Por Javier Rebolledo
Mientras Sergio Fernández era ministro del Interior en 1981, la CNI detuvo al historiador y ex integrante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Pablo Fuenzalida. Lo trasladaron al cuartel Borgoño donde lo torturaron en numerosas ocasiones. Cuando llevaba semanas detenido, Fuenzalida escuchó que un agente de la CNI dijo que “El Jote” iba a presenciar las sesiones de torturas.
A esas alturas el detenido conversaba a menudo de política con algunos agentes, dada su condición de historiador, por lo que se atrevió a preguntar quién era “El Jote”. El médico encargado de supervisar las torturas, luego identificado como Osvaldo Pincetti, se negó a responder. Pero Fuenzalida tuvo otras fuentes. Uno de los agentes de la CNI en Borgoño había nacido en el fundo del abuelo de Fuenzalida en Teno. Y éste le confesó que “El Jote” no era otro que Sergio Fernández.
Fuenzalida cayó preso junto al diputado Sergio Aguiló y su testimonio es parte de la querella por torturas en contra de Pinochet y Fernández, presentada por el diputado en marzo de 2005. Fuenzalida ha declarado en varias oportunidades y ha entregado otros antecedentes sobre la presunta presencia de Fernández en las sesiones de torturas de la CNI. Las abogadas que representan a Aguiló, Alejandra Arriaza y Zunilda Parra, consideran que el testimonio de Fuenzalida es fundamental “para encontrar las responsabilidades que se buscan”.
De todas las acciones en su contra, la querella de Aguiló es la única donde Fernández ha nombrado a un abogado defensor: su amigo de toda la vida Miguel Alex Schweitzer. Mañana lunes el ex senador de la UDI por la XII Región pierde su fuero parlamentario y lo esperan por lo menos otras tres acciones judiciales en las que tendrá que declarar. Según los informes Rettig y Valech, durante los dos períodos en que Fernández fue ministro del Interior (1978-1982 y 1987-1988) murieron 142 personas a manos de los agentes de la CNI.
DIFÍCIL DE LIBRAR
Otro frente que el ex senador y fundador de la UDI debe enfrentar no es menos complejo. Se trata de una querella presentada en noviembre de 2003 por 25 detenidos por la CNI. El libelo también persigue las responsabilidades de Sergio Onofre Jarpa –otro ex ministro del Interior de Pinochet–, del fiscal militar Fernando Torres Silva y del ex jefe de operaciones de la CNI Álvaro Corbalán Castilla.
La defensa de los 25 querellantes considera como prueba fundamental los antecedentes de la causa presentada por Ana María Salas, detenida por la CNI. Alejandra Arriaza, del Codepu, señala que está acreditado que luego de que la familia de Salas presentara un recurso de amparo por la detención de Ana María, Fernández negó el hecho. “Más tarde, el propio ministro Fernández tuvo que reconocer que Ana María había sido requerida por la CNI”.
Otro testimonio que alimenta la querella de los 25 torturados por la CNI es el de Juana Rosa Aguilera Jaramillo, detenida el 7 de mayo de 1980. La madre de Juana presentó un recurso de amparo. Fernández, en su respuesta, confirmó que la detención había sido solicitada a la CNI. En la querella, Aguilera explica que quienes la detuvieron nunca se identificaron como agentes del Estado y que fue torturada y, posteriormente, obligada a firmar una declaración señalando que no había recibido apremio físico. “Primero nos filmaban sin rasgos de tortura, luego nos torturaban y posteriormente nos hacían firmar que nada había sucedido”, dice.
El caso de Juana no termina ahí. Luego de su detención fue procesada por el ex presidente de la Corte Suprema Marcos Libedinsky, quien –según la afectada– para encausarla se basó en las declaraciones que prestó bajo tortura. Estuvo detenida durante cuatro años, hasta que fue condenada a 101 días de presidio por infracción a la Ley de Armas y Explosivos. No se pudo acreditar su participación en los presuntos actos terroristas que se le imputaron.
