LA NACIÓN / AGENCIAS

La presión sobre el Presidente George W. Bush para que suspenda la toma de control de las operaciones de seis importantes puertos de la costa oeste de Estados Unidos a una firma de capitales árabes se intensificó notoriamente ayer con la exigencia del líder del gubernamental Partido Republicano en el Senado, Bill Frist, de que se suspenda la entrada en vigor del pacto, previsto para el 2 de marzo, hasta que lo revise la Casa Blanca.

En unas inusualmente duras declaraciones, Frist exigió que el pacto, que concede a la empresa 'Dubai Ports World', de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) la responsabilidad de las operaciones de estibaje y navegación de los puertos de Filadelfia, Nueva York, Nueva Orleans, Nueva Jersey, Miami y Baltimore (Maryland), se retrase hasta que lo revise el Congreso y el propio Bush.

De lo contrario, amenazó Frist -uno de los republicanos con más poder en el país y un posible candidato a la Presidencia en 2008-, podría presentar un proyecto de ley en el Senado que vete esa operación. En respuesta, Bush dijo ayer que rechazará cualquier iniciativa legal en tal sentido.

"La decisión de hacer definitivo este acuerdo debería retrasarse hasta que la administración lleve a cabo una revisión más extensa de esta cuestión", declaró el legislador republicano.

Las declaraciones del dirigente oficialista se sumaron ayer a las protestas de varios legisladores, tanto de su partido como de la oposición demócrata, y de dos gobernadores republicanos, el de Maryland, Robert Ehrlich, y el de Nueva York, George Pataki.

La "rebelión" amenaza con convertirse en un verdadero dolor de cabeza para la Casa Blanca, en un momento en el que el Mandatario estadounidense trata de recuperar la iniciativa política con una serie de propuestas sobre sanidad y el uso de tecnologías alternativas.

La polémica surgió la semana pasada, cuando la firma Dubai Ports World compró la compañía británica Peninsular and Oriental Steam Navigation (P&O), que administraba desde 1999 los seis puertos norteamericanos en cuestión, en una operación que fue aprobada por el Gobierno estadounidense.

Aunque la administración de Bush tenía la prerrogativa de no extender la concesión, decidió hacerlo a la firma árabe a través de un acuerdo "clasificado" cuyos detalles no son públicos y que sólo han sido dados a conocer a un puñado de legisladores de los Comités de Seguridad y de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes.

TEMORES

En el centro de las preocupaciones de republicanos y demócratas figura el hecho de que los Emiratos Árabes Unidos han sido acusados de tener nexos con el terrorismo, de que uno de los miembros del grupo que llevó a cabo los atentados del 11 de septiembre de 2001, Marwan al-Shehhi, procedía de esa nación y que varios de los terroristas financiaron sus operaciones en Estados Unidos con dinero de cuentas depositado en ese país.

Adicionalmente, expertos en seguridad coinciden en que los contenedores portuarios son un método ideal para la introducción de armas de destrucción masiva, al tiempo que las instalaciones portuarias podrían servir como "fachada" para la infiltración de células terroristas.

"Si vamos a darle la operación de los puertos a un Gobierno extranjero, estamos aumentando severamente el riesgo de seguridad de EEUU", advirtió el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menendez. LN