El juez Claudio Pavez procesó a cinco militares de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine) por asociación ilícita, en el marco del crimen del coronel Gerardo Huber, cometido en 1992, tras descubrirse el tráfico ilegal de armas a Croacia. El primer notificado fue el general (r) Eugenio Covarrubias, ex jefe del mencionado organismo, quien fue trasladado hasta el Comando de Policía Militar del Ejército, ubicado en Peñalolén.

Su abogado Marcelo Cibié comentó que "primero que nada hay que procurar la libertad, después pedir conocimiento del sumario, estudiar los antecedentes y, según si hay mérito, apelar al procesamiento".

Luego fue notificado el general (r) Víctor Lizárraga, ex coordinador de la DINE, quien aparece mencionado por, a lo menos, cuatro testigos vinculados a la familia del coronel asesinado.

Enseguida le tocó el turno al general (r) Carlos Krumm, ex director de Logística y al brigadier (r) Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército.

Pendiente quedó el coronel (r) Julio Muñoz, quien era amigo del coronel fallecido.

Los cinco altos oficiales, actualmente en retiro, cayeron en contradicciones cuando intentaban mantener la versión oficial de que Huber se había "suicidado" tras desaparecer misteriosamente en enero de 1992 en el Cajón del Maipo (zona cordillerana, a 40 kilómetros de Santiago). Su cadáver fue hallado semanas después.

El crimen de Huber está directamente vinculado al caso de tráfico de armas a Croacia, por cuanto el desaparecido oficial conocía cómo se había actuado en esta exportación ilegal desde la Fábrica de Maestranzas del Ejército. En el envío de armamento al país europeo, en circunstancias que pesaba una orden de embargo de Naciones Unidas, involucraría al alto mando del Ejército y habría contado con el asentimiento del entonces comandante en jefe y ex dictador, general Augusto Pinochet. Fuentes judiciales no descartaron al diario on line El Mostrador que haya más procesados, aunque todavía faltan indicios sobre el autor material del crimen. Para ninguno de los delitos hay posibilidad de prescripción en este caso, puesto que la investigación nunca fue interrumpida.