digital, un proyecto que ha recibido críticas y halagos por partes iguales.

En una demanda interpuesta ante un tribunal de Manhattan (Nueva York), la Asociación Estadounidense de Editoriales (AAP, por sus siglas en inglés) busca cerrar el paso al "continuo, irreparable e inminente daño que los editores están sufriendo (...) debido a la infracción de las leyes de propiedad intelectual por parte de Google para perseguir sus propios intereses comerciales".

En la demanda están representadas cinco editoriales: McGraw-Hill, Pearson Education, Penguin Group USA, Simon & Schuster y John Wiley & Sons.

La presidenta de la AAP, Patricia Schroeder, dijo que aunque reconocía la utilidad del proyecto, Google está tratando de "ganar millones de dólares aprovechándose del talento y la propiedad de los autores y las editoriales".

La AAP sigue los pasos de la Asociación de Autores, que denunció ante los tribunales al buscador de Internet el mes pasado.

Otros grupos, como la Asociación de Editoriales Universitarias Americanas, también han criticado el plan del buscador.

Google respondió a las críticas con un comunicado en el que señaló que el proyecto es un "esfuerzo histórico para conseguir que millones de libros sean más fáciles de encontrar y de comprar".

El proyecto supone formar una gran biblioteca virtual donde se alojarían volúmenes de las principales universidades de EEUU, entre ellas Harvard, Stanford, la Biblioteca Pública de Nueva York y la de la universidad de Oxford, en el Reino Unido.

Este acuerdo, que pondría a disposición del usuario a través de la red 15 millones de libros, no tiene parangón y es el proyecto más ambicioso que la empresa ha emprendido hasta la fecha.

Google anunció en agosto la interrupción del proceso hasta noviembre, y pidió a las editoriales que notificasen específicamente qué volúmenes no quieren que sean escaneados, lo que no sentó nada bien a la AAP.

En aquella ocasión, la presidenta de la AAP dijo que con ese procedimiento, Google "traslada la responsabilidad para prevenir que se infrinja la responsabilidad intelectual al propietario en lugar del usuario".