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Pinochet pierde recurso de amparo

El negativo resultado en el tribunal de alzada tuvo como antesala una áspera discusión de la defensa del militar (r) que decidió no alegar el recurso luego que la Corte no aceptará una de las dos recusaciones a jueces que realizó.

Viernes 2 de diciembre de 2005

Una nueva derrota sumó Augusto Pinochet, luego que la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara en fallo unánime el recurso de amparo interpuesto por su defensa que hoy debido a una serie de inconveniente optó por no alegar la presentación.

Los ministros estimaron que el amparo no era la fórmula para revisar el procesamiento que dictó la semana pasada el ministro Víctor Montiglio en el caso Operación Colombo como coautor de seis secuestros.

Más allá de este dictamen que en la práctica significará con seguridad que la defensa apelará ante la Corte Suprema, los alegatos tuvieron otros ingredientes en que la recusación de jueces fue la palabra más usada.

El episodio comenzó a tejerse a las 09:00 horas cuando el abogado de general en retiro, Pablo Rodríguez Grez recusó la composición de la sala. Los ministros Haroldo Brito, Lamberto Cisternas pasaron sin dificultad la evaluación del jurista, pero el problema vino en el caso del abogado integrante Roberto Mayorga, pues de inmediato la defensa del ex militar pidió recusarlo al estimar que podría perjudicar a su cliente.

La explicación en ese minuto del profesional fue que "si nosotros recusamos a un abogado integrante, lo hicimos porque ellos en gran medida dependen del gobierno, y los ministros titulares se suponen que son absolutamente independientes".

Hecho el reclamo, práctica que por demás es habitual en los tribunales, se convino en buscar un reemplazo que recayó en el ministro Cornelio Villarroel, pero la suerte fue de nuevo esquiva y esta vez los querellantes fueron los encargados de sacar la voz y recusarlo por sostener que en varios oportunidades ha exhibido un criterio favorable a Pinochet.

Las horas corrían y las reuniones seguían su curso en tribunales, pero apremiaba buscar una solución y el presidente de la sala estimó que la integración debía ser Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado Nelson Pozo.

Y pese a que se pensaba que esta vez ambas partes quedarían satisfechas, y el tribunal -por tanto- iba a comenzar la sesión, un nuevo percance ensombreció el panorama. De nuevo el abogado Rodríguez Grez manifestó su rechazo a que fuera Pozo un integrante más de la sala.

"Se ha manipulado al composición de esta Sala con el objeto de sacar a un ministro titular de esta Corte e introducir a un abogado integrante a quien yo no conozco y que por lo tanto no puedo dar ninguna opinión a su respecto", dijo sin dudar el jurista exhibiendo una evidente molestia.

Lamentablemente para el jurista, su recusación no fue aceptada y la decisión del defensor del militar en retiro no fue más que excusarse en estrado de alegar.

"Esto a mi juicio constituye una irregularidad extremadamente grave y yo no me presto para la manipulación de la Sala y para que hagan lo que se les de la gana con la Corte de Apelaciones", dijo Rodríguez, quien a reglón seguido añadió "mi parte renuncia al derecho de alegar y hará presente a la Corte Suprema esta absoluta irregularidad. Cuando a la parte querellante no le gusta una Sala, simplemente recurre a cualquier subterfugio con el objeto de alterar su composición y de esa manera perjudicar a mi representado".

Pese al reparo de Rodríguez Grez, la sala escuchó a los querellantes Hernán Quezada, Boris Paredes, Irma Villagra y Juan Subercaseaux y más aún les dio la razón manteniendo el procesamiento y la orden de prisión domiciliaria.

Pinochet fue procesado la semana pasada como coautor de seis secuestros calificados en esta causa en que se indaga la acción de la DINA en la desaparición en 1975 de un total de 119 personas.

Desde el jueves pasado que Pinochet se encuentra bajo arresto domiciliario y más aún con dos procesos a cuesta porque además de esta causa de derechos humanos está encargado reo por cuatro ilícitos vinculados al denominado caso Riggs.

La decisión que adopte el tribunal de alzada puede ser apelada en última instancia ante la Corte Suprema, donde en definitiva se zanjara el caso.

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