Carla Alonso y Cristian Arriagada 

"La última vez que supe de mi hijo fue el sábado pasado. Me comunico con él por mail. Tengo fe en que se va a mejorar. Pero él dice que está muy delicado de salud, que tiene dolores intensos. El jueves lo volvieron a operar. Le pido a Dios que lo ayude a regresar a casa".

El relato pertenece a Eliana Oyarce, la madre de la principal víctima de un accidente radiactivo en la planta Nueva Aldea, de Celulosa Arauco. Todo comenzó en la noche del 14 de diciembre de 2005, y pasó casi inadvertido por el frenesí de la primera vuelta presidencial.

Eran cerca de las 21:30 horas y Francisco Rojas, ayudante de la empresa Inspecciones Técnicas y Control de Calidad Limitada (ITC), operaba un equipo de gammagrafia -utilizado para revisar la calidad de las soldaduras en piezas de metal- y dejó caer una cápsula que contiene iridio 192, un elemento altamente radiactivo.

A la mañana siguiente, el hijo de Eliana Oyarce encontró el dispositivo y anduvo con él a cuestas. Fue cosa de minutos. El tiempo suficiente para que le provocara graves quemaduras en el glúteo y mano izquierda.

EL DRAMA DE MIGUEL

Hoy, Miguel Ángel Fuentes Oyarce (26), obrero de la constructora Echeverría Izquierdo -contratista de Celco-, intenta sobreponerse a su última intervención quirúrgica en el Hospital Militar Percy, de París. El mismo recinto donde estuvo internado el líder palestino Yasser Arafat.

A miles de kilómetros de su madre y su familia, Miguel Ángel resistió una operación para corregir, con injertos de piel, el tejido muerto. Se trata de la tercera intervención que le practican desde que fue trasladado a Francia.

"En buen chileno, tiene un gran hoyo en el glúteo derecho", cuenta Ana María Aldana, fiscal de Quirihue. Ella encabeza la investigación del Ministerio Público que busca aclarar el origen del accidente y las responsabilidades de las personas que estaban ese día en Nueva Aldea, cuando se produjo el primer accidente radiactivo en Chile desde que se aprobó la Ley de Seguridad Nuclear en 1984.

"Me lo paso dormido, mi nivel de apetito bajó bastante, ya no siento ganas de comer. Adelgacé mucho, mis piernas tiritan cuando estoy de pie", relató Fuentes al diario "El Sur", de Concepción. "Pídanle a Dios por mí, por favor, estoy angustiado por todo por lo que estoy pasando".

Eliana Oyarce (46) cuenta que no ha viajado a París a ver a su hijo irradiado. Miguel no la ha dejado. Y es que su salud no le permite viajar. Es hipertensa y diabética. "Cuando me avisaron, casi me muero. Yo me enteré del accidente en la noche. Vinieron los empresarios de ITC a verme a la casa. Me dijeron que no era nada grave. Que mi hijo se iba a recuperar rápidamente. Ellos me pagaron los pasajes y viajé a Santiago. No acepté que financiaran el hotel. A mi hijo sólo le están pasando su sueldo".

SICOSIS EN NUEVA ALDEA

Cuando llegó al Hospital de la Mutual de Seguridad capitalino, se vistió con la ropa adecuada y pasó a ver a su hijo. Estaba totalmente aislado. "Tenía la mano amarilla y los dedos hinchados. La cara la tenía adolorida. Las encías, hechas tira. Era como si llorara por dentro. En el glúteo tenía como una picadura de un bicho. Pero después eso creció y reventó", recuerda su madre.

Pasaron los días y el equipo médico decidió llevarlo a Francia. Eliana vio partir a su hijo a tomar el avión en un radiotaxi. Iba sin vestimenta especial. Cuando llegó al sur de París, la llamó por teléfono. Le dijo que iba a entrar al pabellón. Que tenía que estar tranquila. Esa fue la última vez que Eliana sintió la voz de su segundo hijo.

Miguel Fuentes es la principal víctima, pero no la única. Los otros trabajadores irradiados -como Francisco Rojas, Renato Inostroza y Juan Carlos Rozas- se recuperan positivamente de sus lesiones. Según el Hospital de la Mutual de Seguridad de Santiago, Rojas -quien presenta una lesión en el pie- "fue dado de alta el 20 de enero y continúa evolucionando satisfactoriamente".

Pero hay lesiones que no dejan huella visible: el temor a contaminar a los seres queridos, que a veces puede más que los informes médicos. Aunque en rigor la radiactividad no es "contagiosa", es decir no se transmite de cuerpo a cuerpo, desde que ocurrió el accidente se desató una sicosis colectiva en la planta Nueva Aldea: los trabajadores temieron estar irradiados y pidieron someterse a exámenes médicos.

