Junto con reconocer a la nueva ley de responsabilidad penal Juvenil, como un proyecto totalmente distinto al presentado por el Ejecutivo en 2002, la Fundación Paz Ciudadana criticó ayer el endurecimiento de penas que serán aplicadas a los menores de 16 a 18 años que infrinjan la ley.

La abogada de la entidad, Francisca Werth, explicó a La Nación que las principales modificaciones surgieron en la cámara baja, echando por tierra la iniciativa de crear un sistema especializado de justicia de jóvenes, al reemplazarlo por un apéndice del sistema de adultos.

"La nueva ley exige que las penas a aplicar sean las mismas que se aplicarían a un adulto, aunque reducidas en un grado. Además, si las penas de adultos son reformadas, debe esperarse que esto también altere la ley de adolescentes", dijo Werth.

Según la abogada, esta dependencia al Código Penal de adultos desconoce en cierta medida las exigencias de las leyes internacionales de derecho de menores, que exigen un sistema penal distinto al de adultos.

Al asimilar los dos sistemas, el catálogo de delitos es el mismo para ambos, aumentando los ilícitos que son penalizados con medidas privativas de libertad, lo que a juicio de Werth perjudica a los menores, pues los programas de libertad asistida tienen mayores posibilidades de lograr su rehabilitación.

La nueva ley también perjudica a los jóvenes infractores al ligarlos a la reforma procesal penal, "el proyecto original exigía que fiscales, defensores públicos y jueces de garantía fueran especialistas en justicia juvenil. Ahora el grado de especialización no es obligatorio", explicó la jurista.

Desfase de leyes

La abogada de Paz Ciudadana también advirtió que el desfase al entrar en vigencia tres leyes -tribunales de familia, de responsabilidad penal juvenil y de protección al menor- que contemplan procedimientos conexos, también derivará en problemas.

"Al no aprobarse las tres leyes en forma simultánea, queda en un vacío legal la atribución de determinar el discernimiento de los jóvenes infractores, y los procedimientos a adoptar con los menores de 14 años, los que aún no son normados", dijo la abogada.

Pese a las críticas, la abogada valoró que la nueva ley reemplace los métodos antiguos, que no reconocían derechos fundamentales de los menores. "La ley deja puertas abiertas para su interpretación, lo que puede contrarrestar el endurecimiento sufrido en el Parlamento con una lectura criteriosa y de consenso, que permita aplicar medidas tendientes a la libertad asistida". LN