Multas parceladas que alcanzan un total de 900 UTM (más de 28 millones de pesos) aplicó esta mañana la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Región del Bío Bío, al proyecto "Relleno Sanitario Los Ángeles" por una serie de incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizó su construcción y operación.

La autoridad ambiental inició el proceso sancionatorio en julio de este año, en base a incumplimientos aludidos en informes de fiscalización y oficios de órganos competentes referidos a: 1) no cubrir la basura con tierra; 2) no implementar, como lo establece la RCA, el tratamiento de residuos líquidos; 3) uso de un inadecuado sistema de lavado de camiones; 4) realizar una descarga no autorizada de Riles; 5) no enviar oportunamente los resultados del programa de monitoreo, y 6) la inexistencia de un sistema de quema de gases.

Multas y descargos

La Corema Bío Bío decidió aplicar multas a cada una de las infracciones detectadas en las fiscalizaciones, por lo que la falta a la RCA de no cubrir la basura, recibió una multa de 200 UTM; la inexistencia de sistema de gases y el tratamiento de residuos líquidos, significó una multa de 50 UTM cada una; el inadecuado lavado de camiones, 200 UTM; el inoportuno envío del programa de monitoreo, alcanzó las 100 UTM, mientras que la descarga no autorizada de Riles significó una multa de 300 UTM.

A juicio del director regional de Conama Bío Bío y Secretario Ejecutivo de Corema, Bolívar Ruiz Adaros, "es necesario aclarar que aquí no hubo sanción por daño ambiental, sino por incumplimientos a las condiciones de la resolución de calificación ambiental bajo las cuales se aprobó el proyecto. La empresa reconoció 50% de los cargos, mientras que en otros aclaró medidas de reparación que se consideraron como medidas correctivas por parte de la empresa y eso equivalió a que no se sancionara con montos mayores aún".

Entre otros descargos, el titular del proyecto -Demarco S.A.- adoptó medidas administrativas, al contratar consultores que han ofrecido un plazo de 30 días contados desde la notificación de la resolución de lo adoptado hoy por la autoridad ambiental para regularizar una serie de situaciones y modificaciones del proyecto mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Ruiz agregó que "para nosotros esto también fue relevante, pues la autoridad no tiene cómo obligar a un titular a presentar dentro de un plazo determinado una DIA. Es el titular el que decide en qué momento la presenta, lo que también se consideró".