Un evento "totalmente controlado gracias a la información y transparencia con la que hemos actuado", advierte Loreto Villanueva, directora de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).

Como ejemplifica una fuente del Ministerio Público, la historia es trágicamente similar a la presentación de la serie Los Simpsons: "Hay mucha gente que trabaja en la planta y que pudo estar expuesta a la radiación. Pero hay un tipo, como Homero, que tomó la cápsula, la guardó en el bolsillo y se fue a su casa como si nada".

En rigor, el argumento es peor que la serie que transcurre en Springfield, porque no es ficción y tiene un trágico desenlace.

AVANZA LA INVESTIGACIÓN

El accidente radiactivo ocurrido en la planta ubicada en el valle del Itata, provincia de Ñuble, motivó investigaciones del Ministerio de Salud, el Ministerio Púlico y la CCHEN.

Estos útimos realizan un sumario radiológico a cargo del fiscal Juan Carlos Chávez, que está en su etapa cúlmine. Y podría derivar en la revocación de la autorización de la empresa que resulte responsable del daño radiológico.

A pesar de que la información es parte del sumario, según trascendidos la empresa habría operado la noche del 14 de diciembre sin utilizar el detector de radiación. De lo contrario, el aparato habría generado una alarma sonora cuando el equipo de gammagrafia perdió la cápsula radiactiva, que finalmente cayó al suelo.

A estas alturas, la investigación que encabeza la CCHEN comprobó varias cosas: que Francisco Rojas no contaba con las autorizaciones y certificados necesarios para operar la máquina de iridio; que se desempeñaba sólo como ayudante, y que asumió una labor que no le correspondía.

Pese a ello, ITC sí cumplía con los permisos acreditados por la CCHEN. La empresa había sido inspeccionada un mes antes y no registraba anomalías como las ocurridas al momento del accidente.

HUYEN FUERA DE LA PLANTA

Paralelamente, el trabajo de la fiscal Ana María Aldana está enfocado en establecer hechos y participaciones. Dos aspectos que están bastante avanzados: el 14 de diciembre, "Sergio Pérez, un operador de ITC, le indicó a Francisco Rojas que sacara radiografías con el equipo. Él manipuló la máquina de iridio y dejó el isótopo radiactivo en el andamio. Carlos Arteaga estaba en el lugar y también los ayudó. Ellos terminaron su trabajo y se marcharon, sin percatarse del incidente", relata la fiscal.

El 15 de diciembre, en el turno de día, tres obreros encontraron la fuente radiactiva. Miguel Ángel estaba entre ellos. Sin sospechar de qué se trataba, él la guardó en el bolsillo y bajó del andamio. Caminó un rato, hasta que otro profesional, que no es chileno, le advirtió sobre el peligro: se le había activado un medidor que indica radiactividad. Todos se dieron cuenta de que pasaba algo. Arrancaron hacia fuera de la planta.

Luego se percataron de que Miguel Ángel tenía en su bolsillo el aparato radiactivo. Una persona de seguridad lo tomó y lo lanzó dentro de una cañería. Los extranjeros se comunicaron con el jefe de ITC, Lautaro Domínguez, quien llegó al lugar y comenzó las labores para controlar la fuente radiactiva. Domínguez tomó la cápsula, buscó el equipo y la guardó.

En total, "seis obreros fueron altamente expuestos. Además, hay que sumarle la persona que estaba a cargo del grupo de ITC, que también tomó la cápsula con la mano", cuenta Aldana.

"Sergio Pérez era la persona que tenía autorización para operar la máquina", explica la fiscal. "Francisco Rojas, que estaba sacando la radiografía, no tenía los permisos necesarios. Carlos Arteaga no la manipuló. Estamos investigando a Rojas y Pérez".

La fiscal cuenta que tiene casi todos los antecedentes en su poder, entre ellos, que "los trabajadores se desempeñaban de noche porque en ese horario no hay mucha gente. Pero además porque estaban bastante presionados por entregar rápido las estructuras radiografiadas para favorecer el término rápido de las obras".

Respecto a los cargos, Aldana deja una puerta entreabierta: cuenta que la responsabilidad penal es básica para determinar la responsabilidad civil. "La Ley de Seguridad Nuclear dice que las responsabilidades civiles son solidarias. Si una persona comete un daño nuclear, la empresa debería responder por ese funcionario. Y las otras empresas deberían responder por la empresa afectada también. Si cae una, podrían caer las otras".

