El Tribunal Latinoamericano del Agua acogió las demandas que presentó Acción por Los Cisnes junto a otras organizaciones en contra de Celco y autoridades ambientales chilenas.
El Estado de Chile podría recibir una sanción ética internacional y una serie de recomendaciones de parte de especialistas, si es que el veredicto del jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, realizado en México, declara a favor de las organizaciones ciudadanas que denunciaron la contaminación ocasionada por la planta Celulosa Arauco y Constitución (Celco) en los ríos de la ciudad de Valdivia, en la Décima Región.
La sentencia, que será emitida el próximo lunes 20 de marzo en Ciudad de México, acogió las demandas presentadas por el movimiento ciudadano Acción por Los Cisnes, empresarios fluviales de Valdivia y diversas organizaciones indígenas y vecinales en contra de Celco y autoridades ambientales que puedan ser responsables del desastre ambiental por el que atraviesa la zona.
El caso comenzó a ser revisado el pasado lunes, a través de una presentación que entregó el ingeniero forestal, empresario y ex académico Benjamín Olivares, ante una audiencia internacional con los antecedentes del hecho.
“Por las reacciones del público asistente a la audiencia, conversaciones posteriores con todo tipo de personas que me preguntan, y algunas declaraciones en foros de algunos de los jurados, pareciera que el impacto que causó la presentación fue muy grande", señaló hoy el ingeniero forestal.
Sin embargo, la empresa Celco, que fue previamente notificada sobre la demanda, no estuvo presente en la audiencia, cuyo objetivo apunta a contribuir en la solución de conflictos ambientales que ponen en peligro los recursos hídricos y cuerpos de agua en el continente.
Asimismo, los ejecutivos de la celulosa no quisieron dar declaraciones sobre el caso, que denota un evidente daño en el río Cruces y en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, primer sitio Ramsar chileno y considerado hasta el año 2004 el principal lugar de anidación de cisnes de cuello negro en Sudamérica.
En tanto, Benjamín Olivares, quien es vocero del movimiento ciudadano Acción por Los Cisnes, pidió el cierre preventivo de la planta, reivindicando el principio precautorio que estipula la ley ambiental chilena para justificar su pedido. Además, el empresario argumentó que las principales causas para lograr su cometido están a la vista, destacando la contaminación del humedal y la muerte de especies acuáticas, que se iniciaron con las operaciones de la industria en febrero de 2004.
Por otro lado, Gilberto López, responsable periodístico del evento, señaló que los veredictos del Tribunal Latinoamericano del Agua sirven en primera instancia como un instrumento de negociación entre las partes involucradas para buscar una solución.
En caso de que los protagonistas del caso se muestren renuentes a resolver el problema, el periodista asegura que se acude a otras instancias que permitan una solución.
En este mismo sentido, López comentó que la legitimidad de las resoluciones del TLA, que analiza casos de personas físicas o jurídicas que generan contaminación en los ecosistemas hídricos o contribuyan al uso irracional del agua, deriva de sus fundamentos jurídicos consagrados en normas internacionales acerca de protección ambiental, incluyendo la Declaración Centroamericana del Agua.
