Según la prensa de la época, el 29 de marzo de 1985 dos “delincuentes antisociales” fueron abatidos tras un “enfrentamiento con carabineros”. En menos de dos años de exhaustiva investigación, el ministro Sergio Muñoz acreditó que Rafael y Eduardo Vergara Toledo, adherentes del MIR de 18 y 20 años, fueron acribillados por personal uniformado. Ello tras años de persecución política y hostigamiento.
Francisco Ramírez
El 30 de septiembre de 2003 la Corte Suprema remitió el caso “hermanos Vergara Toledo” al ministro Sergio Muñoz. En más de dos décadas la Segunda Fiscalía Militar de Santiago no había logrado ningún avance en el esclarecimiento de la muerte de los dos jóvenes en Villa Francia. El cambio sería crucial para saber la verdad.
Trabajando con personal del entonces Departamento V de DD.HH. de la Policía de Investigaciones, el magistrado realizó más de medio centenar de interrogatorios a testigos e inculpados, recopiló antecedentes de la época y ponderó informes periciales.
El 9 de abril del año pasado emitió un informe, al que tuvo acceso exclusivo La Nación. Sus conclusiones son categóricas: Eduardo y Rafael Vergara Toledo fueron asesinados por funcionarios policiales tras registrarse “hostigamiento y persecución a víctimas, hermanos y padres” en el marco de “la represión política de la época y estados de excepción constitucional”. El caso está siendo tramitado hoy por el ministro de la Corte de Apelaciones Carlos Gajardo, quien emitiría prontamente fallo, según fuentes judiciales.
En Villa Francia, Manuel Vergara Meza, Luisa Toledo Sepúlveda y Ana Luisa Vergara Toledo, padres y hermana, respectivamente, dicen que la Justicia tiene pruebas suficientes para dictar condenas tras las indagatorias del juez Muñoz. De acuerdo a lo acreditado por el actual ministro de la Corte Suprema esto es lo que realmente sucedió ese 29 de marzo de 1985.
Cacería
En febrero de 1982 Eduardo conoce la prisión. Luego de asistir al funeral del asesinado sindicalista Tucapel Jiménez fue sacado desde una fuente de soda junto a su hermano Rafael y llevado a la primera comisaría de Santiago. El 2 de diciembre cae en una manifestación, siendo puesto a disposición del Ministerio del Interior que le libera por no tener cargos en su contra. A la Policía de Investigaciones se remite un informe que consigna como gritaba “consignas políticas ofensivas contra la autoridad de gobierno”. Su hermano Rafael es apresado por primera vez el 15 de diciembre en la “Marcha del Hambre” organizada por la Coordinadora Nacional Sindical. Tenía 16 años.
El 8 de septiembre del 83 Ana Luisa es detenida junto a cinco jóvenes. La policía interroga a la menor de edad sobre si sus hermanos “eran miristas”.
El 15 de ese mes, Eduardo es expulsado del ex Pedagógico. Cursaba segundo año de Historia y Geografía y una junta encabezada por el rector Mariano Sepúlveda le sanciona por sus actividades: amparar a una alumna frente a los vigilantes del casino, participar “en incidentes” en los prados del campus y “como orador” en una reunión en la Biblioteca, pintar con spray “consignas políticas” y pegar panfletos “relacionados con dirigentes sindicales detenidos”.
La noche del 18 de marzo del 84, carabineros al mando del subteniente del retén Alessandri, Alex Ambler Hinojosa, junto con personal de la CNI, allanan la casa familiar, a esa hora sin moradores. El 12 de abril son detenidos cinco jóvenes a las afueras del Liceo A-70, entre ellos Rafael, de 17 años y alumno de 4º medio. Todos son liberados. Salvo él, acusado de “maltrato de obra a Carabineros”. Puesto a disposición de la Sexta Fiscalía Militar, se le responsabiliza de golpear con un palo de más de medio metro y un clavo en su punta al sargento 2º Rafael Hernández, lo que desestima un informe del Servicio Médico Legal. Al menor se le constatan en la posta tres contusiones, “orinas oscuro rojizas y reacción angustiosa”. La madre se querella contra Carabineros.
El 5 de agosto se allana de nuevo la casa y es detenido el tercer hermano, Pablo (17 años). Rafael y Eduardo ya viven clandestinos debido a la persecución. La familia, en tanto, estaba del todo identificada por Carabineros sobre sus “actividades contrarias al gobierno de la época”. Aparte de detenciones y allanamientos -incluyendo uno la noche del asesinato- se indagaba dónde trabajaban los padres: la Vicaría de la Solidaridad.
La matanza
Eduardo y Rafael, junto a cuatro jóvenes deciden realizar “una acción de recuperación de dinero”. En concreto: asaltar una panadería de 5 de Abril con Las Rejas. El fatídico 29 de marzo del 85 había llegado. Se dividen de a dos y reparten tres revólveres y una pistola, sin contar la de Rafael.
Desde el retén Alessandri comienza a patrullar un furgón tripulado por el subteniente Ambler Hinojosa, el oficial Marcelo Muñoz Cifuentes y los cabos segundos Jorge Marín Jiménez y Nelson Toledo Puente. Llevan sus pistolas de servicio, un fusil SIG, una subametralladora UZI y una escopeta a perdigones.
En calle Miguel de Cervantes divisan a los muchachos y comienzan a perseguirles. Las calles avanzan vertiginosamente. De pronto, los hermanos Vergara se ven juntos. Se refugian en unos blocks de departamentos, pero son interceptados por Muñoz y Marín que portan la Uzi y un revólver. Frente al block 972-C resuenan detonaciones. El primer efectivo es impactado en el pecho. Rafael, lesionado de gravedad, trata de abrazar a su hermano tendido en el suelo, pero no reacciona: un balazo le quita la vida en forma instantánea a los 20 años de edad.
Entonces sucede algo espeluznante: desarmado, esposado y sin poder caminar por una paraplejia en las piernas debido a los impactos, Rafael es golpeado en el rostro -probablemente con un fusil- y subido al furgón. Se oye un disparo. Una bala en la nuca le causa una muerte fulminante. Tiene 18 años. Ambos cuerpos son abandonados en plena vía pública.
Persecución política
Exámenes periciales de balística hechos a los cadáveres demostraron que los disparos homicidas fueron efectuados “a la espalda e izquierda de los hermanos”. Con ello se desvirtúa la defensa policial y las versiones de la prensa de la época: jamás se produjo un enfrentamiento.
El policía baleado lo fue con un arma institucional. El día del crimen se registró un imprevisto corte de luz en el sector y el trabajo de la Brigada de Homicidios de Investigaciones fue obstaculizado.
El país estaba en estado de sitio ese 29 de marzo de 1985. El contexto no es obviado por Muñoz, quien destaca como también es asesinada la estudiante y militante del MIR Paulina Aguirre Tobar en un “presunto enfrentamiento” con efectivos de la CNI y al día siguiente los profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino aparecen degollados en Quilicura.
Subraya también como se actuó con alevosía contra Rafael Vergara, baleado “sobre seguro”. Fue un “homicidio calificado o asesinato” con carácter de delito de lesa humanidad. Ello dadas “las motivaciones evidentemente políticas de los victimarios”, agentes del Estado que usaron “recursos institucionales” para atentar contra bienes jurídicos como “la vida, seguridad individual, integridad física y libertad de opinión” en el marco de una persecución a un grupo político (el MIR) “al que pertenecen o adhieren las víctimas”.