EL "CHICO RADIACTIVO"

"Pienso en la familia de ese hombre [Miguel Fuentes Oyarce] y me imagino lo que pensaran de mí, que yo soy el culpable, porque así parezco en los medios, pero ellos no conocen mi situación. He sabido que Miguel no quiere que su mamá viaje a Francia, porque no quiere que lo vea en la situación en que está".

A sus 23 años, Francisco Rojas Núñez ve pasar sus días en el más completo abandono, que le significa estar solo, lejos de su hogar, sin dinero en sus bolsillos, cojo e irradiado, en una ciudad que no conoce. Mata el tiempo haciendo reposo, jugando Play Station y, de vez en cuando, con mucha dificultad, saliendo de la casa de su hermana -en la Villa Prat, comuna de La Florida- para dar una vuelta por las inmediaciones del paradero 14 de Vicuña Mackenna.

"Estoy súper afectado, lejos de mi familia. Incluso tengo miedo de acercarme a mi casa, porque mi señora me rechaza y pregunta si estoy contaminado, si le puedo hacer algún daño a mis dos hijos. Yo trato de explicarle que no, pero es muy difícil enfrentar esto", cuenta emocionado Rojas, quien fue bautizado en Quillón, su pueblo natal, como el "chico radiactivo".

Él resultó con una quemadura por radiación en su pie derecho, que lo tiene -según describe- con "un centro de carne viva del porte de una moneda de un peso, en el empeine de mi pie derecho. Y alrededor de mi herida está mi piel rosada, que se ha tratado de regenerar de la quemadura".

ABUSO LABORAL

Francisco viajaba todos los días 11 kilómetros desde Quillón hasta la planta Nueva Aldea. Alcanzó a trabajar seis meses -era el ayudante más antiguo de ITC- con un sueldo mensual de 150 mil pesos, sin remuneración de horas extras ni gratificación.

"Trabajábamos 12 horas continuas en la noche, de las ocho de la tarde hasta las ocho de la mañana, sin hora de colación, y la empresa nos hacía firmar ocho horas legales en el libro", cuenta.

Sobre su cuestionado permiso para operar equipamiento radiactivo, Rojas explica que "en la empresa me preguntaban si cachaba algo de los equipos y me permitían manipularlos. Todos han dicho que soy operador, y no lo soy. Un operador tiene un curso y licencia de operador que le otorga la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y yo no la tengo. Soy como un maestro chasquilla que aprendió la práctica y el conocimiento en el terreno", añade.

Lo cierto es que en la medida en que se indaga en el caso del accidente radiactivo, en esta historia siguen apareciendo novedades que dejan perplejo. Por ejemplo, el siguiente episodio que cuentan Rojas y su abogado: "Lautaro Domínguez, coordinador general de ITC, los llevó en su auto desde Concepción hasta Santiago con el equipo radiactivo en el interior, cosa que los trabajadores ignoraban", dice el representante legal de Rojas, Wilfredo Fuenzalida.

Francisco recuerda que, en Rancagua, Domínguez detuvo el auto en la sede de ITC y bajó el gammómetro que llevaba en la maleta del auto."Yo le eché una talla diciéndole que con razón me picaba tanto la espalda, pero Domínguez no nos dio ninguna explicación".

El dato lo confirma la fiscal Ana María Aldana, quién expresó que "los trabajadores fueron citados a realizarse exámenes citogenéticos en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. En el viaje se trasladaron en el vehículo particular de una persona de ITC, y en este vehículo venía un aparato de gammagrafía atrás, en el portamaletas. Según las personas que he interrogado, el equipo venía agotado. Que ya no servía y por esa razón lo iban a devolver. Pero está acreditado que el equipo venía atrás. Eso lo reconoció todo el mundo y el mismo conductor, quien lo depositó ahí. El jefe de ITC que iba en el vehículo era Lautaro Domínguez".

LOS DESCARGOS DE ITC

El abogado Fuenzalida cuenta, además, que el 23 de diciembre pasado, "Domínguez hizo firmar el finiquito a Rojas, sin que éste pudiera leer y revisarlo, entregándole un sobre con 30 mil pesos. Esto a pesar de que su contrato de trabajo legalmente concluía el 30 de diciembre".

Nelson Vera, abogado representante de la compañía ITC, niega las acusaciones de Francisco Rojas y su representante legal, Wilfredo Fuenzalida. "El señor Rojas gusta de hacer declaraciones sin fundamento a los medios de comunicación, persiguiendo una indemnización por parte de la empresa, la que está a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía como única institución capaz de precisar lo que ocurrió", dice Vera.

En relación al cuestionado despido de Rojas, el abogado de ITC aclara que "era un trabajador con experiencia, que conocía el proceso de finiquito de contrato, por lo que no damos fe de que esta situación se haya producido".