A fines del año pasado, una petición de desafuero fue presentada en contra de Fernández en el marco de la misma querella de los 25 detenidos. Ésta no ha sido contestada por el juez Gajardo Galdames. Lo mismo sucede con la querella del diputado Aguiló. “El juez jamás se ha pronunciado sobre las solicitudes de que declare Sergio Fernández sobre los hechos investigados, aunque se le ha pedido en reiteradas ocasiones”, explica la abogada Arriaza. Una petición anterior de desafuero por la Operación Cóndor fue rechazada en abril pasado. Pero Arriaza tiene confianza: “Con la pérdida de su fuero, Fernández puede ser juzgado como un ciudadano común”.
DINA=CNI
El ex ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Walker también declaró en la querella de Aguiló. Durante el período en que Fernández fue ministro del Interior, Walker estaba en la Vicaría de la Solidaridad. Ahí presenció cómo la CNI detenía de forma ilegal, actos que posteriormente eran “cubiertos” por el Ministerio del Interior a través de los decretos exentos que firmaba Fernández.
En una declaración del 5 de junio de 2005, Walker señala que estas acciones “obedecían a una estructura jerárquica de Estado, dirigida por el entonces general Augusto Pinochet Ugarte en su calidad primero de jefe de la Junta Militar y después de Presidente de la República, y siendo en esos años ministro del Interior Sergio Fernández”.
Arriaza agrega: “Lo que está quedando en evidencia es que la CNI, con Fernández a la cabeza, operaba de forma similar a la DINA. Es decir, primero se detenía, se torturaba, y luego aparecían los decretos exentos de detención firmados por el ministro del Interior”.
SEÑAL EJEMPLAR
A Fernández también lo espera una querella que será presentada antes de que finalice este mes. Es por su presunta responsabilidad en el asesinato de Lisandro Sandoval Torres, ocurrido el 17 de agosto de 1981 en la intersección de las calles Sargento Rojas y Ranger, en Concepción.
Es un caso paradigmático, ya que Sandoval fue el primer mirista que volvió a Chile de forma legal en 1978. La caza en su contra, cuenta su hermano Héctor, fue durísima. “Se le tendieron muchos cercos para eliminarlo. El mensaje que deseaba transmitir la CNI es que a los retornados que hicieran oposición les esperaba la muerte. Por este motivo, el Arzobispado de Concepción y mi familia interpusieron varios recursos de amparo”.
En 2003, el juez Alejandro Solís condenó a diez años de prisión a Álvaro Corbalán por este crimen. La querella interpuesta por el hermano de Lisandro era por homicidio calificado, asociación ilícita genocida y complicidad en genocidio. Estaba dirigida en contra de Augusto Pinochet, Odlanier Mena y Sergio Fernández, como ministro del Interior. Sin embargo, sólo fue castigado Corbalán. Hasta ahora.
Lo que relaciona a Fernández con el caso es que el 27 de mayo de 1981 fue publicado en el “Diario Oficial” un decreto exento de detención en contra de Lisandro Sandoval y otras nueve personas, que lleva la firma de Fernández como ministro del Interior.
En una declaración por oficio al juez Solís, Fernández afirma que él mismo ordenó la detención de Sandoval por su participación en una toma de la Catedral de Santiago, ocurrida en esos días. Sin embargo, la mujer de Lisandro Sandoval declaró que en esa fecha ambos se encontraban en Concepción. “Lo grave es que la firma de Fernández parece una sentencia de muerte, ya que Sandoval murió tres meses después del decreto y, entremedio, el ministro no se preocupó de esclarecer si Sandoval efectivamente estuvo en la catedral”, señala el abogado Carlos Cáceres.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Los abogados Alfredo Morgado, Julia Urquieta y Hugo Gutiérrez interpusieron en 2004 una querella contra Fernández, Pinochet y los que resulten responsables por otro grupo de personas detenidas a manos de la CNI. El libelo es por asociación ilícita y torturas, y es instruido por el juez Joaquín Billard. Morgado tiene esperanzas en un recurso de inaplicabilidad que presentó en contra de la ley que hizo secretos los testimonios recopilados por la Comisión Valech. “Esa es una fuente de información fundamental para nuestra causa”, dice.
De todas formas, son muchos los documentos que incomodan a Fernández. Dentro de las muertes que consigna el Informe Rettig se encuentra la del estudiante de Periodismo de la Universidad Católica Eduardo Jara, detenido el 23 de julio de 1980. Murió en la posta luego de ser liberado producto de las gravísimas lesiones que presentaba. LND
